
El Gobierno tiene decidido quiénes tendrán un aumento en el transporte público de pasajeros en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) a partir de abril. Si bien estaba previsto que se aplique la fórmula de actualización bimestral por inflación para todos los boletos de trenes y colectivos, finalmente solo tendrán incrementos los usuarios que no hayan registrado la tarjeta SUBE a su nombre.
No es la primera vez que el objetivo de reducir el gasto en subsidios del Ministerio de Economía choca contra los debilitados bolsillos de los consumidores. Las subas en electricidad fueron menores a las previstas, las del gas se postergaron y las del combustible aún no alcanzaron el objetivo oficial de la paridad de importación.
Según afirmaron a Infobae fuentes oficiales, la idea es que desde el mes que viene solo los usuarios que no hayan registrado su tarjeta SUBE tengan aumentos en el AMBA. En detalle, el boleto mínimo de colectivos para estos pasajeros saltará un 60% de $270 a $430 mientras que el primer tramo de trenes pasará al doble, de $130 a 260 pesos.
De todos modos, la posibilidad de realizar la “nominalización” del plástico continuará abierta. En total ese trámite ya fue realizado por más de 2 millones de personas, según datos oficiales, por lo que se multiplicó por 10 veces el promedio de registración en comparación a la previa de la normativa.

De la última resolución que publicó Transporte se desprende la aplicación de una fórmula de actualización bimestral a partir de la variación del Índice de Precios al Consumidor (IPC) del Indec. En el sector explican que el incremento debería estar en torno al 30%, pero desde la Secretaría de Transporte que conduce Franco Mogetta afirmaron: “No hay aumentos previstos”.
Ahí el Gobierno se encuentra en un dilema: convalidar el aumento en base a inflación impactaría en los debilitados bolsillos de los usuarios pero su postergación implica una mayor cobertura con subsidios, en el marco del objetivo de reducir las subvenciones al transporte en al menos 0,2 puntos del PBI este año. Es una de las partidas a recortar que espera el Ministerio de Economía para sostener el superávit fiscal.
En ese marco, hay una puja con las empresas de colectivos que circulan entre el conurbano bonaerense y la Ciudad de Buenos Aires (CABA). Las cámaras reclaman una deuda de $50.278 millones por subsidios correspondientes al primer bimestre del año. Desde Transporte señalaron a este medio que el monto adeudado son “únicamente” $10.000 millones.

En paralelo, la Unión Tranviaria Automotor (UTA) amenazó ayer con la posibilidad de un paro ante el incumplimiento del acuerdo salarial firmado a mediados de febrero, en particular del pago de un bono de $250.000 cuya fecha límite es este viernes. Las empresas sostienen que si Nación no gira los pagos adeudados no podrán afrontar ese refuerzo de ingresos.
Esta tensión aún no quedó saldada y puede tener un nuevo capítulo hoy mismo, tras la reunión que mantuvieron este jueves los actores en el Palacio de Hacienda. Luciano Fusaro, de AAETA, una de las cámaras, dijo: “El Gobierno aseguró que va a hacer todo lo posible por depositar para mañana una parte de los $50.278 millones adeudados. Pero no nos quedó claro si van a llegar a hacerlo, no quedó seguro”.
De todos modos en el Gobierno advirtieron: “Por último, se habló sobre la obligación que tienen las empresas de cumplir con los servicios que brindan y que, en caso que los servicios se interrumpan, la consecuencia de penalidades económicas, como así también cuestiones vinculadas a las habilitaciones para realizar los servicios”, agregó Transporte.
En el sector explican que actualmente el 70% del costo del servicio de colectivo es compensado con subsidios, mientras que el 30% restante es pagado por los usuarios. Si bien esa relación es mejor a la que se tenía en diciembre, de 90%-10%, si los boletos no aumentan en línea con la inflación la carga deberán afrontarlas las operadoras o el Estado.
Dejan de subsidiar a 1.637 empresas del AMBA
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