Los desaires del Gobierno a Estados Unidos impactarán en las futuras negociaciones con el Fondo Monetario Internacional

La decisión de la Argentina de abstenerse a la hora de condenar al régimen de Daniel Ortega por violación de derechos humanos que impulsó la Organización de Estados Americanos (OEA), es un eslabón dentro de una política internacional que dio un giro de 180 grados. El Gobierno se acerca cada vez más a países de dudosa reputación y así se aleja en buena medida de las posturas que apoya Estados Unidos.

El caso de Nicaragua se agrega a la decisión tomada en su momento de retirar las denuncias contra el régimen de Nicolás Maduro en Venezuela. Además, Cancillería decidió sumarse a la investigación sobre posibles crímenes de guerra contra Israel, lo que fue leído implícitamente como un apoyo al grupo terrorista Hamas. Y por supuesto que la política de compra de vacunas a Rusia, mientras se le dio la espalda a las norteamericanas, va en la misma dirección.

Este reposicionamiento internacional de la Argentina puede tener consecuencias en otros terrenos. El giro tan brusco en las posturas internacionales podría tener impacto en las futuras negociaciones con el FMI, e incluso también en cómo se resolverá el vencimiento aún pendiente con el Club de París, por un total de USD 2.400 millones a fin de julio.

El presidente Alberto Fernández, y el ministro de Economía, Martín Guzmán, habían regresado de su gira por Europa a mediados del mes pasado con las manos vacías. O por lo menos con menos respaldo de lo esperado para patear para adelante el vencimiento con el Club de París. La respuesta europea es que antes de apoyar un nuevo aplazamiento, el Gobierno debería sentar bases concretas para una negociación con el FMI. Alemania es uno de los países que mantiene una acreencia mayor con la Argentina, mientras que Japón es el otro gran acreedor. Entre los dos suman el 55% de la deuda total con el Club de París.

Por lo tanto, no queda otra que resolver las cosas con el FMI. Aún no hay fecha para el inicio de una negociación y entre septiembre y diciembre vencen más de USD 4.000 millones. Es un misterio todavía qué pretende hacer la Argentina. Una opción es enfrentar el pago con reservas, otra sería negociar antes de los vencimientos y la tercera posibilidad es no hacer frente a esos compromisos, como el kirchnerismo duro le viene sugiriendo al ministro de Economía, Martín Guzmán. Claro que entrar en default con el Fondo Monetario, aun por un plazo corto de tiempo, sentaría un precedente inédito para la Argentina.

Más allá de convencer a los técnicos del FMI sobre las características de un nuevo acuerdo, la Argentina también deberá contar con el visto bueno del directorio del organismo, que justamente está dominado por los Estados Unidos. En cambio, países como Rusia y China –hoy más cercanos a los intereses nacionales- tienen mucha menor participación.

Con este panorama, cualquier acuerdo que la Argentina encare con el FMI será cuesta arriba. En primer lugar por las exigencias que buscará imponer el propio staff técnico para llegar a un acuerdo de largo plazo, que permita refinanciar a 10 años el grueso de la deuda, que llega a los USD 44.000 millones.

Pero luego aparece el condicionamiento político. Con los últimos pasos que dio el Gobierno, la voluntad del directorio del FMI de apoyar un acuerdo con menos exigencias luce mucho más difícil.

En 2018, el gobierno de Mauricio Macri consiguió un préstamo récord del FMI, que además se definió en un corto período de tiempo. Aquello fue posible justamente por el respaldo del gobierno de Donald Trump, que apuró la evaluación del crédito en el staff técnico del organismo. Muchos lo interpretaron, en aquel momento, como un espaldarazo a ese gobierno para darle ayuda financiera y que gane las elecciones de 2019. Hoy la situación es sustancialmente distinta.

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