Los recortes que vienen: qué grandes partidas del gasto público aparecen como las candidatas al ajuste del próximo gobierno

El consenso de los economistas, en particular los del sector privado y los que integran los equipos de los partidos opositores al gobierno que finaliza, coincide en el que el desborde del gasto público en los últimos años no sólo llevó a una creciente presión fiscal (aumento de impuestos, tasas y contribuciones, en los órdenes nacional, provincial y municipal), sino también a una brutal aceleración de la tasa de inflación, porque derivó en déficit fiscales crónicos y abultados, más en el devengado (ejecutado) que en el base caja (diferencia entre lo ingresado y la efectivamente pagado), que fueron financiados con la emisión de pesos por parte del Banco Central.

La Secretaría de Hacienda publica en diversos cuadros, con permanentes cambios metodológicos en las presidencias de Néstor Kirchner y de Cristina Fernández de Kirchner, el desempeño de la ejecución presupuestaria de la Administración Central (comprende a la Tesorería General de la Nación, Anses y organismos descentralizados); del PAMI con Fondos Fiduciarios y otros; el gasto provincial y CABA; en Municipio, y el déficit de las empresas públicas.

De ahí surge en qué áreas y jurisdicciones se han registrado los mayores desvíos en la comparación de los años de finalización de las últimas 5 presidencias (para el actual se tomó el acumulado de la ejecución devengada al 22 de noviembre).

Dada la distorsión que genera la inflación a la hora de comparar datos monetarios, por la creciente nominalidad, una medida aproximada para corregir ese efecto es relacionarlos con el PBI en valores corrientes.

El gasto del sector público en su conjunto (nacional, provincial y municipal) pasó de 34,9% del PBI al fin de la presidencia de Néstor Kirchner, a un récord de 49,7% del PBI al concluir la segunda presidencia de Cristina Fernández de Kirchner, y atenuarse a 45,4% del PBI en el gobierno de Mauricio Macri, y a 43,8% del PBI, aproximadamente en el de Alberto Fernández.

Semejante aumento de más de 9% del PBI entre extremos en el período bajo análisis, sin que se advierta una mejora en la calidad y eficiencia de los servicios básicos a cargo del Estado, explicaría por qué prendió en gran parte de la sociedad, en particular el electorado, la campaña de “la motosierra” que proyecta ejecutar el presidente electo Javier Milei.

Para muchos economistas, el propósito de exterminar el déficit fiscal en corto plazo es una empresa casi imposible de lograr, por lo que consideran la “inflexibilidad a la baja del gasto”, en particular en el área social.

Claramente, existen fuertes fundamentos para semejante escepticismo, el principal es que los 5 puntos porcentuales del PBI que terminará el déficit fiscal total (primario más pago de intereses de la deuda) de la Administración Central (AC) es equivalente a 3,4 meses del total de recursos netos que recibe Economía a través de Impuestos y rentas de propiedad (valuación de las reservas del BCRA y Fondo de Garantía de Sustentabilidad de la Anses, principalmente).

Sin embargo, un recorte del gasto público cercano a esa magnitud se logró durante la presidencia de Mauricio Macri (2% del PBI en la AC; y 2,4% del PBI en el resto).

Al desagregar los datos por jurisdicción se advierte como primera conclusión que entre 2007 y 2023 el gasto de la Administración Central subió apenas del equivalente a 15,9% del PBI a 17,3% del PBI, tras haber alcanzado un récord de 24% del PBI al cabo de la segunda presidencia de Cristina Fernández de Kirchner (en la primera concluyó con 20,7% PBI), y bajado 2,1 puntos porcentuales en la de Mauricio Macri.

La razón principal por la cuál la administración actual aparece como un gobierno austero se explica por el “trabajo sucio” que hizo la aceleración de la inflación, porque le asestó un duro golpe al conjunto de jubilados, pensionados, y en particular perceptores de planes asistenciales, porque vieron que sus ingresos se ajustaban no solo con rezago de tres meses, sino sobre la base de tasas de variación de salarios e ingresos de la Anses muy inferiores a los del ritmo de aumento del índice general de precios del Indec en igual período, y peor aún en el trimestre en que quedaban fijos, o parcialmente compensados para los que reciben la mínima con bonos que nunca llegaron a ser “compensatorios”.

De ahí que de haber comenzado el actual gobierno con una partida equivalente para la Seguridad Social de 10,3% del PBI, similar a la que Macri había heredado de Cristina Fernández de Kirchner, la gestión actual concluye con un presupuesto ejecutado que representa apenas 7,4% del PBI, caída que tuvo como contrapartida el crecimiento de la pobreza e indigencia y el castigo en las urnas.

Claramente, se trata de un área sensible, no sólo por el amplio universo de la población que depende exclusivamente de ese ingreso, sino porque representa más de 42% del gasto total de la Administración Central (había alcanzado un máximo de 46,6% al cierre del gobierno anterior).

