Gasto público: el Gobierno aceleró pagos atrasados para bajar la deuda flotante y cumplir una meta con el FMI

Una de las razones que explicó el fuerte salto del gasto público en enero y el marcado déficit primario que registró el primer mes del año fue la aceleración de pagos atrasados que hizo el Ministerio de Economía para reducir la deuda flotante: en un mes recortó casi 60% esos saldos pendientes de 2022, que además es uno de los números críticos que mira el Fondo Monetario Internacional en sus revisiones técnicas.

Ese stock de pasivos había tenido un fuerte salto en diciembre, del 80% en relación a noviembre. De acuerdo a la base de datos de la Tesorería General de la Nación (TGN) el cierre del 2022 tuvo una deuda flotante de 1,137 billones de pesos (1,3% del PBI), mientras un mes antes había sido de $602.000 millones. En enero, por su parte, la cifra bajó hasta los $790.000 millones, es decir una caída de $340.000 millones.

De todas formas, al analizar a qué año corresponde ese saldo pendiente de pago se observa que los giros de fondos atrasados del 2022 la caída fue de casi 60%, desde 1,115 billones hasta los $463.000 millones. Para concretarlo, el Gobierno necesitó acelerar pagos de manera tal que hizo saltar algunos ítems del gasto público. De todas formas, solo en el primer mes del año el sector público ya acumuló nueva deuda flotante, por unos $326.000 millones.

En el Palacio de Hacienda aseguraron que a pesar del salto de diciembre la meta anual de stock de deuda flotante -con tope en $654.000 millones- fue cumplida. Eso se explicaría porque el número de 1,137 billones de pesos que relevó la TGN contempla toda la administración nacional, y el tope del programa actúa solo sobre el Tesoro. Además, la métrica que considera el FMI consta de un número promedio de los últimos tres meses, no solo de la cifra final del año. Para 2023 el techo en términos nominales es de $1,177 billones.

En enero el déficit primario saltó más de 1100%, desde casi $17.000 millones de rojo fiscal el año pasado hasta los $204.000 millones, el gasto primario alcanzó los $1,927 billones en enero y presentó una suba de 111,2% interanual.

La cuestión de la deuda flotante fue observada por algunas de las consultoras en los últimos días tras darse a conocer el dato de las cuentas públicas de enero. “En relación al acuerdo con el FMI, el mal resultado de enero complejiza el cumplimiento de la primera meta del 2023. El déficit de enero consumió prácticamente la mitad del margen permitido por el FMI y la estacionalidad jugará en contra en febrero y marzo. De todas formas, la elevada cancelación de la deuda flotante, en enero, otorgaría margen de acción para cumplir la meta”, mencionó un informe del Centro de Economía Política Argentina (CEPA).

“Para cumplir la meta del FMI, se estima que el gobierno deberá reducir el déficit del escenario base en $360 mil millones entre febrero y marzo, lo que se podría cumplir volviendo al límite de deuda flotante permitido por el FMI (de unos $390 mil millones)”, apuntó CEPA.

Como definición, la deuda flotante es el nombre que suele dársele a los pagos atrasados del sector público y que algunos analistas consideran una fuente “alternativa” de financiamiento. El programa económico acordado con el organismo incluye métricas concretas para ese tipo de pasivos.

En términos generales, los procesos de gestión del gasto del Estado en cuestiones como contrataciones y compras públicas suelen incluir un plazo entre que se genera la obligación del pago y que efectivamente se giran los fondos. La deuda “flotante” refiere a ese paréntesis entre que una obligación de pago fue “confirmada” pero no cancelada. Puede incluir órdenes de pago vencidas o no. Este tipo de pasivos no está incluido en las estadísticas oficiales de deuda pública, por lo que suele considerarse una deuda “invisible”.

Según la definición de la Oficina de Presupuesto del Congreso (OPC), la mayor parte de la deuda flotante que acumula en general el Estado corresponde a erogaciones en concepto de transferencias, que incluyen transferencias a gobiernos provinciales y municipales, empresas privadas, universidades nacionales, empresas públicas no financieras, fondos fiduciarios, y jubilaciones y pensiones.

Para la consultora Invecq, “una de las partidas del presupuesto que mayor control de este tipo suele sufrir es el de los subsidios económicos (los que se destinan a subsidiar el precio de los servicios públicos), por ejemplo, vía el retraso en las transferencias del Tesoro a Cammesa, la empresa concentradora del mercado eléctrico. Mediante este mecanismo, se logró que en los últimos meses del año pasado la evolución de los subsidios tarifarios estuviera bien por debajo de la inflación”, explicaron.

“Un factor adicional que había ayudado a esta dinámica había sido una transitoria reducción del costo de generación eléctrica por el buen caudal de generación hidroeléctrica (muy barata) que ahora está normalizándose. Luego de varios meses con esta cuenta pisada, en enero se habría llevado a cabo una normalización de las transferencias que dio lugar a un rebote en los subsidios del 133% interanual”, continuó la consultora.

Para este año el Gobierno deberá reducir el déficit fiscal primario desde 2,4% del PBI con el que terminó el 2022 hasta 1,9% del PBI, con un techo de emisión monetaria para asistir al Tesoro de 0,6% del PBI. Sobre este último punto, los primeros tres meses del año tendrán como techo para la financiación del déficit unos $139.000 millones, cerca de un sexto del tope nominal de todo el año, que es de $883.000 millones.

El tope de rojo primario hasta fines de marzo será de $441.000 millones. Con este primer resultado de enero, así, el sector público ya “utilizó” casi la mitad del margen de déficit permitido por el acuerdo con el organismo.

Seguir leyendo: