Por séptimo semestre consecutivo, la proporción de pobres sobre el total de la población se ubicó al cierre de 2021 por arriba del 30%, fue de 37,7%, con una baja de 4,7 puntos porcentuales respecto del máximo de 42% de un año antes, pero se mantuvo 1,8 pp por arriba del nivel de prepandemia de Covid-19 para igual período.
Coinciden los expertos en el análisis de los indicadores socioeconómicos que publica el Indec y que se nutren además de encuestas privadas, en que una de las causas de la resistencia a la baja de la pobreza en la Argentina -además de la persistencia de altos índices de inflación que afecta severamente a los sectores con ingresos fijos que se ajustan con notable rezago- es la precariedad que caracteriza al mercado de trabajo y que se ha agudizado en los últimos años.
Un claro indicador de ese fenómeno es que actualmente apenas poco más de 1 de cada 3 trabajadores ocupados lo hace en condición de asalariado en el ámbito privado registrados por el SIPA, suman 6 millones, a los que se agregan casi medio millón que se desempeña bajo el régimen de Casas Particulares. Del resto de los 20,2 millones proyectados al total país a partir de la EPH del Indec, 3,4 millones lo hacen en la administración pública nacional, provincial y municipal -como ingreso principal del mes-; 2,1 millones como Monotributistas Puros (no tienen otro ingreso habitual como asalariado o jubilado); y 7,8 millones se desempeñan en negro (4,9 millones como asalariados y 2,9 millones como independientes).
Y de las estadísticas de Generación del Ingreso que también elabora el Indec se desprende que los mayores ingresos promedio de la población trabajadora se obtienen en los puestos asalariados, privados y en el Estado. De ahí la resistencia a la baja de la pobreza y de la enorme brecha negativa que persiste entre el promedio de los recursos monetarios de los hogares y los valores de las canastas básica total e incluso alimentaria.
Según la medición oficial, a fines de 2021 mientras el valor de la Canasta Básica Total del promedio del Hogar era de $74.059, el ingreso medio del grupo habitacional integrado por poco más de 4 personas era de apenas $46.712, esto es exhibía una brecha de 36,9%, o dicho de otra manera necesitaba un aumento de recursos de 58,5% para no caer en el estado de pobreza.
El mismo ejercicio, con el valor de la Canasta Básica Alimentaria que se estimó en $31.834, define el umbral de indigencia de una familia, mostraba una brecha de negativa de 35,2%, es decir se requeriría un aumento de poco más de 54% para que a ningún argentino le falte lo mínimo indispensable para comer y desarrollarse.
Incentivo a la inversión y ocupación
Claramente, la única manera probada en el planeta para poder superar semejantes indicadores de pobreza e indigencia es generar las condiciones para impulsar la actividad y el empleo privado registrado, de modo de revertir drásticamente la elevada brecha persistente con los puestos en negro.
Pero además, otro factor que ha ido alimentando la creciente precariedad del trabajo y con ello los niveles de pobreza e indigencia es el inquietante deterioro del “clima educativo”, como lo define el Indec en sus Indicadores Socioeconómicos, al punto que de la población total ocupada en los 31 aglomerados urbanos apenas poco más de 40% acreditaba instrucción superior al de la escuela secundaria, y sólo 1 de cada 4 en condición superior y universitaria completa: únicamente unos 5,2 millones del total de 20,1 millones con algún puesto de trabajo remunerado.
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