La empresa estatal Yacimientos Petrolíferos Fiscales (YPF) colocó bonos a siete años por USD 800 millones en el mercado internacional luego de cuatro años y medio desde su última emisión. Los fondos conseguidos serán destinados al repago de deuda y a financiar su plan de inversiones en Vaca Muerta. La operación se dio en un momento clave para el juicio que enfrenta en Nueva York la petrolera estatal, en donde el fondo Burford Capital podría comenzar a pedir embargos contra activos argentinos en el exterior por el juicio de USD16.000 millones.
Desde la empresa resaltaron: “YPF completó la colocación de Obligaciones Negociables con vencimiento en 2031, luego de 4 años y medio desde su última emisión internacional. Se trata de una de las mayores emisiones de deuda de la compañía y representa la reapertura de los mercados internacionales para emisores corporativos argentinos”.
La petrolera había recibido ofertas por más de USD 1.800 millones, pero decidió emitir obligaciones negociables por un valor de USD 800 millones. “El nuevo bono se encuentra garantizado con exportaciones, tiene vencimiento final en 7 años y una tasa de interés de 9,50%, con un rendimiento del 9,75%”, detallaron desde YPF. Los bancos internacionales Citibank, J.P. Morgan y Santander fueron los colocadores de esta transacción.
Tal como explicaron, la compañía destinará los fondos obtenidos para la refinanciación de deuda y para financiar su plan de inversiones con foco en el desarrollo de Vaca Muerta y el crecimiento de la producción de hidrocarburos no convencionales.
La operación se produjo en medio de la recompra de hasta USD 346 millones pendientes en bonos nominados en moneda extranjera con vencimiento en abril próximo. La empresa busca pagar en efectivo por esos papeles y ofrece una prima a los inversores que ingresen sus valores negociables antes de la fecha límite anticipada del 19 de enero, es decir el viernes de la semana que viene.
La agencia Bloomberg destacó: “Para algunos inversores la pregunta es si el rendimiento de los nuevos bonos será lo suficientemente alto como para compensar los riesgos, mientras el presidente Javier Milei intenta hacer realidad algunas de sus promesas de campaña en materia económica”. Una de ellas es la privatización de YPF.
“A finales de septiembre, la empresa tenía aproximadamente US$1.300 millones en reservas de efectivo, según S&P. Los analistas afirmaron la calificación crediticia de YPF en CCC-, muy dentro del territorio basura, con perspectiva negativa. Fitch Ratings asigna a YPF una calificación CCC-, tres niveles por encima de default, mientras que Moody’s Investors Service califica a la empresa en Caa3″, apuntó Bloomberg.
En tanto, la jueza de la Corte del Distrito Sur de Nueva York que lleva la causa por la nacionalización de YPF en 2012, Loretta Preska, no confirmó este miércoles si acepta el pedido de la Argentina para extender el plazo para la presentación de avales al país si quiere evitar que empiece a autorizar pedidos de embargos contra activos argentinos en el exterior. Sin embargo, tampoco respondió el reclamo del Burford para aclarar las ejecuciones permitidas desde el 10 de enero.
La última novedad en esta causa llegó el martes cuando los abogados del país –un equipo del estudio Sullivan & Cromwell que ahora deben reportarle en última instancia a Rodolfo Barra, el nuevo procurador del Tesoro– pidieron que no se reconociera el 10 de enero como fecha límite para presentar garantías.
La presentación establece que “mientras los beneficiarios del fallo no encuentren activos para embargar en los Estados Unidos, no hay necesidad de establecer una fecha puntual para comenzar los embargos”. Según Reuters, Argentina calificó la intención declarada de Burford de iniciar incautaciones de activos desde el miércoles como “innecesaria y prematura”, dado que la sentencia tiene menos de cuatro meses y está siendo apelada. Y argumentó que muchos otros tribunales consideraron esperas razonables de 10 a 15 meses en casos comparables. También dijo que los principios de cortesía internacional y las “circunstancias extraordinarias y únicas” de su caso no justificaban el apuro. Argentina dijo que 16.100 millones de dólares representan el 32% de su presupuesto fiscal para 2023.
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