En audiencia pública, el Gobierno presentó aumentos en las tarifas del gas de hasta 54% para 2023

La audiencia es encabezada por el subsecretario de Hidrocarburos, Federico Bernal, que destacó las ventajas de la segmentación de tarifas aplicada este año

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De mantenerse la situación actual, donde el Estado absorbe el 67,3% del costo del gas, abastecer demanda prioritaria interna en 2023 tendrá un costo de USD 2.935 millones
De mantenerse la situación actual, donde el Estado absorbe el 67,3% del costo del gas, abastecer demanda prioritaria interna en 2023 tendrá un costo de USD 2.935 millones

En una audiencia pública que se realiza en forma online este martes, la Secretaría de Energía detalló los escenarios de aumento del precio del gas prevista para el año próximo. En una presentación realizada por el subsecretario de Hidrocarburos, Federico Bernal, se indicaron tres escenarios de subas para 2023, con impactos en las facturas que reciben los usuarios que alcanzan un máximo de 54% para los usuarios del Nivel 1 (los de mayor poder adquisitivo que no tendrán subsidios).

En esta audiencia se discute qué porcentaje del precio del gas en el punto de ingreso al sistema (PIST), que es el precio que reciben las productoras, será cubierto por el Estado. Este es uno de los componentes de la factura, al que luego se suman el precio de la distribución, el transporte y los impuestos, que no están incluidos en esta audiencia.

Según explicó Bernal, de mantenerse la situación actual, donde el Estado absorbe el 67,3% del costo del gas, abastecer demanda prioritaria interna en 2023 tendrá un costo de USD 2.935 millones. El precio promedio del gas que estima el Gobierno es de USD 5,22 por millón de BTU, la unidad de medida del sector, que incluye la producción local, el gas importado de Bolivia y el GNL que llega a través de barcos.

De esos USD 5,22, siempre que se mantenga la situación actual, el Estado absorbe un costo de USD 3,52 y la porción que pagan los usuarios es de USD 1,71 por millón de BTU. “Un elemento importante a considerar es el incremento sostenido que se ha verificado en los precios internaciones de la energía, entre otros factores por la irrupción del Covid-19 y el conflicto bélico entre Rusia y Ucrania, somos importadores de combustible y de GNL y la dinámica de precios internacionales nos impacta directamente”, aclaró Bernal.

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El precio promedio del gas natural con la situación actual para los usuarios en enero alcanzará los $14 por metro cúbico (m3). “Si el Estado no tomara costo alguno, ese costo para los usuarios sería de $42,93 por m3″, aclaró Bernal. Según los cálculos presentados, un usuario de Nivel 1 (mayores ingresos) abona hoy $27 por m3. Para el Nivel 2 (menores ingresos) el precio es de $10 y para el Nivel 3 (ingresos medios) es de $18.

Bernal destacó la segmentación de subsidios que se aplica desde este año: “Es una política que se ha hecho por primera vez en la historia de este servicio público. Vale la pena destacarlo. Es una política de segmentación para el uso eficiente de nuestros recursos naturales y económicos y es la primera vez que ocurre y está siendo un éxito”, remarcó.

En la audiencia se presentaron varios escenarios de aumentos para 2023 de acuerdo a tres zonas y tomando un usuario del segmento R31 que tiene un consumo promedio de 670 m3 por mes.

Los impactos para un usuario medio de la categoría R31 en la zona Norte del Gran Buenos Aires podrían ser de entre $779 y $2.361 por mes para el Nivel 1, que tendrá en 2023 una factura promedio de $4.907 por mes. Para el Nivel 2 (segmento de menores ingresos) que tiene una factura media de $2.621 por mes, los aumentos serían de entre $146 y 443 pesos.

Y para el de Nivel 3 (segmento medio), la factura promedio es de $3.718 por mes y los escenarios simulados implican aumentos entre $526y $1.593 por mes. En esta subzona un porcentaje menor de usuarios poseen el beneficio de Zona Fría y tienen descuentos en tarifa del 30% y 50%, los que no fueron considerados en la propuesta.

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En tanto, para un usuario medio de la categoría R31 en la zona Norte del país, la factura media es de $4.112 por mes y los escenarios simulados implican aumentos entre $664 y $2.013 por mes para el Nivel 1; para el categorizado en Nivel 2 la factura media es de $2.162 por mes y los aumentos pueden ser de entre $125 a $378; y para el de Nivel 3 la factura media es de $2.747 por mes y las subas pueden ser de $374 a 1.133 pesos.

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En el caso de un usuario medio en la zona Sur del país, la factura media es de $6.989 mensuales y los aumentos previstos van entre $1.252 y $3.794 por mes para Nivel 1. Mientras que para un usuario Nivel 2 la factura media es de $3.315 por mes y los aumentos varían entre $235 y $712. La factura media de los usuarios del Nivel 3 es de $5.924 mensuales y las subas pueden ser de entre $845 y 2.561 pesos.

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Pedidos de usuarios y empresas

Luego de la presentación oficial, fue el turno de asociaciones de consumidores y empresas del sector. Alberto Calsiano, jefe del Departamento de Energía de la Unión Industrial Argentina (UIA), destacó que el 30% de la demanda de gas corresponde a las industrias, que tienen el precio desregulado y llegaron a pagar valores superiores a los USD 7 por millón de BTU. “Es el sector que pagó el precio del gas más caro y el que tuvo más cortes”, indicó.

Según detalló, los precios variaron entre USD 3 y USD 7 durante los inviernos de 2021 y 2022 y se tuvo que recurrir a soluciones de último momento. “La demanda industrial necesita tener un precio competitivo y previsible del gas. Desde la UIA buscamos consensuar una política energética con el. objetivo de escalar la producción de gas en Vaca Muerta y en el off-shore del Mar Argentino promoviendo la producción local de equipos y servicios; priorizar la demanda interna de gas en especial la industrial que es una fuente de trabajo genuino”, concluyó.

Por su parte, Mariana Grosso, de la Defensoría del Pueblo de la Nación advirtió que las previsiones de impacto en la factura hechas por el Gobierno no contemplan las tarifas en transporte y distribución, que también podrían tener aumentos, y que hubo casos de usuarios que no pudieron inscribirse en el registro para mantener los subsidios (por motivos de acceso a la tecnología o imposibilidades culturales para hacerlo) y que pasaron a ser considerados de mayores ingresos.

“La proporción que el Estado tomará a su cargo requiere un análisis sobre la capacidad económica financiera de los usuarios que sufren incrementos en otros bienes y servicios como alimentos, colegios, alquileres y incrementos salariales insuficientes”, señaló.

Por su parte, Daniel Martini, en representación de la asociación de distribuidoras Adigas remarcó que las empresas distribuidoras tienen derecho al pass-through, es decir que las variaciones en el precio de adquisicón del gas se trasladen a los usuarios finales sin producir beneficios ni pérdidas.

“Desde 2019 estamos en un período de transitoriedad; el margen de distribución aumentó un 80%, muy por debajo del 250% aproximado que aumentaron todas las variables de la economía. El aumento del PIST genera perdidas a las distribuidoras”, dijo. El sector calcula que las pérdidas podrían ser de $20.000 millones anuales si se aplica el escenario de menor cobertura del Estado.

En tanto, desde la Federación de Subdistribuidoras pidieron que la segmentación también se aplique a las subdistribudoras, que brindan servicio en localidades más alejadas de los centros urbanos. “El gas es un derecho y requerimos de políticas diferenciales. Proponemos un trato diferencial del PIST para las subdistribuidoras que existió entre 2009 y 2016″, reclamaron.

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