El ministro de Economía, Martín Guzmán, no mintió ayer en el Senado cuando aseguró que la decisión de subir las retenciones al aceite y harina de soja, los productos de mayor valor agregado de las exportaciones del complejo sojero, no fue ordenada por el Fondo Monetario. De hecho, la realidad es más bien la contraria ya que el texto del acuerdo que el ministro defendió ante los legisladores de la Cámara alta sugiere la estrategia exactamente opuesta. Lo hace en términos laxos pero la definición fue suficiente para que en el sector agroexportador estuvieran convencidos hasta la semana pasada de que el Gobierno no avanzaría en un retoque a los derechos a la exportación. Se equivocaron.
“No hay ningún compromiso asumido en el contexto del programa con el Fondo sobre impuestos o retenciones”, dijo el ministro aunque, trascartón, afirmó que “el impacto en los precios de los alimentos es significativo y que se ve con claridad en las últimas tres semanas. No hacer nada implica una situación en la que este shock termina siendo regresivo”, alimentando, ahora sí, los temores de que se avance con el trigo y el maíz, lo que por el momento voceros oficiales dan por descartado.
En rigor, en las más de 130 páginas en las que quedó plasmado el entendimiento entre la Argentina y el staff técnico del Fondo no existe ni una sola mención a las retenciones. Sí, en cambio, quedó incluida una aclaración respecto a la aplicación de impuestos a productos de exportación industrializados. “Por último, en la medida en que las condiciones lo permitan, proseguiremos con nuestros esfuerzos para mejorar la eficiencia del sistema tributario, por ejemplo, reduciendo aún más los impuestos sobre ciertas exportaciones de valor agregado”, se lee en la página 7 del primer adjunto del memorando que contiene las políticas económicas y financieras.
Tal aseveración se contrapone con la decisión de subir las alícuotas precisamente a los productos de mayor valor. Las ventas al exterior de harina y aceite de soja totalizaron en 2021 unos USD 19.200 millones, mientras que el producto primario, el poroto de soja, apenas USD 2.700 millones. La iniciativa reportaría, en términos fiscales, la módica suma de unos USD 425 millones, es decir el equivalente a 0,1% del PBI. Si bien los técnicos del FMI suelen privilegiar el frente fiscal y el cierre de las cuentas públicas, incluso con la aplicación de impuestos distorsivos, hoy la prioridad del organismo es la acumulación de reservas con el foco puesto en la reducción de la brecha cambiaria.
En ese sentido, la norma va a contracorriente de la exigencia de acelerar la devaluación del tipo de cambio oficial para, precisamente, mejorar el tipo de cambio para los exportadores e incentivarlos así a aumentar la liquidación de dólares para acumular reservas. Una suba de retenciones actúa en el sentido opuesto: empeora el valor del dólar percibido por quienes exportan. Así, el productor recibe el 39% del precio internacional (en dólares) al descontarle 33% de retenciones más la brecha cambiaria.
“Es contradictorio, pero con un aumento tan grande del precio de las commodities es esperable que el Gobierno quiera apropiarse de parte de esa renta”, explicó el ex director de la Argentina ante del FMI, Héctor Torres. “Lo que no tiene ningún sentido es aumentar sólo, o más, las retenciones a los productos elaborados que a los insumos con los que se elaboran. Es como gravar el trabajo que agrega valor. Normalmente es exactamente al revés. Particularmente cuando en los mercados de exportación los aranceles son más altos para los productos elaborados que para los no elaborados”, profundizó.
De ahí la sorpresa y el enojo entre los actores del campo, quienes hasta el viernes pasado descreían de una medida como la anunciada. “Entendemos que no hay legalmente hoy condiciones para que el Gobierno saque un decreto y suba retenciones, dado que finalizó la Ley de Solidaridad y el Presupuesto de este año no fue aprobado. Deberían conseguir la aprobación del Congreso”, aseguró a Infobae un importante ejecutivo del sector cerealero la semana pasada y agregó: “Hay que recordar también que en el acuerdo con el FMI hay una mención a una revisión a la baja, si bien con poca definición. Pero en ningún lugar de este acuerdo se lee una suba de las retenciones”.
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