
El Fondo Monetario publicó finalmente ayer a última hora el reporte correspondiente a la revisión de las metas del último trimestre del año pasado, en el que confirmó la reducción del objetivo de acumulación de reservas en USD 3.600 millones a marzo de este año. Así, la meta al primer trimestre consistió en un aumento de USD 1.900 millones en lugar de los USD 5.500 previstos orginalmente -para alcanzar un total de USD 7.800 millones- aunque en junio deberán totalizar USD 9.200 millones. Esto implica que el Gobierno tiene por delante el desafío de reunir unos USD 5.000 millones en los próximos tres meses.
A pesar de esa flexibilización, el documento no ahorró críticas ni advertencias a la conducción económica: objetó el programa de recompra de deuda anunciado en enero al tiempo que señaló la reacción negativa del mercado y los riesgos del plan de canje de bonos intra sector público, exigió un endurecimiento de las políticas fiscales y monetarias y hasta se permitió asegurar que su implementación “se ha vuelto menos confiable”.
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Al mismo tiempo, destacó la necesidad de apoyo político para sostener el programa, particularmente en un año electoral en el que, según advirtió, las implementación de las políticas corre riesgos. Según las autoridades técnicas del FMI, “en el contexto de grandes desequilibrios macroeconómicos, la sequía está desafiando seriamente la acumulación de reservas, sumándose a la inflación y las presiones cambiarias. Mientras tanto, la implementación de políticas se ha vuelto menos confiable, con las recientes recompras de deuda, los déficits de la política energética y la aprobación por parte del Congreso de una nueva moratoria jubilatoria socavando los objetivos de acumulación de reservas y consolidación fiscal”.
En ese sentido, reclamó “un paquete más sólido de políticas” para contrarrestar el aumento de los riesgos “incluso dado el ciclo político”. Los pasajes más destacados del texto de los técnicos del FMI que el directorio aprobó el viernes pasado, conocido como staff report, son los siguientes:
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Déficit fiscal. Lograr el objetivo de déficit fiscal primario del 1,9% del PIB para 2023 sigue siendo esencial para apoyar la desinflación y la acumulación de reservas, aliviar las presiones financieras y fortalecer la sostenibilidad de la deuda.
Tarifas: La implementación oportuna de medidas de alta calidad, particularmente mejorando la orientación de los subsidios a la energía y la asistencia social, ayudará a compensar los impuestos a la exportación más bajos debido a la sequía, proteger la infraestructura prioritaria y el gasto social, y asegurar las metas fiscales. Específicamente, será fundamental garantizar que las tarifas de energía para viviendas y servicios residenciales de altos ingresos los usuarios comerciales se muevan para estar completamente alineados con los costos, incluso para reducir la regresividad del sistema.
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Moratoria previsional: El costo fiscal de la nueva moratoria de pensiones debe ser mitigado a través de fuertes regulaciones para apuntar la entrada solo a aquellos con mayor necesidad. El costo fiscal estimado en 0,4% del PBI a mediano plazo es mucho menor este año y se espera que sea compensado por otros ahorros en la seguridad social.
Tasas de interés: Las tasas de interés reales deberían seguir siendo suficientemente positivas para hacer frente a la alta inflación y apoyar la demanda de activos en pesos. Es posible que se justifiquen aumentos adicionales en caso de que se produzcan nuevos shocks inflacionarios o intensificación de las presiones cambiarias.
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Dólar: El tipo de cambio debe sostener la competitividad. Las Intervenciones en el mercado cambiario paralelo utilizando reservas o instrumentos de deuda externa a corto plazo deben evitarse. En la medida que los permitan las condiciones, los controles de capitales, la política de tipos de cambio múltiple y las restricciones cambiarias también deben eliminarse, ya que no sustituyen a la política macroeconómica sólida.
Deuda en pesos: En el frente de la financiación interna, se necesitarán esfuerzos prudentes para mitigar la renovación a corto plazo riesgos y movilizar la financiación neta, limitando al mismo tiempo la acumulación de vulnerabilidades y protegiendo la deuda sostenibilidad. Mientras tanto, las intervenciones del Banco Central en los mercados secundarios de bonos deberían ser limitadas a abordar los riesgos de estabilidad financiera.
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Apoyo político: Es posible que se requiera un endurecimiento de la política macroeconómica y modificaciones adicionales a las políticas cambiarias para salvaguardar la estabilidad macroeconómica. El apoyo político a las políticas programáticas sigue siendo crítico en el período por delante.”
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