Profunda preocupación: la cámara de empresas de EEUU en el país le envió una carta al Gobierno por el DNU que afecta a las telecomunicaciones

“En nombre de la Cámara de Comercio de Estados Unidos en Argentina (AmCham Argentina) me dirijo usted a los efectos de manifestarle nuestra profunda preocupación en torno al Decreto 690/2020, publicado el pasado 21 de agosto”.

Así comienza la extensa carta que le envió hoy al jefe de Gabinete, Santiago Cafiero, la cámara que nuclea a las compañías de origen estadounidense que están radicadas en el país. La referencia, claro, es el DNU que firmó Alberto Fernández el viernes pasado en el que se declara como servicios públicos a Internet, la televisión por cable e Internet y se congela sus precios hasta fin de año.

“Entendemos que semejante cambio de reglas produce un impacto sumamente negativo para todos los actores del sector de la Tecnología de la Información y las Comunicaciones (TIC), inversores, sus cientos de miles de empleados en todo el país, en su cadena de valor y en toda la comunidad digital, trasladando incertidumbre a la sociedad acerca de la calidad en la prestación de los servicios que puedan recibir en el futuro”, asegura el texto.

En la carta, que firma Alejandro Díaz, director ejecutivo de Amcham, se detalla que las empresas analizan ir a la Justicia, local e internacional, para plantear al inconstitucional del decreto y se pude “revisar esta decisión y convocar a una mesa de diálogo con los actores involucrados para, por la vía del consenso, se pueda encontrar una solución viable para todas las partes”.

También se señalan 7 puntos con los efectos que esta medida ocasionará:

1 - Fijación de tarifas disociadas entre los costos crecientes de insumos y la contraprestación ofrecida;

2 - Obligaciones de inversión para ampliar redes en zonas determinadas sin rentabilidad u ofreciendo productos no rentables, sin compensación alguna;

3 - Estándares mínimos de calidad de los servicios que no se correlacionan con los ingresos esperados;

4 - Fuerte reducción de las inversiones futuras: nuevas tecnologías que nunca llegan y un deterioro constante de las existentes;

5 - Pérdida de contenidos producidos en el exterior, y de producciones desarrolladas en el país;

6 - Imposibilidad de dar servicio eficiente al crecimiento del comercio electrónico, el consumo de contenidos, la telemedicina, la educación y otros productos que requieren de la conectividad para efectuarse;

7 - Y preocupantemente la perdida en la empleabilidad.

Otros tramos de la carta

- “Está de más mencionar que compartimos el objetivo de alcanzar la universalidad de acceso a todos los argentinos, ofreciendo paquetes básicos para dichos sectores vulnerables. Pero decretarlo como servicio público, en cambio, constituye una regulación limitante, que genera desequilibrios para la inversión en nuevas tecnologías y en la posibilidad de sumar nuevos accesos y conectividad a personas o zonas del país que hoy carecen de este servicio”.

- “Las telecomunicaciones son una industria en competencia de más de 1200 prestadores que permiten a los usuarios optar por distintas ofertas de conectividad, en todas las provincias y municipios del país, bajo un régimen de licencias y no de concesión pública. En este mercado con múltiples competidores / prestadores de estos servicios, si el Estado fija el precio (tarifa) de los productos ofrecidos por las compañías privadas afecta sensiblemente la posibilidad de competir y desarrollar diferentes ofertas a sus actuales o potenciales clientes”.

- “El Decreto establece que el precio debe ser “justo, razonable y equilibrado”, y por lo tanto, los futuros aumentos deben sustentarse o justificarse a partir de los costos, las inversiones y las ganancias resultantes, analogía fuertemente criticable como en el caso de otras resoluciones de este tenor como las que fijan precios máximos por un tiempo determinado”.

- “Ningún actor del sector privado niega la centralidad de prestaciones como la telefonía o el Internet, y su incidencia en las brechas sociales, pero no es lo mismo regular unilateralmente las tarifas, bloqueando las chances de inversiones, que buscar la cooperación de las empresas para establecer acuerdos consensuados satisfaciendo las necesidades de los sectores vulnerables de nuestra sociedad”.

Finalmente, la misiva está acompañada por un extenso Anexo titulado: “Políticas Públicas para el Desarrollo Digital. Sobre el despliegue de infraestructura de TIC y servicios digitales. Comité de Innovación en Tecnología y Telecomunicaciones de AmCham Argentina”.

Allí se concluye que “es preciso promover una regulación basada en mecanismos transparentes con eficiencia administrativa y sistematización de procesos, ya sea que refieran a la atribución del espectro en forma coherente con la realidad del mercado local; a la asignación de ese espectro a los servicios de TIC en forma lógica para suplir la demanda de servicios del mercado local y su pretendida evolución; o a la administración interna de recursos económicos propios tales como tasas y otros ingresos, de modo de ser autosustentable económicamente a fin de ser lo más independiente posible de los vaivenes políticos del país”.

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