En un primer semestre del año que estuvo marcado de manera decisiva por el impacto de la sequía en la recaudación tributaria, el déficit primario, unas de las columnas vertebrales del programa con el Fondo Monetario Internacional, acumuló un total equivalente a 1,1% del PBI y marca los límites sobre los que podría moverse el Gobierno en los próximos meses de campaña. En paralelo, existe una masa cada vez más grande de pagos atrasados, lo que se conoce como deuda flotante, que para todo el sector público está en su nivel más alto en diez años.
Este último punto, para la dinámica de gasto del Estado mirado de cerca por el FMI, resulta un dato clave. Como definición, la deuda flotante es el nombre que suele dársele a los pagos atrasados del sector público y que algunos analistas consideran una fuente “alternativa” de financiamiento. El programa económico acordado con el organismo incluye métricas concretas para ese tipo de pasivos.
La meta fiscal, además, formó parte de las conversaciones de la última milla con el staff del Fondo Monetario. Los primeros objetivos trimestrales (para fines de marzo y para fines de junio) que estaban diagramados originalmente cuando empezó el 2023 quedaron desactualizados y de cumplimiento difícil por el desplome de los ingresos fiscales. Y así terminó sucediendo: mientras a esta altura del año se esperaba un rojo primario de, como máximo, 0,7% del PBI, terminó por ser de 1,1% del Producto.
La deuda flotante es lateral a las metas centrales del programa, como la acumulación de reservas, el techo al déficit fiscal y el tope a la asistencia monetaria al Tesoro. No obstante, el organismo toma especial consideración de esa cifra, incluso con metas trimestrales y anuales.
La cifra de techo establecida para 2023 había sido de $1,18 billones al cierre de cada trimestre, equivalente –al momento de diagramarse el acuerdo– a 0,8% del PBI. Por efecto de la inflación ese objetivo podría ser redefinido en la próxima etapa del programa. De acuerdo a información oficial de la Tesorería a la que tuvo acceso Infobae, el saldo de deuda flotante acumulada durante la primera parte del año fue de 1,610 billones de pesos, es decir casi 1 punto del Producto.
De ese total, la gran mayoría pertenece a gastos atrasados del ejercicio actual (1,515 billones de pesos), mientras que una parte menor corresponde al 2022 ($94.000 millones). En comparación con mayo tuvo un salto pronunciado, de 55% respecto a los 1,035 billones acumulados hasta el quinto mes del año.
Según cálculos privados, el stock de pagos atrasados del primer semestre sería el más alto en diez años. “El resultado primario de junio (-$600.000 millones) esconde una deuda flotante (diferencia entre el gasto pagado y devengado por a la Administración Pública Nacional) por $1,7 billones generada en el mes. En 6 meses el total adeudado asciende a $2,6 billones (1,5% del PBI) y se trata del mayor nivel acumulado en el primer semestre desde 2013″, mencionaron en la consultora LCG, al agregar en ese último número a todo el sector público.
En términos generales, los procesos de gestión del gasto del Estado en cuestiones como contrataciones y compras públicas suelen incluir un plazo entre que se genera la obligación del pago y que efectivamente se giran los fondos.
La deuda “flotante” refiere a ese paréntesis entre que una obligación de pago fue “confirmada” pero no cancelada. Puede incluir órdenes de pago vencidas o no. Este tipo de pasivos no está incluido en las estadísticas oficiales de deuda pública, por lo que suele considerarse una deuda “invisible”.
Hacia adelante, si la meta fiscal con el Fondo Monetario permaneciera en la zona del 1,9% del PBI en la siguiente etapa del programa, implicaría que restaría un margen acotado para la expansión del gasto en los meses electorales, algo que fue analizado por el Centro de Economía Política Argentina (CEPA).
“En principio la meta fiscal en términos de PBI estaba planteada para que el déficit fiscal no supere el 1,9% del PBI. Al finalizar el primer semestre y pasadas las dos primeras metas, el déficit ya es del 1,1% del PBI y al gobierno le quedaría 0,8% del PBI para gastar. Dada la estacionalidad del déficit en el segundo semestre (y en año de elecciones) es difícil que en la segunda mitad del año se gaste menos que en la primera”, alertaron.
El último paquete de medidas anunciadas por el Ministerio de Economía podría llegar a agregar ingresos a la ecuación. “Los recientes cambios al impuesto PAIS y el nuevo dólar agro aportarían 0,8% del PBI de recaudación extra este 2023, y si el anticipo extra de ganancias repitiese una recaudación similar a la de 2022, se generaría recaudación tributaria extra por 1,1% del PBI. Esto implicaría solventar la perdida por la reducción de derechos de exportación producto de la fuerte sequía mediante un cambio de la estructura tributaria”, mencionó un informe del Instituto Argentino de Análisis Fiscal (Iaraf).
Acuerdo de staff: esperan que se haga oficial esta semana
Este jueves el directorio del Fondo Monetario Internacional tendrá la que posiblemente sea su última reunión formal antes del inicio del receso de verano en los Estados Unidos, que comenzará el 1° de agosto. No está en la agenda, al menos de manera pública, el caso argentino.
Massa anticipó que el desembolso llegaría en la tercera semana de agosto, luego del receso y de las elecciones primarias y aseguró que la oficialización del Staff Level Agreement podría tener lugar este jueves.
El lunes 31 de julio y el 1° de agosto, es decir el lunes y martes de la semana próxima, caerán vencimientos por casi USD 3.500 millones, entre los USD 2.660 millones de capital y USD 830 millones de interés.
Como no habrá tiempo para contar con el desembolso antes de esa fecha –ya que el ministro de Economía aseguró que el primer envío de divisas llegaría después de las PASO– el Poder Ejecutivo necesitaría de otra ingeniería para afrontar esos pagos. A fines de junio, Economía pagó con Derechos Especiales de Giro (DEG) remanentes en el Banco Central y con yuanes. Para este mes sólo podría contar con moneda china.
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