En el mes de las PASO, el Gobierno aumentó el ritmo de gasto y presiona a la meta fiscal con el FMI

El Gobierno aceleró el ritmo de gasto público en agosto, el mes de las elecciones primarias, y acumuló así dos meses con esa tendencia, en el marco de una tope de déficit fiscal acordado con el Fondo Monetario Internacional que obligaría a un recorte a lo largo del segundo semestre para poder alcanzar ese 1,9% del PBI de techo.

De acuerdo a una estimación que hizo la consultora Analytica, que dirige Ricardo Delgado, en agosto la variación interanual del gasto público devengado –es decir los pagos comprometidos más allá de lo efectivamente pagado– fue de casi 4%, por lo que lleva así un bimestre de aceleración en el gasto. En julio esa cifra había sido menor, de 2% en relación con ese mismo mes del año anterior.

“En agosto, el gasto real devengado sin estacionalidad disminuyó un 1,5% respecto de julio, y en términos interanuales se incrementó un 3,6 por ciento. Si se excluyen los subsidios energéticos, la variación interanual es del 3,7%”, indicó esa consultora. No es posible comparar de manera lineal este tipo de resultados base devengado con la información que publica cerca de fin de mes la Secretaría de Hacienda, que es base caja, y que solo toma en consideración el gasto pagado.

“Entre las partidas con mayores ajustes respecto a agosto 2022 figuran las asignaciones familiares y AUH (-29,5%) y el gasto en capital (-5,9 por ciento). Por otro lado, se registraron incrementos interanuales en las transferencias a provincias (26,9%), después de haber caído fuerte en julio, y en el gasto destinado a programas sociales (Potenciar trabajo, Progresar, Alimentar, etc.) que aumentaron un 17,5%”, indicó Analytica.

A alejar el zoom, la consultora midió que desde que Sergio Massa llegó al Ministerio de Economía el gasto público acumula una caída en términos reales de 13,4%, medido de forma interanual. Y solo tomando en consideración los primeros ocho meses del 2023, ese retroceso es de 7,3 por ciento.

“En agosto el gasto sin estacionalidad destinado a AUH y asignaciones familiares resultó $1.397 millones (+0,8%) superior a julio. Aun así, en términos interanuales, se redujo un 29,5 por ciento. Además, considerando el gasto acumulado en lo que va del año, este se redujo un 26,3%, y considerando el período comprendido entre agosto de 2022 y agosto de 2023, el gasto disminuyó un 4,5%”, consideró Analytica.

Analizado a pesos constantes, la consultora midió que ese recorte general durante la gestión Massa rondaría los 6,1 billones de pesos. De ese total, hay 1,6 billones que corresponden a obra pública, 1,4 billones de subsidios económicos, $900.000 millones a jubilaciones y pensiones, $600.000 millones de asignaciones familiares y $500.000 millones a programas sociales, entre otros.

El techo de déficit primario acordado con el FMI es de 1,9% del PBI y solo en los primeros siete meses del año ya acumuló 1,27 por ciento. En términos estacionales el segundo semestre suele ser de mayor ritmo de gasto, por lo que ese margen de 0,63% del Producto aparece como muy angosto para poder cumplir esa meta fiscal. Para cumplirlo, el Gobierno debería, de acuerdo a cálculos que hizo el Fondo Monetario, llevar adelante un recorte pronunciado del gasto en lo que resta del año.

El FMI espera que durante el segundo semestre el gasto público caiga 11% en términos reales hasta fin de año para que sea posible el cumplimiento de la meta anual. Según el staff report, hacia fines de diciembre ese tope nominal debería ser de 3,2 billones de pesos. Hasta julio, con los últimos datos oficiales, el rojo primario había alcanzado los 2,2 billones de pesos, por lo que el “esfuerzo” fiscal debería ser mayor, ya que por cuestiones estacionales el gasto público suele acelerar durante la segunda parte de cada año.

“Se espera que esto se logre mediante una combinación de medidas de ingresos (algunas temporales) y gastos para lograr la contracción del 11% en el gasto de agosto a diciembre de este año, protegiendo al mismo tiempo la infraestructura prioritaria (gasoducto) y los programas sociales”, mencionó el organismo.

“Se requieren mayores esfuerzos para alinear las tarifas con los mayores costos de producción (tras la devaluación del tipo de cambio), lograr los objetivos de recuperación de costos establecidos en la cuarta revisión y cumplir con los objetivos de reducción de los subsidios a la energía (0,5 por ciento del PIB en 2023)”, planteó el Fondo.

El último paquete de medidas anunciada por el Gobierno también presionarán a ese sendero que el FMI espera que lleve adelante el Poder Ejecutivo en términos de gasto. El pago de una suma fija a cuenta de futuros aumentos para empleados en relación de dependencia, un bono para jubilados por los próximos tres meses, exenciones para monotributistas, créditos a tasa blanda, medidas para el agro, pymes, personal doméstico, entre otros, tendría un costo fiscal de $729.000 millones.

}Una parte importante de ese costo fue cubierto con una licitación de deuda en pesos ad hoc que llevó adelante la Secretaría de Finanzas el viernes pasado, por la que recolectó del mercado unos $464.000 millones, algo más del 60% del total presupuestado.