Ya sin el IFE y atento a la evolución de la pandemia, el Gobierno apostará este año a los planes para recuperar el empleo y a la Tarjeta Alimentar

El Ministro de Desarrollo Social Arroyo indicó a Infobae que se trabajará para crear 300.000 puestos de trabajo formales y con todos los programas de asistencia para los más pobres

Daniel Arroyo, titular de Desarrollo Social
Daniel Arroyo, titular de Desarrollo Social

El Gobierno afirmó que por ahora manejará los programas sociales planteados en el presupuesto 2021, pero que, si se complicara la situación económica por la pandemia, analizaría eventualmente la situación.

Fuentes oficiales indicaron a Infobae que, tal como se planteó desde fines del año pasado, no está previsto que se implemente este año el Ingreso Familiar de Emergencia (IFE), al igual que también se descartó continuar con el ATP.

El ministro de Desarrollo Social, Daniel Arroyo, indicó que “para este año, nuestra tarea principal es convertir los planes sociales en trabajo. Tenemos previsto generar 300 mil puestos de trabajo, urbanizar 400 barrios populares para resolver los problemas de hacinamiento y, al mismo tiempo, motorizar el empleo vinculado a la construcción. También queremos crear 800 jardines de infantes porque eso permitirá incluir a los niños y niñas y darles oportunidades”.

“Al mismo tiempo vamos a seguir sosteniendo la cobertura alimentaria, que tiene una base importante en la tarjeta Alimentar, que vuelca 10 mil millones de pesos mensuales para mejorar la nutrición en las y los niños menores de seis años”, dijo a Infobae.

“Pero si la situación cambia, vamos a tomar otras medidas de asistencia porque el presidente Alberto Fernández definió que no se va a dejar a nadie desprotegido”, aclaró.

Tal como lo indicaron en varias oportunidades los ministros Arroyo y Martín Guzmán, luego del pico de la pandemia y la cuarentena del año pasado, el Gobierno decidió aplicar planes focalizados. Esto se debe a los síntomas de reactivación, pero también a la necesidad de reducir el déficit fiscal del 6,5% del año pasado al menos al 4,5% este año, como se planteó en el presupuesto votado por el Congreso Nacional.

Fuentes oficiales aclararon que, si hubiera un empeoramiento del escenario económico, se analizaría un refuerzo en las partidas sociales, pero aclararon que el foco actual está colocado en lograr una recuperación económica que el Gobierno confía en que al menos será del 7 por ciento, luego de una caída del 10% en 2020.

A través del plan Argentina Contra el Hambre, la cartera liderada por Daniel Arroyo invirtió $133.234 millones de pesos. Así, el año pasado se multiplicó la inversión en un 451 por ciento respecto al año anterior.

Alberto Fernández, Daniel Arroyo y Marcelo Tinelli en la Mesa contra el hambre
Alberto Fernández, Daniel Arroyo y Marcelo Tinelli en la Mesa contra el hambre

“Esto fue posible por el despliegue federal que alcanzó la Tarjeta Alimentar mediante la cual se invirtieron, en todo el país, 95.355millones de pesos alcanzando a más de 1.567.000 madres o padres con hijos y/o hijas de hasta seis años que reciben la Asignación Universal por Hijo (AUH), embarazadas a partir de los tres meses de gestación que cobran la Asignación por Embarazo y personas con discapacidad que reciben la AUH”, se indicó desde la cartera.

El año pasado, en forma mensual , “se fueron acreditando en cada Tarjeta 4.000 pesos para titulares que tienen un hijo o hija y 6.000 para aquellos con dos o más hijos. En mayo y diciembre, el monto se duplicó para mejorar la capacidad de compra de la prestación. Vale destacar que a partir de febrero de 2021 los montos aumentaron a 6.000 y 9.000 pesos respectivamente, incremento que quedó incorporado definitivamente a la prestación. De esta manera, 1.945.047 niños, 45.710 embarazadas y 49.520 personas con discapacidad pudieron acceder a la compra de alimentos a través de la Tarjeta. Por otro lado, 19.432 comedores escolares fueron asistidos en todo el país a través de la transferencia de fondos a gobiernos provinciales para suplementar el sistema alimentario escolar que, durante el aislamiento por Covid-19, se adaptó a sistemas de viandas. Esto implicó una inversión, en 2020, de 8.261 millones de pesos. En lo que respecta a la asistencia a comedores y merenderos, la ayuda alcanzó a 5.523 lugares a los que concurren 550mil personas en todo el país. Además, se entregaron 8.601.934 módulos alimentarios a familias en situación de extrema vulnerabilidad y 1.727.792 canastas navideñas”.

Por otro lado, “a través del programa Sembrar Soberanía Alimentaria, creado con el objetivo de fortalecer el trabajo asociativo de productores de la agricultura familiar y potenciar la conformación de redes de abastecimiento de alimentos, se invirtieron 123 millones de pesos para el desarrollo de 38 proyectos que alcanzan a 396 unidades productivas”.

En relación con el programa Prohuerta, que asiste técnicamente y distribuye semillas, frutales, animales de granja y herramientas para promover y fortalecer la producción en huertas familiares, escolares y comunitarias, “se invirtieron 699 millones de pesos que alcanzaron a 610 mil huertas y granjas en funcionamiento en todo el país. Así, se entregaron 210.000 kits de insumos y casi 150.000 anima les de granja distribuidos en la campaña otoño-invierno”.

Mientras que, en primavera-verano “se repartieron 541.562 kits de insumos y alrededor de 271.000 animales de granja producidos en los 18 centros de multiplicación desarrollados junto a diversos organismos y organizaciones sociales”.

Además, “se inició de la línea de trabajo Fortalecimiento de Espacios Productivos invirtiendo un total de 11 millones de pesos, destinados a 55 proyectos de autoproducción y comercialización de alimentos”, indicaron en la cartera cuyo titular fue sobreseído por el juez Sebastián Casanello en la causa referida al pago de supuestos sobreprecios, ya que el magistrado afirmó no haber encontrado ningún ilícito y que los procedimientos de compras se hicieron según la normativa vigente.

La falta de continuidad del IFE genera una rispidez con algunos movimientos sociales que en el Gobierno consideran lógica y natural en un escenario de crisis económica y alta pobreza; pero los límites fiscales, que llevaron a que la Argentina gastara menos que otros países vecinos en materia de asistencia social durante el pico de la pandemia, son claros para el equipo económico.

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