Gastos de la política: el Gobierno mantiene un notable aumento de las transferencias discrecionales a provincias

No sólo la tasa de inflación se ha movido en los primeros meses de 2022 a un ritmo creciente y que comienza a generar alarma, porque se encamina al rango de tres dígitos porcentuales al año, también las transferencias discrecionales de la Administración Central a las gobernaciones provinciales, pese a que constituye uno de los ingredientes que contribuye a alimentar el proceso de aceleración del aumento del nivel general de precios de la economía, como es el gasto público.

Sólo en la “base caja”, esto es en lo efectivamente enviado al conjunto de las 24 grandes jurisdicciones gubernamentales en que se divide el país, la Secretaría de Hacienda de la Nación informó que en abril las transferencias corrientes -excluidas los giros automáticos por el régimen de coparticipación federal de impuestos que también crecieron a una tasa mayor a la de la inflación- sumaron $62.687 millones y se elevaron 142,3 por ciento.

No se trató de un movimiento aislado, sino que responde a un proceso de aceleración desde el segundo mes de 2022, cuando pasaron de subir 32% en enero a 63,5%, y casi duplicó su ritmo el mes siguiente (104,1%), acumulando en el cuatrimestre un incremento de 86,3%, en todos los casos en comparación con igual período del año previo, y $176.631 millones. Ese monto fue equivalente al gasto total de funcionamiento de la Administración Central en abril último. Esa dinámica representó sendos aumentos por sobre la tasa de inflación de 53,4% en el mes, y 19,2% en el cuatrimestre, siempre respecto de un año antes.

A menor ritmo, pero con similar velocidad, se movieron los giros discrecionales para inversión pública -transferencias de capital-, las cuales sumaron en abril $27.501 millones y $75.640 millones en los primeros 4 meses, acusando sendas subas de 102,5% y 78,5% en comparación con los valores del año anterior, respectivamente. En esos casos, se trató de incrementos de 28,2% y 16% en términos reales, respectivamente.

Como datos de referencia, se destaca que en esos períodos la tasa de inflación que midió el Indec fue de 58% y 54,1%, en cada caso, mientras que el gasto total del sector público nacional subió en términos nominales 84,6% en el mes y 77,3% en el cuatrimestre cotejado con los registros del año previo.

De ahí que se observó un notable aumento del peso de esas transferencias voluntarias de la Nación al conjunto de las 24 grandes jurisdicciones a 7,3% del gasto total, constituyéndose en la proporción más elevada de los últimos 23 meses, tras alcanzar un pico de 10% en abril 2020 -el primer mes pleno con crisis sanitaria de Covid-19-.

Distribución geográfica oculta

La estadística oficial no permite analizar cómo fue el reparto discrecional por área geográfica de esos recursos, pero sí advertir que el origen de semejante expansión en el último año de ese componente del gasto público nacional no se explica por la necesidad de reforzar el presupuesto destinado al área de la salud, puesto que se mantuvo en abril 2022 en torno a 10% / 11% del total de las transferencias corrientes; ni a la de educación que, por el contrario, perdió relevancia en casi 3 puntos porcentuales, a 16,8% de ese parcial.

De todas formas, en una visión retrospectiva, se advierte que las transferencias para el sistema de salud ha sido el que más aumentó en valores reales desde la irrupción de la pandemia, consolidando una tendencia que ya se había observado en el año previo.

Por el contrario, “otras transferencias” pasaron a representar del 48,8% del total de los giros para gastos “corrientes” a 62,9 por ciento.

Y los giros vinculados con la inversión pública disminuyeron en términos relativos de 34,4% del agregado de los envíos de la Administración Central a provincias en abril 2021 a 30,5% un año después.

Claramente, la renuencia de los gobernadores en general, y de los legisladores en particular, de honrar el mandato de la Reforma Constitucional de 1994 de acordar una nueva distribución del reparto de impuestos que recauda la Nación pero que se originan en las provincias, ha llevado a que el Poder Ejecutivo busque corregir las necesidades de recursos de las diferentes jurisdicciones del interior para cubrir la demanda de gasto social asistencial, aun cuando en la práctica se advierte un sesgo vinculado con el color político de la coalición gobernante.

Más aún en un año en que no se cuenta con la guía de un Presupuesto Nacional votado por el Congreso Nacional, aunque a través de Decisiones Administrativas del Jefe de Gabinete de Ministros, Juan Manzur, con el aval del ministro de Economía Martín Guzmán, se mantiene vigente y en crecimiento, acordes con las exigencias que en la mirada del Gobierno impone la aceleración del ritmo inflacionario.

Buen ritmo de los giros automáticos

De todas formas, la distribución de los giros automáticos a las provincias por la Coparticipación continuó en el curso de 2022 creciendo más que la inflación: 87,8% en mayo y 65,4% en los 5 meses, en comparación con un año antes. Significó sendos aumentos en términos reales de 18,9% y 7,7%, en el mes y acumulados, respectivamente.

Esa distribución, que entre enero y mayo últimos sumó $2,05 billones, se nutrió del “58,7% de la coparticipación neta (56,66% provincias más 2% CABA y Tierra del Fuego); 57,36% del 93,73% de lo ingresado a la DGI por el Impuesto sobre los Bienes Personales; 30% del Monotributo Impositivo, 10,4% (provincias) y 15,07% (Fonavi) de Combustibles Ley 23.966; 6,27% Bienes Personales; 6,27% del 11% IVA neto de reintegros; y suma fija por Pacto Fiscal. Incluye Consenso Fiscal a la Provincia de Buenos Aires”, según detalla la planilla de recaudación tributaria de la AFIP.

Destaca el Instituto Argentino de Análisis Fiscal (Iaraf): “En mayo 2022 el gobierno nacional envió al consolidado de provincias más CABA $514.719 millones en concepto de coparticipación, leyes especiales y compensación, frente a $275.220 millones en igual período del año anterior. Ello significaría un crecimiento real del 16,1% anual. Dicha tasa, que cuadruplica a la tasa promedio del primer cuatrimestre, fue la más alta de los últimos 13 meses y se explica en buena medida por el incremento de la recaudación de coparticipables en general, con la recaudación de Ganancias como principal impulso”.

Un análisis de los economistas del Ieral de Fundación Mediterránea, Marcelo Capello, Marcelo Cugno y Jonás Alvarado, destaca que “las transferencias a provincias, sumando “automáticas” (por ley de coparticipación) y ‘discrecionales’ (de criterio “político”) se ubicaron, a valores constantes, en el nivel más alto de los últimos 22 años y también fueron las más altas en términos del PBI (3,1%) si se excluye 2020, un año anómalo, por la fuerte caída del PBI”.

Y concluye el estudio privado: “El mayor aumento en transferencias hasta mayo fue para la provincia de Buenos Aires 9,5%, seguida por Chaco 9,4% y Tierra del Fuego 8,3%. La media de aumento fue del 6% por sobre la inflación y solo dos distritos, Córdoba y Neuquén, recibieron menos transferencias ‘reales’ que en enero-mayo 2021: Córdoba cayó 1% y Neuquén menos 4,6 por ciento)”.

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