
El decantar de las medidas económicas, que ayer la AFIP terminó de reglamentar, empieza a despejar el panorama respecto del impacto real que tendrá de cara al cierre de las negociaciones con el Fondo Monetario. Si bien no está claro aún el derrotero de los eventuales desembolsos -entre USD 8.000 y USD 10.000 millones en dos tramos según estimó el propio ministro de Economía, Sergio Massa-, en el mercado coinciden que no será en el frente cambiario ni mucho menos en el nivel de acumulación de reservas donde se verá el principal impacto. De hecho, aún cuando el BCRA retuviera la totalidad de los USD 2.000 millones que se esperan, la cifra es un paliativo respecto al volumen de saldo negativo acumulado en las reservas netas. Mucho menos significativo es si se toma un parámetro más realista, de apenas 30% de retención por parte de la autoridad monetaria, lo que implicaría sumar apenas unos USD 600 millones.
Pero el diagnóstico es diferente si se pone la lupa sobre el efecto fiscal. El impuesto a las importaciones, cuya recaudación dependerá en definitiva del volumen que el propio Gobierno permita ingresar, sumado al anticipo de Ganancias y las mayores retenciones por el dólar agro aportará, según informó Economía, un total de $1,3 billones, equivalente a 0,8% del PBI.
Con diferencias, coinciden en ese cálculo distintos analistas privados que no sólo destacaron que será el Tesoro el principal y casi único beneficiario del último paquete de medidas sino que incluso le permitiría a Massa acercarse y prácticamente cumplir, con la meta de déficit fiscal a la que apunta el FMI. En otras palabras, esa es en definitiva la llave que destraba la negociación y permitiría acceder a los desembolsos previstos para cancelar los vencimientos de la próxima semana. En qué plazos ocurrirá eso -antes o después de las PASO del 13 de agosto- es todavía una incógnita que se develará en las próximas horas.
“El principal beneficiario directo de estas medidas será el Tesoro, que vería incrementada su recaudación tributaria por la aplicación del nuevo gravamen a las importaciones (estimamos ingresos adicionales por unos $ 515.000 millones) y los mayores cobros de derechos de exportación producto del dólar agro ampliado (unos $81.600 millones hasta fines de agosto). Esto aportaría recursos por 0,3% del PBI, ayudando a reducir el déficit fiscal”, calcularon los economistas de Equilibra, quienes el nuevo pago a cuenta de Ganancias contribuye marginalmente y, en total, el Estado recaudaría unos $700.000 millones, es decir, algo más de la mitad de lo que prevé el Gobierno.
Sin embargo, desde el Instituto de Análisis Argentino de Análisis Fiscal (IARAF), las cuentas son mucho más optimistas: proyectaron que el paquete completo acercará al Fisco el equivalente a 0,9% del PBI, lo que llevaría el desequilibrio fiscal al 2%, apenas una décima por encima de las exigencias del FMI.

“Los recientes cambios al impuesto PAIS y el nuevo dólar agro aportarían 0,8% del PIB de recaudación extra este 2023, y si el anticipo extra de ganancias repitiese una recaudación similar a la de 2022, se generaría recaudación tributaria extra por 1,1% del PIB. Esto implicaría solventar la pérdida por la reducción de derechos de exportación producto de la fuerte sequía mediante un cambio de la estructura tributaria”, sostuvo el instituto dirigido por el economista Nadin Argañaraz. Agregó que “si el Gobierno mantiene durante todo el año la reducción real del gasto (...) el déficit primario posible sería de 2,03% del PIB, registrándose una merma de 0,34 puntos porcentuales respecto al de 2022, que fue de 2,37% del PIB”.
En contrapartida, los costos de cumplir con ese objetivo se traducirán en una mayor presión inflacionaria y la amenaza permanente de la ampliación de la brecha ya que quedó descartado que el Fondo habilite recursos para intervenir en el mercado cambiario. De hecho, fuentes oficiales atribuyeron la fuerte presión sobre el dólar informal y financiero a los datos que empezaron a hacerse evidentes: los desembolsos apenas cubrirán los vencimientos y no habrá excedentes para garantizar la pax cambiaria durante el trámite electoral.
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