De ahí que en el plan de recorte del tamaño del Estado que proyecta ejecutar el presidente electo Javier Milei, es muy probable que quede excluido e incluso reciba reasignaciones de partidas a lo largo de su gestión. Aunque se sospecha que en su interior hay margen para obtener ahorros, por las “porosas manos de la política” que el líder libertario considera existe en la distribución de los fondos para planes asistenciales, porque sospecha que muchos están “administrados” por punteros, algunos ya en sede judicial.

Por el contrario, siempre en el ámbito de la Administración Central, se observó en el período de referencia, en particular en el corriente año, un notable incremento real de la partida ejecutada para la “Promoción y Asistencia Social”, pasó de un promedio de 0,4% del PBI en los años previos a 1,11% del PBI; y de menos de 2% del gasto total a más de 6,4%. Más allá de algún cambio en la asignación de partidas por la modificación de la estructura de Ministerios, cabe prever que semejante crecimiento real lleve a poner la lupa por parte del próximo secretario de Hacienda y su equipo de colaboradores.

Otra área en la que Javier Milei ha puesto énfasis a lo largo de su campaña, y que seguramente será una donde apuntará “el ajuste del gasto”, es el de los subsidios, técnicamente bautizados “Servicios Económicos”, los cuales en conjunto explican 2,8% del PBI, tras alcanzar picos de del 5% del PBI en 2015.

Se desagregan en 1,63% del PBI en Energía, Combustibles y Minería; 0,85% del PBI en Transporte; y 0,35% del PBI en el conjunto de agro, industria, comercio, seguros, comunicaciones y ecología y desarrollo sostenible.

Pese al sostenido crecimiento de la deuda de la Administración Central, al punto de alcanzar en octubre el récord de USD 419.000 millones; y USD 467.000 millones con la contraída por el Banco Central, el Gobierno ha logrado reducir la participación de la carga de intereses sobre el gasto total casi 20% al fin de la presidencia de Mauricio Macri a 10,4%, sumaría en 2023 poco más de 1,8% del PBI.

Provincias, Municipios, PAMI y Empresas públicas

En forma directa, dentro de la órbita del Poder Ejecutivo Nacional, con perspectiva de recortes de partidas bajo la presidencia de Javier Milei, se alistarían el financiamiento del déficit de las Empresas Públicas, y el PAMI, más Fondos Fiduciarios y otros, que en forma agregada insumen el equivalente de 5% del PBI.

En el caso de las empresas públicas, el financiamiento del rojo operativo en base caja cayó en casi 11 meses de 2023 a 0,41% del PBI, desde 0,6% del PBI al fin del gobierno de Mauricio Macri, y 1,61% del PBI en la segunda presidencia de Cristina Fernández de Kirchner, principalmente por falta de recursos, más que por la reducción del déficit crónico que arrastran, en particular las del área del transporte y minería.

Por el contrario, en PAMI, Fondos Fiduciarios y otros organismos, la actual gestión ha destinado más recursos, pasaron de 12,2% del gasto total en 2019 a casi 21% en el corriente año, y de 2,7% del PBI a 3,6% del PBI, en dichos períodos, respectivamente.

Por el contrario, el gasto presupuestario mantuvo un claro sendero ascendente en los casos del agregado de las provincias y CABA, por un lado y de Municipios, por el otro, según los datos de la Secretaría de Hacienda de la Nación, ya que estarían cerrando 2023 con sendos récord equivalentes a 16,9% del PBI y 4,3% del PBI, respectivamente.

En esos componentes del Gasto Público Nacional consolidado, el margen de acción del nuevo gobierno para achicar partidas que permitan reasignaciones a áreas más necesitadas y también desandar el camino del aumento de la presión tributaria serían dos:

1) La eliminación de las transferencias discrecionales. Sólo se limitarían a las automáticas que se giran diariamente con el cobro de impuestos coparticipables y complementos de emergencia dispuestos por leyes; y

2) Un Pacto Fiscal, de encuadramiento de las finanzas regionales y reducción y eliminación de impuestos y tasas y contribuciones, y contrapartida de asistencia de la Nación para otorgar y gestionar avales de créditos internacionales para obras de infraestructura a ejecutar por empresas privadas.

Empleo en la administración gubernamental

De las estadísticas del Ministerio de Trabajo surge que el empleo en el sector público ha sido una de las áreas más expansivas en los últimos años, a un ritmo varias veces superior al observado en el ámbito privado, y por tanto se perfila como una de las áreas a racionalizar.

Sin embargo, el temor de despidos generalizados parece infundado, en términos generales, si se tiene en cuenta que las principales prestaciones del Estado, en Educación, Sanidad, Seguridad y administración de la cosa pública deben tener una relación de la nómina con el del aumento de la población (vegetativo), para poder garantizar la calidad y proporcionalidad del servicio por habitante.

Diferente es el caso de los “ñoquis” que sólo aparecen el día de cobro, aunque en la era digital, con el crédito automático en cuenta, ni siquiera se requiere el acto presencial, al punto que se han encontrado casos de quienes entregan sus tarjetas de débito para que les extraiga el dinero de un cajero automático. Algunos de buena fe, otros sospechados por la justicia.