
Un informe del Instituto de Investigaciones Económicas (IIE) de la Bolsa de Comercio de Córdoba cuestionó los dos proyectos de ley presentados por diputados oficialistas que apuntan a reducir la jornada laboral en la Argentina como maneja de mejorar la productividad. “Los países que bajaron las horas trabajadas lo hicieron luego de haberse desarrollado, con crecimiento económico y de la productividad sostenidos. Estas condiciones no están dadas en la Argentina”, advierte el estudio.
En ese sentido, remarcó que si se reduce la jornada laboral y se mantienen los salarios las consecuencias serían negativas para el empleo. “Para un trabajador contratado por 48 horas, que pasará a tener una jornada legal de 36 horas, el costo laboral por hora aumentaría 33,3% por la nueva jornada legal y 50% si se mantuviera la jornada efectiva y se pagaran horas extra”, analizó.
Cabe recordar que el Gobierno prometió analizar las iniciativas pero destacó que en otros países implicó reducciones salariales. El ministro de Desarrollo Productivo Matías Kulfas, desalentó los dos proyectos de reducción de la jornada laboral porque advirtió que, como en los países en que hubo iniciativas similares que se llevaron a cabo hubo bajas del salario como parte de ese paquete.
Según el estudio del IIE, “los proyectos argumentan, incorrectamente, que la jornada laboral en Argentina es de las más extensas de la región y que con una reducción de las horas trabajadas aumentará la productividad”.
En ese sentido, indicó que según los datos oficiales de este año, la jornada laboral efectiva promedio es de 36 horas semanales entre asalariados formales del sector privado y sólo el 25% de esas personas trabaja al menos 48 horas. Y añadió que Argentina es el segundo país del continente con menos horas trabajadas, detrás de Uruguay.
El informe afirmó que los países que bajaron las horas trabajadas lo hicieron luego de haberse desarrollado, con crecimiento económico y de la productividad sostenidos. “Estas condiciones no están dadas en la Argentina”, alertó.
“El punto de fondo es que para poder avanzar hacia una reducción de la jornada laboral es esencial antes haber tenido ganancias de productividad suficientes que permitan afrontar ese tipo de medidas, tal como lo muestra la evidencia internacional”, dijo a Infobae Lucas Navarro, director del IIE.
En ese sentido, agregó: “En Argentina venimos de una década de estancamiento económico con caída del PBI per cápita pronunciada. Además de eso, estamos segundos en la región detrás de Uruguay, como el país donde se trabajan menos horas por trabajador al año. Son temas importantes pero que deben estudiarse a fondo y con sumo cuidado”.
De acuerdo al análisis del IIE, una reducción de la jornada laboral propuesta afectaría directamente al 42% de los asalariados formales del sector privado, si la rebaja es a 40 horas, y al 64% de ellos si el tope baja a 36 horas semanales.

“Si se reduce la jornada laboral y se mantienen los salarios las consecuencias serían negativas para el empleo. Para un trabajador contratado por 48 horas que pasara a tener una jornada legal de 36 horas, el costo laboral por hora aumentaría 33,3% por la nueva jornada legal y 50% si se mantuviera la jornada efectiva y se pagaran horas extra”, destacó.
Asimismo, afirmó que en términos agregados, “se estima que el costo laboral por hora asociado a las personas supuestamente beneficiadas por la reducción de la jornada legal aumentaría en cerca de 10%”. En ese sentido, manifestó que “lograr un aumento en la productividad que compense tal aumento de costos resulta muy difícil dadas las condiciones actuales”.
En otro orden, el informe indicó que es poco probable también que con una jornada horaria legal más corta se distribuya la carga de trabajo entre más personas y aumente el empleo.
“Si aumenta el costo laboral por hora, los incentivos a mantener empleos y generar trabajo serán menores, o bien las nuevas contrataciones serán a salarios más bajos. Otra vía de escape al aumento de costos del trabajo registrado será la informalidad”, advirtió.
De acuerdo al IIE, se perdieron más de 17.000 empresas en el país, la gran mayoría pymes, lo que da cuenta de que la rentabilidad de los negocios no soporta más regulaciones del Estado que aumentan costos.
“La discusión sobre la reducción de la jornada laboral debiera realizarse con base en la evidencia y estudios que evalúen en profundidad sus impactos. De lo contrario, de concretarse una medida como tal, lo que pretende ser una buena noticia, o una promesa de campaña, se puede transformar en una nueva pesadilla para las empresas y las personas trabajadoras a quienes se pretende beneficiar”, destacó el informe. Y concluyó: “Para salir de una crisis tan profunda como la actual deben facilitarse las condiciones para producir y trabajar más, no menos”.
Cómo son los proyectos que llegaron al Congreso
El primer proyecto corresponde al diputado de origen sindical Hugo Yasky, que sostiene que “la duración del trabajo no podrá exceder de ocho horas diarias o cuarenta horas semanales”.
Según el legislador, la Argentina se encuentra dentro del grupo de países latinoamericanos con jornada de trabajo más extensa, que ronda entre las 46 y las 48 horas de trabajo semanal, junto con otras naciones como Bolivia, Colombia, Costa Rica, Guatemala, México, Panamá, Paraguay, Perú y Uruguay.
Mientras que Chile junto a Brasil, El Salvador, Honduras y República Dominicana “se encuentran entre los países que tienen una jornada laboral semanal de cuarenta y una a cuarenta y cinco horas”, agregó el proyecto firmado por Yasky y otros diputados del oficialismo.
La segunda iniciativa en cuestión fue presentada por la diputada y dirigente del gremio La Bancaria, Claudia Ormaechea. Su proyecto indica que “la duración del trabajo no podrá exceder de seis horas diarias o treinta y seis semanales”, mientras que “la jornada de trabajo nocturno no podrá exceder de cinco horas y quince”.
De todas formas, plantea excepciones a ese límite en la carga horaria como directores y gerentes, trabajos efectuados por equipos, entre otras situaciones. “Nuestra propuesta despliega la posibilidad de variar la duración de la jornada laboral como herramienta para la mejor distribución del trabajo existente y, al mismo tiempo, para incrementar la productividad a través de los beneficios que representa, a saber: disminución del ausentismo, disminución de la siniestralidad y disminución de la cantidad de accidentes de trabajo”, menciona el proyecto.
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