
El gobierno publicará esta noche en el Boletín Oficial una resolución de la secretaría de Comercio Interior por la cual se establecerá un congelamiento de precios para 1.432 productos de la canasta de consumo masivo, que deberán ser comercializados con los valores que tenían al 1° de octubre pasado durante los próximos 90 días. El anuncio fue formulado por el secretario de ese área, Roberto Feletti, tras reunirse de urgencia con las cámaras empresariales que reúnen a los productores de alimentos y a los supermercadistas. De esta manera, se diluyó la posibilidad de un acuerdo entre el Gobierno y el sector privado para coordinar un nuevo listado de precios.
“Había una necesidad de intervención. Los números de Indec me avalan. En muchos casos hubo aumentos del 10 al 25% en la primera quincena de octubre”, señaló Feletti tras salir de esa reunión.
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Para el funcionario, “no parece un gran esfuerzo para 60 empresas, muchas de ellas muy importantes, mantener los precios para estos productos. Hay vocación de la secretaría de seguir conversando y si hay márgenes de rentabilidad negativos, vamos a establecer correcciones”
Feletti señaló que “ni Copal ni las cadenas de comercializadoras rechazaron de plano la resolución”. Agregó que el organismo está “recibiendo inquietudes” por parte de algunas empresas, en su mayoría para pedir correcciones de precios.
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Hasta hoy al mediodía, fuentes cercanas al secretario Feletti habían afirmado a Infobae su expectativa de llegar a un acuerdo que no implique establecer el congelamiento a través de una normativa como fue en el caso de Precios Máximos. Desde el sector empresarial, también se rechazaba esa posibilidad. Y si bien hubo declamaciones de ambas partes señalando buena disposición para el diálogo, no hubo acuerdo. Finalmente, el Gobierno siguió el camino de establecer el congelamiento por decreto.

Desde su asunción en Comercio Interior la semana pasada, Feletti había anticipado la medida bajo la forma de una disposición oficial. Pero con el correr de los días, su discurso incorporó la posibilidad de que el congelamiento forme parte de un acuerdo, algo que hoy quedó en la nada.
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La reunión de esta tarde tuvo como antecedente inmediato un comunicado de la Coordinadora de las Industrias de Productos Alimenticios de Argentina (Copal), un texto de inusual dureza si se considera el tono habitual de las expresiones del sector privado. Feletti se lo hizo saber al titular de Copal, Daniel Funes de Rioja, durante la reunión de hoy.
“No ayuda el comunicado de la Copal; se lo dije a Funes de Rioja y dijo que pudo haber sido un error,” señaló Feletti.
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La Copal había advertido en su mensaje que “en la convocatoria recibida no están garantizadas las condiciones para conciliar las posibilidades de los sectores frente al pedido de estabilización de precios”.
“Los acercamientos realizados hasta el momento reflejan la falta de voluntad por parte de las autoridades para realizar un acuerdo con el sector. Asimismo, se evidenció que, a pesar del esfuerzo realizado por las empresas en enviar sus propuestas de participación, las mismas no fueron tenidas en cuenta, así como tampoco fue considerado el pedido de generar un espacio de intercambio en lo inmediato, que permita clarificar las realidades y posibilidades de los distintos sectores y encontrar en conjunto un acuerdo sostenible”, dijo Copal en su comunicado.
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“Los datos del Indec evidencian que no es la Industria de Alimentos y Bebidas (IAB) quien tracciona mayoritariamente en la inflación general. Muestra de ello es que el IPC de septiembre se incrementó un 3,5%, mientras que el IPC de alimentos y bebidas lo hizo por debajo de esta cifra, alcanzando un 2,9%. Lo mismo ocurre en el acumulado 2021, donde el IPC general alcanza un 37% mientras que el de alimentos y bebidas aumentó 36,6%”, agregó.
“El argumento de que la inflación se aceleró por los aumentos de la categoría de productos de alimentos y bebidas pierde sentido ya que existen otras divisiones cuyos precios crecen por encima del Índice IAB y del Índice General”, afirmó Funes de Rioja.
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El dirigente expresó que “frente a la amenaza de la aplicación de la Ley de Abastecimiento y las manifestaciones sobre codicia, hay que reconocer que la industria no es la causa de la inflación sino que sufre sus consecuencias”.
“La realidad demuestra que las políticas de congelamiento de precios no logran resolver los desequilibrios macroeconómicos que dan origen a la inflación. Adicionalmente, resultan insostenibles ya que afectan el largo plazo para la continuidad productiva, dado que lleva a las empresas a producir a pérdida por no atender los innumerables aumentos de costos que viene afrontando el sector”, agregó.
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“Estamos abiertos al diálogo, siempre hemos demostrado el esfuerzo para acompañar las iniciativas y programas planteados por el Gobierno en materia de precios, así como nuestro compromiso de abastecimiento de alimentos y bebidas a las familias argentinas”, concluyó Funes de Rioja.
Qué dice la resolución
Según anticipó Comercio Interior, la resolución que se publicará esta noche en el Boletín Oficial dispone la “fijación temporal de precios máximos de venta al consumidor para todos los productores, comercializadores y distribuidores” para un universo de 1.432 artículos, que incluye tanto primeras marcas como productos de pequeñas y medianas empresas. Por otra parte, la resolución “garantiza que en las 23 provincias y en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, la canasta contendrá necesariamente los siguientes rubros: Almacén, Limpieza e Higiene y Cuidado Personal”. La medida extenderá hasta el 7 de enero de 2022 los precios vigentes al 1° de octubre pasado.
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Su objetivo, señaló el organismo, es “garantizar la competencia equitativa en todo el universo de las empresas que formaron parte del diálogo, evitando conceder privilegios al grupo minoritario que decidió oponerse al acuerdo”. En este sentido, para Comercio Interior la medida del congelamiento “fue consensuada por un amplio porcentaje de los representantes de las empresas participantes (tanto productoras como comercializadoras), que así lo hicieron saber a las autoridades”. Las expresiones de Copal previas a la reunión de esta tarde van en sentido contrario a esa afirmación.
En los encuentros mantenidos, los funcionarios subrayaron que “el crecimiento económico proyectado para este año, sumado al aumento de la circulación producto del inicio de la pospandemia, el hecho de que el último trimestre es estacionalmente el de mayor consumo y el potencial de incremento que aún tiene la capacidad instalada en la industria, conforman un conjunto de condiciones que habilitarán un aumento de las ventas”.
Fuentes de diversas compañías cuestionaron fuertemente la lista que les dio a conocer el Gobierno y señalaron que muchos productos tienen precios entre 10% y 15% más bajos que los que regían al 1° de octubre, como planteó el Gobierno. Además, coincidieron en remarcar que “se incluyeron muchos artículos core de las compañías, es decir, que representan un gran porcentaje de la facturación”.
La canasta incluye una lista amplia de bienes de almacén, lácteos, panificados, congelados, bebidas, artículos de limpieza, higiene, cuidado personal, perfumería y escolar entre otros rubros representativos del consumo cotidiano de todas las familias argentinas. Desde la secretaría detallaron que hay 47 empresas que ofertan más de diez productos cada una y tienen el 72% de la lista. “Las empresas deben aprovechar la expansión del consumo y ganar por cantidad, en lugar de ganar por precio”, es el mensaje oficial.
“Apelo a la responsabilidad empresaria”, dijo Feletti al retirarse de la reunión con el sector privado.
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