Licuadora vs motosierra: los detalles de cómo se está llevando adelante el ajuste fiscal del Gobierno de Javier Milei

El presidente Javier Milei describe el ajuste fiscal que lleva adelante como “motosierra y licuadora”. Con ambas espera sostener el superávit fiscal. La primera hace referencia al recorte directo de un determinado gasto público, como ”pisar” pagos de subsidios energéticos o despidos en el Estado, tal como sugerían sus imágenes posando con la herramienta durante la campaña. La segunda tiene que ver con partidas que aumentan por debajo de la inflación, lo que sucede con las jubilaciones, y se incorporó ya con el comienzo de la gestión.

El ministro de Economía, Luis Caputo, cerró el primer bimestre con un superávit primario de 3,243 billones y un resultado financiero de $856.000 millones. Es la mejor performance desde 2011 y se explica fundamentalmente por un recorte del gasto público de 38% interanual en términos reales, el más alto de los últimos 30 años según los números del Instituto Argentino de Análisis Fiscal (Iaraf). Los ingresos cayeron levemente gracias al aporte de los impuestos vinculados al comercio exterior gracias al efecto devaluación e impuesto PAIS.

La consultora Econviews, del ex secretario de Finanzas Miguel Kiguel, destacó que el ajuste del primer bimestre fue más licuadora que motosierra si se tiene en cuenta el resultado fiscal del Tesoro: “El desplome real de jubilaciones y pensiones contributivas (-38%), otras prestaciones sociales (- 17%) y salarios del sector público (-23%) significó 54% de la caída total del gasto primario en enero y febrero”.

Por otro lado, explicaron que lo que se podría definir como motosierra explica el 39% del ajuste: “La reducción de subsidios económicos y transferencias a provincias es 19 por ciento. El otro 20% corresponde al gasto de capital, que está prácticamente frenado”.

El Iaraf realizó una estimación sobre el recorte nominal de las partidas que más aportaron al superávit fiscal del primer bimestre, momento en el que el ahorro fue de $5,5 billones: “Los gastos que más se redujeron fueron jubilaciones y pensiones contributivas (-$1.873.000 millones), inversión real directa (-$748.000 millones), subsidios a la energía (-$632.000 millones) y salarios (-$385.000 millones). Entre los cuatro aportaron casi $3.641.000 millones a moneda de febrero de 2024, es decir, el 66% del total ahorrado”.

Es preciso sumar al análisis al Banco Central de la República Argentina con su política de tasas de interés negativas. Más licuadora. El director de la consultora Econométrica, Ramiro Castiñeira, explicó que en los primeros cien días de la gestión de Santiago Bausili al frente de la entidad la Base Monetaria Ampliada acumula una contracción del 25% en términos reales que llega al 35% en la comparación interanual.

Sostenibilidad política y social

La contracara del fuerte ajuste fiscal y monetario en marcha, más allá de la herramienta o electrodoméstico que se utilizó, es la profundización de la recesión. Los ingresos perdieron capacidad de compra, no hay alternativa de ahorro accesible para empardar la inflación y el acceso al crédito privado sigue en mínimos históricos.

La sostenibilidad política y social de la hoja de ruta de Milei es la principal duda que mantienen analistas, empresarios y organismos multilaterales. Más en un contexto de pobreza e indigencia cerca de niveles vistos solo en las peores crisis de la historia reciente. La tensión con los gobernadores por la quita de fondos pone en riesgo “reformas claves” contenidas en el DNU 70/2023 y el nuevo proyecto de Ley Bases que aún no se conoce, además del Pacto de Mayo convocado por el Presidente.

En medio de las discusiones sobre un posible nuevo programa, el director del Departamento del Hemisferio Occidental del Fondo Monetario Internacional (FMI), Rodrigo Valdés, valoró la semana pasada el rumbo del Gobierno pero llamó a mejorar la calidad del ajuste. “La calidad, quiero subrayar, no la cantidad”, dijo ante un auditorio con los principales empresarios del país y la región en el Hotel Four Seasons.

En las últimas semanas el Ministerio de Economía levantó el pie del acelerador con aumentos previstos en gas, electricidad, transporte y combustibles en busca apuntalar la desaceleración de la inflación. La quita de subsidios a las tarifas de energía tampoco avanzó en los tiempos previstos y su implementación parece que recién llegará en julio, tal como adelantó Infobae. Ninguna de las últimas tres gestiones del Poder Ejecutivo pudieron avanzar con eficiencia en tocar esa partida.

El Gobierno aplicó por decreto una nueva fórmula de movilidad jubilatoria que compensa parte del impacto en estos primeros tres meses, pero consolida la pérdida por la devaluación y el ajuste de los últimos seis años. Sí es más benigna que la que estaba vigente hasta el momento, como quedó reflejado en la caída del gasto que afrontó el Tesoro y el bolsillo de los jubilados.

“Dado que la mayor parte de los jubilados y pensionados cobra los haberes más bajos, en caso de no otorgarse subas significativas en los bonos extraordinarios (es decir, previendo bonos de $70.000, $80.000 y $90.000), el gasto total en jubilaciones y pensiones (contributivas y no contributivas) caería 3 puntos del PBI en el año (desde 7,7% del PBI en 2023 hasta 4,7% en 2024)”, proyectó la consultora Equilibra.

Salida del cepo y caída de recaudación

Una de los mayores interrogantes es si se buscará levantar el cepo cambiario completamente a mitad de año o si se avanzará en un camino gradual. Desde el 10 de diciembre se amplió la base tributaria del impuesto PAIS, con una alícuota del 17,5%, para todas las importaciones por lo que quitarlo puede implicar resignar ingrresos en la partida que más creció desde el 10 de diciembre.

El potencial de recaudación por ese tributo es de 2% del PBI para este año. Si se eliminara a mitad de año el fisco perdería 1,2 puntos de ingresos según el cálculo de Econviews. Otra decisión de política cambiaria con implicancias fiscales es cuanto mantener el crawlin peg del 2% mensual. El Gobierno por ahora jura que no se moverá de su esquema cambiario.

“La apreciación cambiaria resultante implicaría perder 0.8 puntos del PBI en impuestos al comercio exterior. Aunque es un equilibrio parcial: un tipo de cambio real alto con cepo maximiza esos ingresos, pero demora la salida de la crisis y por ende afecta la recaudación por otras vías”, señaló la consultora .