
No es generalizada ni una normalización absoluta, pero en algunos sectores de la producción advierten alguna mejora en el acceso a dólares a precio oficial para importar sus insumos. Tras el endurecimiento que implicó, en la práctica, el nuevo sistema de importación denominado SIRA que impuso el ministro de Economía, Sergio Massa, hace dos meses, los plazos de pago en las autorizaciones para importar insumos se redujeron en algunos casos de los 180 días que era lo más habitual –y sigue siendo todavía para la mayoría de los casos– a 60 e incluso 30 días.
La mejora, acotada, coincide con la vigencia de la segunda edición del dólar soja 2, el reciente desembolso de USD 500 millones del Banco Interamericano de Desarrollo y la mayor disponibilidad que asegura el Gobierno rige desde hace dos semanas del swap con China. Sin embargo, la situación de las reservas sigue siendo delicada y el Gobierno está lejos de tener garantizado, como pretende, el “puente” de dólares hasta abril del próximo año, cuando vuelvan a ingresar las divisas de la cosecha gruesa.
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“A cuentagotas también pero para importar insumos, los plazos están fluyendo mejor. En el resto, no se nota ningún cambio”, confió a Infobae un directivo de una compañía que comercializa tanto bienes de consumo importados como de producción nacional. “Tuvimos algunas modificaciones, es cierto, pero aleatorias y no por montos muy significativos”, contrarrestaron en otra compañía dedicada a la fabricación de productos de consumo masivo donde reciben el mismo mensaje desde hace semanas: Comercio todavía está buscando el mecanismo de implementación del programa Precios Justos, que habilitaría un acceso más fluido al mercado de cambios oficial, y la integración de toda la cadena. El secretario del área, Matías Tombolini, tiene agendada para el viernes, antes del partido de Argentina con Países Bajos, una reunión por el asunto con los fabricantes de envases y otros insumos difundidos y también con empresarios del calzado.
Es que el equilibrio es frágil: por un lado, es imperiosa la necesidad de fortalecer las reservas, particularmente en un contexto en el que se pretende desacelerar el ritmo de devaluación del tipo de cambio oficial y hacerlo converger al “tope” de 4% que pretende Massa para el resto de los precios de la economía. Eso, de todos modos, por ahora no está ocurriendo y el Banco Central mantuvo durante los primeros días de diciembre un ritmo a tono con la inflación actual, no la pretendida.
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Por el otro, no sólo crece la deuda comercial de las empresas, que distintos analistas calculan entre USD 7.500 millones y USD 9.000 millones, sino que las restricciones provocan cuellos de botella que dejan a muchas plantas productivas al borde del parate por falta de algún insumo.
Esa situación marca una diferencia con lo ocurrido hace tres meses, cuando las fábricas todavía tenían un margen mayor en el manejo de sus stocks y, sobre todo, la actividad económica todavía mantenía cierto dinamismo. Ese panorama ahora cambió: los indicadores de consumo reflejan caídas de 4% mensual, también la producción industrial cae más de 1%, lo mismo que la construcción. De hecho, por primera vez en el año, se redujo el mes pasado 9% la venta de materiales respecto de octubre y 5% en la comparación con noviembre del año pasado.
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De ahí que, a diferencia de lo que ocurrió en septiembre con la implementación original del Programa de Incentivo Exportador cuando el Banco Central retuvo 65% de los USD 8.100 millones que ingresó el campo, desde el 28 de noviembre, la autoridad monetaria lleva engrosados en sus reservas 51% de los USD 1.355 millones liquidados (compró USD 693 millones).
“Se contempla un escenario en el que, frente a las liquidaciones de granos por USD 3.000 millones de dólares, el saldo neto a favor del Central resulte del 50% de esa cifra. Es decir, habría menos acumulación de reservas y menos emisión monetaria, a cambio de un alivio algo más significativo para la demanda insatisfecha de divisas para los importadores”, sostuvo un informe reciente del IERAL.
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