La idea de alcanzar un consenso entre diputados para modificar la actual Ley de Alquileres aparece esta semana como un poco más lejana. El esquema de reuniones que estaba previsto viene con algunas demoras y desde la oposición aseguran que el oficialismo no logra ponerse de acuerdo entre sus distintas posturas, lo que puede dilatar el tratamiento de un nuevo proyecto.
En las semanas previas se realizaron cuatro reuniones informativas por donde pasaron más de 130 expositores de diferentes sectores que expresaron su opinión. De acuerdo al cronograma previsto, la comisión de Legislación General de la Cámara de Diputados debía convocar a una reunión para este martes o miércoles, donde se presentarían los diputados que elaboraron proyectos sobre el tema. Pero, hasta ahora, no hubo convocatoria.
Hasta el momento hay más de 30 proyectos presentados sobre el tema: 27 de Juntos por el Cambio (seis de ellos son de derogación de la ley), tres del Frente de Todos, uno de Avanza Libertad, uno de Ser y otro de Provincias Unidas, según detalló la diputada Carla Carrizo, de Evolución Radical.
“El martes la comisión va a tratar otro tema. Desde el interbloque de Juntos por el Cambio tenemos el compromiso de que se defina antes del 11 de mayo, que es el plazo de 30 días que se había acordado con la oposición. Si no se logra antes de esa fecha, de acuerdo al reglamento, vamos a convocar a una sesión o vamos a presentar un dictamen de mayoría, porque la oposición probablemente no presente algo unificado”, estimó Karina Banfi, diputada por la UCR.
El problema, según las fuentes legislativas, es que desde la oposición no logran alcanzar un acuerdo para presentar un único proyecto, ya que hay posturas muy diferentes e incluso están quienes no quieren cambiar la ley vigente. “Si van con dos dictamenes quedan en minoría. Y el nuestro sería el de mayoría. Que es la situación que quiere evitar el Frente de Todos”, señaló Banfi.
Por su parte, el interbloque de Juntos por el Cambio se reunirá el próximo jueves para terminar de definir su proyecto, con dos puntos fundamentales donde hay diferentes alternativas de modificación: reducir la duración de los contratos (actualmente de tres años) y cambiar el índice y el plazo que se usa para la actualización (hoy es actualización anual de acuerdo a la evolución de la inflación y los salarios). Aun no tienen una propuesta ya cerrada y están en plena etapa de conversación.
Además de los puntos clave, se plantean también otros cambios, que pueden tener mayor o menor aceptación, como derogar parte del artículo 16 de la ley actual que plantea que si el propietario no declara el contrato ante la AFIP puede hacerlo el propio inquilino.
A fines de marzo, cuando la oposición se preparaba para pedir una sesión especial para tratar el tema de alquileres, se llegó a un acuerdo parlamentario con las autoridades de la Cámara de Diputados. Ese acuerdo implicaba constituir la Comisión de Legislación General e iniciar el tratamiento de la Ley de Alquileres por un plazo de 30 días hábiles, que vence la semana próxima.
“Los profesionales inmobiliarios y todos los referentes del mercado estamos expectantes, confiando en que el proyecto que surja del debate expresará la postura que conjuntamente delineamos todas las entidades del sector”, expresó Marta Liotto, presidenta de Colegio Unico de Corredores Inmobiliarios de la Ciudad de Buenos Aires (Cucicba).
“Seguimos sosteniendo que volver a los 24 meses como mínimo de contrato y la libre acuerdo entre las partes llevada de la mano de un profesional inmobiliario puede ayudar a revertir la situación actual y pueden volver inmuebles que fueron retirados de la oferta”, agregó.
Por su parte, la Federación de Inquilinos Nacional aseguró que el plazo de tres años y la actualización anual son puntos innegociables. “Modificar estos dos puntos sólo agravaría la situación de millones de inquilinos”, dijo Gervasio Muñoz, presidente de la federación.
La actual Ley de Alquileres entró en vigencia en 2020 con el pie izquierdo: a los pocos meses, por sus efectos no deseados, diversos sectores comenzaran a plantear cambios y fue uno de los lemas de de campaña de la oposición en las elecciones legislativas del año pasado. Hasta que, a fines del 2021 el propio Gobierno reconoció la necesidad de modificaciones.
En su momento, la norma tuvo amplio consenso: fue aprobada por la Cámara de Diputados en noviembre de 2019, durante el Gobierno de Mauricio Macri, pero terminó siendo sancionada por el Senado en junio de 2020, durante la gestión de Alberto Fernández.
Su implementación introdujo dos cambios clave, que espantaron a los propietarios: extender la duración de los contratos de dos a tres años y convalidar una sola actualización anual del valor mensual del alquiler de acuerdo a un índice que combina la evolución de los salarios y la inflación.
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