La “inflación reprimida” con la que asumirá Javier Milei y el desafío que impone el cuadro social

Uno de los principales desafíos que enfrentará el gobierno de Javier Milei es la inflación reprimida por los retrasos acumulados en el precio regulado de tarifas, combustibles, productos de consumo masivo y el dólar oficial, entre otros. Si bien todavía no hubo una definición oficial, las primeras señales de La Libertad Avanza dejan entrever un “sinceramiento” a partir del 10 de diciembre.

Los nuevos funcionarios, las empresas y los analistas coinciden en que el mayor límite a la hora de avanzar en una corrección de algunas variables chocará con un cuadro social complejo. El fogonazo inflacionario por la devaluación post PASO llevó los niveles de pobreza al 43% de la población, según la última estimación de la Universidad Di Tella, en el marco de un fuerte incremento del empleo precario y la pérdida del poder adquisitivo de los salarios.

Un informe de Romano Group, en base a datos del Índice de Precios al consumidor (IPC) del Indec, estimó que la “inflación reprimida” acumulada desde diciembre de 2019 hasta octubre de 2023, último dato disponible, es del 22 por ciento.

La consultora detalló que de los grandes rubros del IPC los de mayor retraso en términos reales, es decir descontando la inflación general durante los últimos casi cuatro años, son: vivienda, agua, electricidad, gas y otros combustibles (38%), comunicación (37%), bienes y servicios varios (19%), educación (18%), transporte (10%), salud (8%) y bebidas alcohólicas y tabaco (6 por ciento).

Los capítulos de mayor incremento real en el período fueron: prendas de vestir y calzado 36%, restaurantes y hoteles 25%, alimentos y bebidas 10%, recreación y cultura 5% y equipamiento y mantenimiento del hogar 4 por ciento.

Al respecto, el jefe de research de Romano Group, Salvador Vitelli, destacó que si todos los rubros ajustaran al ritmo del que más subió la inflación podría saltar al 50% mensual, casi quintuplicando los niveles que se observan desde agosto, que igualmente son los más altos en tres décadas. “Sin duda eso no se puede hacer de golpe porque se vería un descalabro social bastante importante. Es difícil que tocas eso no lleve a una nominalidad de 20% o 25% a partir de diciembre. El límite que impone la calle es bastante fino, por eso no es casualidad que Milei avisara que la única caja flexible va a ser la de capital humano. Imagino que el camino va a ser paulatino con asistencia estatal”, sostuvo Vitelli.

Un ejemplo del retraso en los precios se puede observar en las boletas de luz y gas, que además se compensan con subsidios a las empresas públicas que presionan las cuentas públicas. Por caso, un trabajo del Instituto Interdisciplinario de Economía Política (IIEP), dependiente de la UBA y el Conicet, reflejó que la asistencia explica casi todo el déficit primario, 7 de cada 10 hogares de todo el país no llegan a cubrir el 16% del costo de la energía y el otro 84% lo pone el Estado todos los meses.

El dólar oficial mayorista finalizó en $361,10, pero se mantuvo congelado en $350 desde agosto pasado. Los mercados y las empresas ya se imaginan un tipo de cambio en torno a $700 para después del 10 de diciembre, mientras que la brecha con el mercado “libre” está arriba del 160 por ciento. Obviamente que, en ese caso, el efecto remarcación llevará a la inflación a un nuevo escalón.

El jefe de research de la consultora Ecolatina, Santiago Manoukian, comentó que tienen modelado un escenario pesimista que contempla la falta de éxito de un programa de estabilización donde el nuevo Gobierno no puede llevar a cabo una normalización cambiaria y/o reformas significativas, que eviten un agravamiento de la crisis nominal.

“Eso puede responder a la imposibilidad de concretar propuestas ante un crítico panorama social, fallas de diseño, de aplicación, imposibilidad de garantizar apoyo político-social y ausencia de credibilidad en la nueva administración que dificulte el anclaje de expectativas. Las herramientas más heterodoxas como acuerdo de precios y salarios parecen no estar sobre la mesa. Tampoco vemos un ancla nominal, como el tipo de cambio, para frenar la inercia inflacionaria. Aún desconocemos el programa económico en detalle”, puntualizó Manoukian.

Eugenio Marí, economista jefe de la Fundación Libertad y Progreso (LyP) alertó: “Si bien la suba de precios es la más alta desde 1991, aún hay mucha inflación debajo de la alfombra. Desde diciembre de 2019 los precios regulados acumularon una suba 512%, en promedio, mientras que el IPC núcleo, que excluye esos productos y los de comportamiento estacional, lo hizo en 866 por ciento. Es decir, unos 354 puntos más. Esto se debe a que el Gobierno del Frente de Todos apostó a contener con controles de precios y subsidios. Pero nada es gratis; es así que faltan insumos en los hospitales, hay desabastecimiento en góndolas, falta de autopartes, líneas de producción frenadas y no hay reservas en el Banco Central”.

Otra de las mayores incógnitas es qué sucederá con productos de consumo masivo una vez que se termine el programa de Precios Justos. En La Libertad Avanza avisaron que no continuará, incluso deslizaron que la Secretaría de Comercio no tendrá al menos la misma impronta que durante los últimos años. Las empresas acusan retrasos en productos que van desde el 30% al 60%, pero reconocen que el bolsillo de los consumidores no podrá aguantar semejante golpe.

El último IPC que publicó el Indec arrojó una suba del 8,3%, una importante desaceleración tras el 12,4% de agosto y el 12,7% de septiembre. Ese porcentaje se alcanzó a costa de mantener pisados algunos precios tras la devaluación posterior a las PASO que decidió el Gobierno.

El consenso de los analistas de las consultoras esperan que desde noviembre el indicador vuelva a saltar por encima de los dos dígitos y que 2023 finalice en torno a 185% acumulado, la variación más alta desde la hiperinflación del último año de la presidencia de Raúl Alfonsín y primero de la de Carlos Menem.