Tal como lo venían reclamando desde ese sector, el Gobierno incluyó a las cooperativas en el programa de ayuda para abonar los sueldos, en el marco de la pandemia de coronavirus. La medida se comunicó a través de la Resolución 144/2020, que fue publicada este viernes en el Boletín Oficial.
“Establécese una asistencia económica de emergencia en el marco del Programa Trabajo Autogestionado destinada a unidades productivas autogestionadas por trabajadoras y trabajadores que suspendieran su actividad productiva o disminuyeran su nivel de ingresos económicos como consecuencia del aislamiento preventivo, social y obligatorio”, se determinó en el artículo 1º de la norma.
A su vez, se dispuso que “podrán acceder por el plazo de 2 meses a la ayuda económica individual para sus socios trabajadores y socias trabajadoras, siempre que el retorno de excedentes para cada socia o socio sea inferior al monto de 1 salario mínimo, vital y móvil”. Asimismo, se aclaró que ese plazo podrá prorrogarse en función de la extensión de la cuarentena y de los fondos presupuestarios disponibles.
Más allá de confirmar que podrán acceder unidades productivas que registren participación previa o no en el citado programa y de detallar la documentación a presentar en cada caso, se puntualizó que esta ayuda “no podrá ser asignada en forma simultánea con la asistencia normal de la Línea I del programa”, es decir, con la ayuda económica individual que prevé la asistencia por un máximo de 24 meses.
Entre los considerandos se argumentó que “frente a este escenario de emergencia, no solo se debe procurar la adopción de medidas tendientes a la protección de la salud pública sino también coordinar esfuerzos para morigerar el impacto de las medidas sanitarias sobre los procesos productivos, el desarrollo de las actividades independientes y el empleo”.
Además, se remarcó que “se observa que el impacto en la actividad productiva ha venido profundizándose como consecuencia de las sucesivas prórrogas de las medidas de aislamiento social, preventivo y obligatorio”.
Más de 1.200 cooperativas y mutuales de todo el país le habían solicitado al Gobierno nacional alguna medida de ayuda para sortear la crisis económica profundizada como consecuencia de la pandemia del coronavirus.
En el país existen alrededor de 12.000 cooperativas dedicadas en su gran mayoría a la producción de alimentos, seguros y que brindan servicios de internet, energía y agua, y otras 4.000 mutuales destinadas mayoritariamente a salud, turismo y créditos. En total, este sector representa un aporte de alrededor del 10% del Producto Bruto Internacional (PBI).
De ese universo, poco menos del 10% había pedido al Instituto Nacional de Asociativismo y Economía Social (Inaes) líneas de ayuda para hacer frente a los vencimientos, en especial, de los salarios. Como el Inaes está bajo la órbita del ministerio de Desarrollo Productivo, se dio la orden de que reciban un tratamiento igualitario al de las pymes a la hora de acceder a las líneas de financiamiento.
“Existen 1.200 cooperativas y mutuales que solicitaron el apoyo del Estado. De este total, alrededor de unas 300 solicitaron acceder al programa Repro del Ministerio de Trabajo (Programa de Recuperación Productiva) y otras 900 pidieron inscribirse en la ayuda económica denominada Línea 1, una especia de subsidio destinado a mejorar los ingresos de los asociados a cooperativas”, había detallado el titular del Inaes, Mario Cafiero.
Uno de los mayores problemas que afectan las cooperativas, por ejemplo las de servicios, es que al congelamiento de las tarifas se le impuso la imposibilidad de suspender las prestaciones por falta de pago y el pago de cuotas, ya que el flujo de caja de estas empresas, en especial las que operan en zonas rurales, es mucho menor.
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