Comienza el juicio por la expropiación de YPF: el Estado argentino podría tener que pagar hasta USD 16.000 millones

La causa duró unos ocho años y se definirá en tres días. Esta semana se sabrá cuánto tendrá que pagar el Estado argentino por la expropiación de YPF dispuesta por Cristina Kirchner durante su segundo mandato, en 2012.

La jueza Loretta Preska, titular del tribunal del Distrito Sur de Manhattan, definirá de cuánto es el resarcimiento que deberá pagar el Estado Argentina. El que cobrará es el bufete Burford, una empresa que cotiza en la bolsa de Londres y que se especializa en comprar juicios: lo hizo hace varios años con la causa YPF, cuando se quedó con los derechos a litigar, recorrió los tribunales de Nueva York y ahora cobrará.

Hay que recordar que en marzo de este año Preska determinó que la petrolera estatal, que también estaba demandada, no era culpable. Sí lo era, dijo la magistrada que reemplazó al ya fallecido, polémico y muy conocido por estos lares, Thomas Griesa.

“Hoy empieza el juicio de 3 días que decidirá cuánto deberemos pagar todos los argentinos porque nuestro Congreso decidió expropiar YPF sin respetar su Estatuto. El rango ya fue establecido por ambas partes: USD 4.999 millones a USD 16.100 millones”, destacó en Twitter Sebastián Maril, CEO de Latam Advisors y el mayor experto local en la causa.

Según Maril, quien está en Nueva York para presenciar el juicio, se trata de “la mayor sentencia económica contra un país soberano en la historia de las cortes norteamericanas”.

Preska encabezará estos días un debate técnico para determinar el monto a pagar. “¿Por qué es tan importante el juicio que comienza mañana? Porque de los USD 16.100 millones que Argentina podría pagar por la expropiación de YPF, USD 7.600 millones dependen de la tasa de interés aplicable que la Juez Preska decidirá: entre 0% y 8%”, explicó Maril.

Argentina acumula una serie de fallos en contra desde que comenzó la demanda: un total de 6 reveses entre 2016 y 2023. Incluso recurrió a la Corte Suprema de Justicia de EEUU en 2019, que rechazó analizar el caso y apoyó lo realizado por Preska. El proceso comenzó en la última etapa del gobierno de Cristina Kirchner, siguió en la administración de Mauricio Macri, y comenzó a definirse durante la gestión de Alberto Fernández.

Por su accionar, a Burford Capital muchos compararon con un “fondo buitre”, compró el derecho a litigar contra YPF y el estado argentino a dos ex accionistas privado de la petrolera –Eton y dos empresas quebradas Petersen, que al momento del juicio no pertenecían al Grupo Petersen de Argentina– que entonces argumentaron que YPF debió hacer una oferta pública a los accionistas minoritarios y no sólo “arreglar” con el socio mayoritario cuando fue la expropiación, la española Repsol. Ese fue el eje central de la causa. Ahora Burford espera cobrar unos USD 7.500 millones, según estimó en un comunicado en abril.

En su fallo de marzo, Preska dijo que “los demandantes eran tenedores de valores de YPF en los momentos necesarios y, por lo tanto, tienen derechos contractuales exigibles frente a la República” y que también merecían una “sentencia sumaria contra la República por sus reclamos por incumplimiento de contrato”. Presta dijo, además, que las pretensiones de los demandantes son válidas según la ley local, que usó para juzgar el caso.

Después de estar muy castigada y alcanzar mínimos –menos de 3 dólares en 2022–, la acción de YPF –en medio de una suba generalizada de los activos locales en los últimos meses– tuvo un alza de 70 por ciento. Hoy cotiza por sobre los 15 dólares en Wall Street, donde está listada en el New York Stock Exchange desde hace 30 años. En 2005 llegó a valer casi 70 dólares.

En abril, YPF también consiguió otro fallo favorable en EEUU. Logró un acuerdo en el llamado caso Maxus, una petrolera americana que YPF compró en 1995 y que luego fue acusada de contaminación. La demanda tenía resarcimientos proyectados de unos USD 14.000 millones y la petrolera local, y también su ex socia Repsol, acordaron pagar USD 287,5 millones cada una, el 2% del potencial de la demanda, sin admitir responsabilidades y quedando eximidas de culpas.

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