El juzgado Contencioso Administrativo Federal 1 aceptó un planteo formulado por la Aduana y dispuso el levantamiento de una medida cautelar presentada por una empresa textil para la importación de telas.
Esto se produjo luego de que la Aduana-AFIP denunciara en enero pasado una maniobra que involucró a empresas textiles en múltiples operaciones por un monto estimado en casi USD 2,75 millones.
Al respecto, el director General de Aduanas, Guillermo Michel, dijo que “la Aduana debe proteger la industria nacional y el empleo argentino, pero también evitar maniobras por las cuales algunos importadores se quieren hacer de dólares de manera irregular y engañando al Estado. Estamos muy conformes con el accionar en este expediente de la Justicia en lo Contencioso Administrativo Federal, que analizó con rigor jurídico el accionar irregular de la empresa”.
Por su parte, el Administrador Federal de Ingresos Públicos, Carlos Castagneto, recalcó que “es una gran noticia —es otra muestra del trabajo intenso que venimos realizando. Estoy muy conforme con este equipo que trabaja en conjunto, articulando la Dirección General de Aduanas con la DGI y la Dirección General de Recursos de la Seguridad Social, el Ministerio de Economía y el Banco Central”.
La dependencia oficial detectó que en una zona primaria aduanera se transfería mercadería de manera ilícita a una firma con medida judicial favorable para saltar los controles de Aduana, a través de un mecanismo de alquiler de cautelares.En enero pasado, en el marco de diferentes tareas de control y verificación implementadas, agentes especializados de la Dirección General de Aduanas-AFIP detectaron una nueva maniobra de alquiler de cautelares para importar telas.
La investigación pudo verificar que la firma Tela 770 SRL había solicitado y obtenido una medida cautelar favorable para poder importar y acceder a dólares oficiales sin regulación del fisco, quedando eximido de validar la SIMI –hoy SIRA–, argumentando peligro en la demora.
Sin embargo, la mercadería había sido rotulada a favor de la firma Harlye S.A., que con posterioridad a la verificación física aportó una declaración jurada para re-etiquetar las telas en nombre de Tela 770 SRL.
En un principio, se habían confirmado siete operaciones bajo esta maniobra, compuestas de 10.200 rollos de telas —320 toneladas de mercadería—, por un valor de aproximadamente 550 mil dólares.
Luego, la Aduana profundizó la investigación de otras 17 destinaciones a nombre del importador valuadas en 2,2 millones de dólares: de esa manera, el valor total de la maniobra auditada se incrementó a 2,75 millones de dólares.
El Juzgado Contencioso Administrativo Federal 1, a cargo de Alonso Regueira, dispuso el levantamiento de la medida cautelar por entender que el accionar de la empresa “podría obstaculizar la función fiscalizadora del Estado”.
Cautelares
A mediados del año pasado, con la llegada de Michel a la Aduana, se descubrió un mecanismo por medio del cual empresas conseguían autorizaciones judiciales —vía medidas cautelares— para importar mercadería sin contar con el requisito de validarlo a través del sistema integral de monitoreo de importaciones. Varias de ellas, luego, “cedían” la autorización a otra empresa.
“¿Alquiler de cautelares?”, se preguntó entonces Cristina Kirchner desde su cuenta de Twitter. “O sea que las empresas que logran una orden judicial para llevarse dólares oficiales del BCRA, ¿además las alquilan? Esa sí que no la tenía. Con este funcionamiento judicial y empresario, Argentina se vuelve casi una misión imposible”, escribió la vicepresidenta.
Según la Aduana, en los últimos dos años se importó por medio de cautelares por más de USD 1.800 millones.
Con información de Télam
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