
El Impuesto a los Combustibles Líquidos (ICL) pasó de representar el 8,9% del precio final de la nafta súper en noviembre de 2023 al 19,25% en julio. En términos reales, el monto incluido en cada litro pasó de $116 a $400. El dato surge en medio de la polémica por la colocación de los fondos recaudados en instrumentos financieros.
El aumento del impuesto, destacó un informe del Instituto Argentina Grande (IAG), fue del 1.265% entre noviembre de 2023 y junio de 2026, mientras que la inflación acumulada durante ese período fue del 320%. Es decir, el ICL se incrementó casi cuatro veces por encima de la inflación.
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Ello se explica por la actualización del impuesto, que consiste en un monto fijo por litro y no en una tasa aplicada sobre el precio del combustible. Durante la gestión anterior, su actualización quedó rezagada, pese a que la ley establecía que debía ajustarse por inflación.
Con el argumento de recomponer ese atraso, el Gobierno actualizó el impuesto por encima de la evolución del IPC. El resultado fue un fuerte aumento de su incidencia sobre el precio que paga el consumidor en el surtidor.
El IAG precisó que a diferencia de un impuesto general, una parte de lo recaudado por el impuesto a los combustibles está afectada por ley a fines determinados: el 28,58% se destina al Fideicomiso de Infraestructura de Transporte. Dentro de ese fideicomiso, tras deducir un 1,5% de reserva de liquidez, el 50% va al Sistema Vial Integrado (SISVIAL), la vía por la que estos recursos financian a la Dirección Nacional de Vialidad (DNV), mientras que el otro 50% se reparte entre el transporte automotor (SISTAU, 32,5 puntos porcentuales) y el ferroviario (SIFER, 17,5 p.p.).
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Esto significa que cada litro de nafta paga un impuesto con destino, en parte, al mantenimiento y desarrollo de la red vial.
“Producto del aumento del monto fijo, el impuesto a los combustibles es el impuesto cuya recaudación más creció en términos relativos desde el cambio de gestión: en 2025 recaudó 91% más que en 2023 en términos reales”, remarcó el informe.
Sin embargo, el gasto de la DNV se encuentra en niveles históricamente bajos. En 2025, la entidad registró un gasto inferior al observado durante la década de 1990, con excepción de los años 2001 y 2002. En comparación con 2023, el gasto se redujo un 71%.
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La tendencia continuó durante 2026: en el primer semestre, el gasto devengado por la DNV fue un 42% inferior al registrado en el mismo período de 2025, lo que sugiere que el gasto anual podría ubicarse por debajo del nivel del año anterior.
La reducción del gasto devengado por la DNV se observa en todas las provincias, aunque con distinta intensidad. Buenos Aires se encuentra entre las jurisdicciones más afectadas: en 2025, los recursos destinados a obras viales se redujeron un 85% en términos reales respecto de 2023. San Luis registra la mayor contracción en ese período (-95,6%), mientras que Jujuy se destaca por una evolución positiva, con un incremento de los montos ejecutados (+184%).
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“La DNV viene gastando menos dinero que lo que podría gastar solamente por el impuesto a los combustibles, aún cuando tiene otras fuentes de financiamiento (como transferencias del Tesoro Nacional o créditos externos)”, resaltó el IAG.
“Por esto, si desde el cambio de gestión la DNV hubiese gastado la totalidad de lo que le ingresó por el ICL, habría podido gastar más dinero del que gastó efectivamente bajo todo concepto (ICL + Tesoro + créditos externos). En cambio, la DNV gastó solamente el 33% del monto recaudado por el ICL que le corresponde”, agregó.
De acuerdo al reporte, la DNV podría haber destinado $1,35 billones adicionales, a precios de junio de 2026, si hubiera ejecutado la totalidad de los fondos provenientes de la recaudación del ICL, lo que representa $534.000 millones más por año.
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Esta suma, sin necesidad de transferencias del Tesoro y utilizando únicamente los recursos del ICL, habría permitido cubrir el mantenimiento anual de 9.148 kilómetros de la red vial nacional. Esa extensión equivale a una cuarta parte de toda la red nacional, que abarca 40.000 kilómetros, y supera dos veces la distancia entre Ushuaia y La Quiaca.
En este marco, el vocero presidencial, Adrián Ravier, señaló en conferencia de prensa que una parte de los impuestos que financian el SISVIAL es administrada por el Ministerio de Economía con el objetivo de “lograr el equilibrio fiscal”, aunque no pudo precisar qué proporción de esos recursos se destina efectivamente al mantenimiento de las rutas.
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Entre enero de 2024 y mayo de 2026, el fideicomiso recaudó $1,503 billones —provenientes de una porción del ICL—, pero destinó apenas $394.406 millones a obras viales. Esto implica que el 73,8% de los recursos no fue ejecutado en ese destino. El resto permaneció colocado en plazos fijos, títulos públicos y una cuenta corriente, sin traducirse en obras de infraestructura vial.
Ravier indicó que el ministro de Economía, Luis Caputo, lleva adelante “un proceso de transformación donde las rutas no se hacen con el dinero de los pagadores de impuestos, sino con inversiones privadas”. También destacó los acuerdos alcanzados con algunas provincias para transferirles la administración de las rutas nacionales que atraviesan sus territorios. Hasta el momento, solo se concretaron convenios con Santa Fe y San Juan.
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