Desde la Cámara Argentina de Comercio y Servicios (CAC) enviaron una carta a la Administración Federal de Ingresos Publicos (AFIP), para manifestar su preocupación frente a la situación que se encuentran atravesando las empresas en relación al proceso de evaluación de su Capacidad Económica Financiera (CEF), un mecanismo que lleva adelante el ente recaudador.
“En las últimas jornadas, nuestra entidad recibió crecientes planteos de numerosas firmas y cámaras asociadas, respecto al mecanismo al cual son sometidas las empresas para establecer el coeficiente que tendrán durante el próximo mes, con el que deberán afrontar la posibilidad o imposibilidad de oficializar licencias de importación (SIMI) y los pagos al exterior; y a los bajos importes autorizados”, explicó la carta de la CAC dirigida a Mercedes Marcó del Pont.
“Actualmente no son conocidos por los contribuyentes cuáles son los parámetros que estipula la AFIP para otorgar el cupo, el cual en muchas ocasiones resulta escaso, ocasionando un perjuicio significativo. Vale agregar que esta situación es especialmente gravosa para las nuevas empresas sin historial de pagos al exterior ni operaciones de comercio internacional”, agregó el texto, firmado por Natalio Grinman, presidente de la cámara que agrupa a comercios y pymes.
Por eso, desde la CAC pidieron a la AFIP una mayor trazabilidad y mecanismos más flexibles para la conformación del CEF, para que estén acordes con las necesidades de las empresas. “Esto evitaría obstaculizar aún más las importaciones, en especial de insumos y materias primas esenciales para la actividad productiva, imprescindibles para sostener la recuperación que en los últimos meses registra la economía nacional, tras el severo impacto que significó la recesión iniciada en 2018 y la pandemia aún en curso”, señalaron.
A fines de enero pasado, las empresas detectaron dificultades para acceder a los sistemas de la AFIP y reclamaron que el Gobierno modificó sin explicación los criterios para permitir el acceso a los dólares para compras de insumos o bienes en el exterior. Desde el Poder Ejecutivo, en tanto, respondieron que el sistema de habilitaciones fue ajustado después de que detectaron que algunas empresas aumentaron “de forma desmedida” sus importaciones.
En un contexto de escasas reservas en el Banco Central, la tensión entre importadores y el Gobierno no es novedad. Pero desde las empresas consideran que se intensificó en febrero. Las quejas de las firmas que traen del exterior desde insumos hasta bienes terminados apuntan al primer eslabón de la cadena de permisos para tener divisas a precio oficial.
El circuito para ingresar al Mercado Único Libre de Cambios (MULC) incluye autorizaciones en el ministerio de Desarrollo Productivo, la AFIP y el Banco Central. El Gobierno suele reclamar ciertas proyecciones de inversión a las empresas para abrir la canilla de dólares a precio mayorista, un filtro para determinar hacia qué empresas o sectores fluirán o no las divisas.
El primer paso para desandar ese camino tiene lugar en el organismo tributario. La AFIP tiene para cada empresa una cifra -expresada en pesos- permitida para acceso a divisas que surge del cálculo de lo que se conoce como Capacidad Económica Financiera (CEF). Las empresas aseguran no tener conocimiento de cómo y con qué criterios puede llegar a modificarse esa primera ecuación, pero sí que cada principio de mes puede haber alguna novedad en el sistema, principalmente una actualización del tope permitido.
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