
Los ladridos en la negociación para salir del default comenzaron a escucharse más fuerte desde ayer, con un importante grupo de acreedores que advirtió que podría reclamar la aceleración de la deuda o litigar contra el país, mientras el Gobierno afirmaba que no puede aceptar lo que le piden.
De todos modos, en voz baja, los bonistas creen si bien el diálogo está congelado, todavía no se rompió en forma total. “La diferencia es de cinco dólares”, dijo a Infobae una fuente ligada a uno de los fondos más importantes de Wall Street involucrado en esta batalla, por ahora, financiera.
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“Hay dos alternativas, o el Gobierno sigue negociando o prueba al mercado lanzando su oferta sin consenso”, agregó.
Con un ánimo más pacificador todavía, desde el grupo de Greylock-Fintech-Gramercy-Humes, expresaron que sería “una lástima” no acordar cuando la diferencia con el Gobierno es de dos dólares. Además, consideraron que algunos fondos de inversión no querrán seguir la táctica “hostil” del estudio White & Case, que asesora a BlackRock, y que aceptarían una oferta que valiera 55 dólares.
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Si no lograra un acuerdo con estos tres comités, el Gobierno debería apelar a la habilidad de los bancos colocadores (HSBC y Bank of America) para que consigan al menos otro 20% de adhesión en la banca privada global con esta oferta cercana a los USD 50, señaló anoche un ex negociador de la deuda. No llegaría a las mayorías y seguiría en default, pero podría afirmar que la aceptación es un poco más digna que el 18% logrado en la primera vuelta. ¿Los peligros?: una aceleración de la deuda y alguna complicación en la negociación de los bonos bajo ley local, donde hay actores extranjeros. En esete caso, los allegados al presidente Alberto Fernández que no quieren que el ministro Martín Guzmán siga en su cargo, redoblarían su presión. “Hace rato que el Gobierno debería haber cambiado de negociador; ya nadie quiera hablar con este ministro”, dijo, enojado, un hombre del sistema financiero de muy buen vínculo con e oficialismo.
La oferta del Gobierno presentada anoche es de 49,9 dólares, más el cupón ligado a las exportaciones, que pagaría entre 2026 y 2046, en base a los datos de las ventas al exterior registrados por la Aduana. Este “endulzante” fue cuestionado por los analistas, como su predecesor ligado al PBI, por ser poco valorado por el mercado.
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La propuesta incluye una quita de capital del 3%. El primero de los nuevos bonos vence en 2030, paga capital desde 2025 y empieza a pagar un interés del 0,1% en 2021 y desde 2028 del 1,7%, el segundo vence en 2035, paga capital desde 2031 y paga interés del 0,1% desde 2021 y del 5% desde 2029; y el tercero vence en 2046, paga capital desde 2025 e interés del 0,1% desde 2021 y del 5% desde 2029.
Además, hay dos bonos para los bonistas de los canjes del 2005 y 2010, en dólares, un par y un discount. En este caso, no hay quita de capital (ya que la quita se había efectuado en los mencionados canjes.
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El discount en dólares vence en 2038, comienza a pagar capital desde 2028 e intereses del 0,1% en 2021 y del 3% en 2023; el Par vence en 2041, paga capital desde 2027 e interés desde 2021 del 0,1% y del 3% desde 2023 también
Por otro lado, por los intereses devengados, ofrece un bono que vence en 2030 y paga capital desde 2026 e interés desde 2021 del 1% hasta su vencimiento.
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La propuesta del grupo Ad Hoc, que anoche dijo entre otras cosas, que utilizará todas las herramientas legales disponibles para cobrar (podría pedir la aceleración de alguna serie y presentar una demanda en los tribunales, como la que ya preparó el abogado Brian Pfeiffer del mencionado estudio jurídico), propone siete bonos en dólares y siete en euros.

Vencen entre 2027 y 2045, con una maduración promedio de 12,8 años, interés promedio de 3,6% y un pago por intereses devengados mitad en efectivo y mitad con un bono. Además, afirma que los bonos deben conservar los derechos legales otorgados en 2005, que son más sólidos que los emitidos en 2016.
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Esta oferta se presentó junto con el comité liderado por Monach y representado jurídicamente por Dennis Hranitzky, que daría a conocer su postura en las próximas horas. Públicamente, el abogado ya dijo que sería una desilusión no poder seguir negociando y tener que recurrir a la vía legal, como la que él lideró como representante del fondo buitre de Paul Singer entre 2005 y 2015. Aquella historia, se sabe, terminó con la Argentina en default total en 2014 por una batalla que, como esta, se podría haber saldado en una mesa de negociaciones, pero terminó en los tribunales de Estados Unidos, donde los contratos y el derecho de los acreedores tiene una importancia trascendental.
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