
Una nueva preocupación escaló intempestivamente al tope de la agenda empresaria en los últimos días. El proyecto de ley de teletrabajo aprobado hace dos semanas en la Cámara de Diputados y que podría ser convertido en ley el próximo jueves por el Senado acapara por estas horas todas toda la atención del sector privado. Aseguran que, tal como se sancionó, la norma restringe en vez de promocionar el trabajo remoto, sumando costos que atenta contra los nuevos planes que en todas las compañías de muy distintos sectores -desde la industria a los servicios financieros- empiezan a desarrollar, tras la experiencia del homeoffice obligado en el marco de la cuarentena.
El tratamiento veloz de la iniciativa en la Cámara baja tomó por sorpresa a los empresarios, que esperaban ser convocados para discutir los detalles de la norma y entre quienes crece el malestar por el texto que, aseguran, no fue consensuado ni consultado con las partes involucradas. “No hablaron con las empresas ni tampoco con los trabajadores. De los 25 proyectos que había para discutir, en una semana aprobaron uno de los peores, sin ninguna consulta previa. Fue como un rayo”, aseguró Luis Galeazzi, CEO de Argencon, una de las nueve entidades empresarias que unieron fuerzas para pedir una mesa de diálogo antes de la sanción definitiva de la ley.
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La UIA, el Foro de Convergencia, IDEA y la asociación de bancos ABA, entre otras agrupaciones privadas, empezaron desplegar una intensa acción de lobby para frenar la norma en el Senado y buscan que los reciban con sus planteos tanto en los despachos oficiales del ministro de Trabajo, Claudio Moroni, con quien se reunirían el próximo martes, y del ministro de Producción, Matías Kulfas, como en el de los senadores que deberán tratar el proyecto. Por el momento, ya han mantenido contacto con legisladores de la oposición y está previsto, durante la semana, un encuentro en la comisión de Trabajo. Esta comisión está presidida por el senador pampeano Daniel Llovera, autor de un proyecto propio de ley para regular el teletrabajo que es mejor visto por los empresarios.

La principal queja respecto del texto aprobado en Diputados radica en “la concepción que esa ley tiene del teletrabajo, como un formato rígido pero en el domicilio”, explicó Miguel Blanco, coordinador del Foro de Convergencia. “Está hecha con la mentalidad del call center y el teletrabajo ya es algo mucho más amplio”, aseguró.
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Detrás de los planteos empresarios está la expectativa de lograr algún grado de apoyo de la propia CGT, a cuya conducción le enviaron el lunes por la noche un documento a consensuar, con la intención de presentar un planteo conjunto ante los senadores la próxima semana. En este sentido, advierten que hay matices entre los sindicalistas y que no necesariamente tienen la misma mirada en los gremios que representan a trabajadores de la actividad privada -cada vez más preocupados por la pérdida de puestos de trabajo- que los gremialistas del sector público, desde donde se impulsa el proyecto.
“Los legisladores de extracción sindical que impulsan este proyecto no tienen la vivencia de los sindicalistas del sector privado, tal vez tengan temor a perder el control”, afirman en las entidades empresarias. De todos modos, aún no recibieron una respuesta de la central obrera al documento enviado.
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“Es probable que con esta ley, en vez de ampliarla, las empresas retraigan su oferta de teletrabajo, que es una opción muy valorada por los trabajadores. Existe el riesgo de que ocurra lo mismo que con la ley de pasantías, las regularon tanto que desaparecieron”, opinó Galeazzi.
Entre los puntos más cuestionados que desalentarían a las compañias a avanzar en el nuevo formato remoto se cuentan la reversibilidad, es decir, la posibilidad del trabajador de decidir unilateralmente volver a la modalidad presencial; la desconexión digital, que impediría, por ejemplo, la recepción de mails fuera del horario laboral; la compensación de gastos remunerativa y, finalmente, la obligación de que el empleador se adapte a las tareas de cuidado en el hogar del teletrabajador. “Es una gran discriminación respecto del trabajador presencial, que adapta su vida personal para poder trabajar”, se afirma en un documento interno que circula entre las entidades, en el que también se destaca la necesidad de legislar con la mira puesta en el teletrabajo post cuarentena y no en la práctica actual, forzada por las circunstancias.
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