
La Asamblea Legislativa de El Salvador aprobó en sesión plenaria la garantía soberana del Estado para respaldar un préstamo de $100 millones del Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento (BIRF) al Banco de Desarrollo de El Salvador (Bandesal). Esta medida, impulsada por el Ejecutivo y dictaminada favorablemente por la Comisión de Hacienda y Especial del Presupuesto, busca fortalecer el acceso a crédito para micro, pequeñas y medianas empresas (mipymes) a través de intermediarios financieros.
El dictamen 214, avalado en la sesión del 11 de mayo de la Comisión de Hacienda, fue trasladado al pleno legislativo tras el análisis y justificación por parte de representantes del Ministerio de Hacienda que se presentaron ante la Comisión.
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La aprobación de este dictamen se concretó con 57 votos a favor en el pleno legislativo, lo que permitirá a Bandesal suscribir el contrato de préstamo con el BIRF bajo la garantía del Estado, en el marco del “Proyecto de intermediación financiera mejorada para la creación de empleo”.
El principal objetivo de la iniciativa, según los diputados, es mejorar el acceso a financiamiento para las mipymes, con el propósito de fomentar la creación de empleo, el aumento de la productividad empresarial y la generación de ventanas de liquidez. De acuerdo con la documentación oficial y la discusión en la Comisión de Hacienda, los recursos se canalizarán a través de instituciones financieras del país, que a su vez otorgarán préstamos a las mipymes.
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El préstamo de $100 millones está destinado a financiar inversiones en tres áreas principales: sectores estratégicos de la economía, turismo e inclusión financiera, con prioridad para empresas lideradas por mujeres. Marlon Herrera, director de inversión y crédito público del Ministerio de Hacienda, explicó ante la Comisión de Hacienda que el financiamiento permitirá otorgar créditos a mipymes que desarrollan actividades clave para el país, así como a empresas turísticas y aquellas que promueven la inclusión financiera.
El acuerdo establece que el préstamo tendrá un plazo de hasta 18 años, incluyendo un periodo de gracia de cinco años. El capital se amortizará mediante cuotas semestrales consecutivas, en lo posible iguales, hasta su cancelación total. Los intereses corresponderán a una tasa de referencia (basada en SOFR a seis meses) más un margen variable, o la tasa aplicable tras una conversión, según se estipule en el contrato de préstamo.
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Además, el contrato contempla el pago de una comisión inicial de 0.25% sobre el monto total del préstamo, financiada con los propios fondos, así como una comisión compromiso del 0.25% anual sobre el saldo no desembolsado.
El proyecto se estructura en dos componentes principales: una línea de crédito multidestino gestionada por Bandesal y un fondo de garantía parcial para mitigar riesgos y movilizar capital privado. La línea de crédito podrá operar mediante convenios con bancos, cooperativas y otras entidades financieras, mientras que el fondo de garantía permitirá respaldar operaciones y ampliar la cobertura de crédito.

Herrera mencionó ante la Comisión que el financiamiento incluirá también asistencia técnica y productiva para los beneficiarios. El diputado Edgardo Mulato, del partido Nuevas Ideas, señaló en ese momento que esta asistencia busca facilitar la inserción de micro y pequeños empresarios en la economía formal, apoyando su transición y fortalecimiento.
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La solicitud para este proyecto fue presentada por el ministro de Hacienda, Jerson Posada, argumentando la importancia de respaldar a Bandesal para ampliar el acceso a crédito de las mipymes. La Comisión de Hacienda realizó una exposición y análisis de la propuesta antes de emitir el dictamen favorable.
Esta garantía estatal se suma a las acciones orientadas a fortalecer el sector productivo, según los diputados, y a generar condiciones de financiamiento más accesibles para las mipymes salvadoreñas, consideradas clave en la dinamización de la economía y la generación de empleo.
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