Deuda: el ministro Martín Guzmán y Sergio Massa se reunieron en secreto a destrabar la negociación con los bonistas

El ministro de Economía, Martín Guzmán, recibió al presidente de la Cámara de Diputados, Sergio Massa, para tratar de avanzar en la compleja negociación con los bonistas extranjeros.

El encuentro sirvió para buscar alternativas ante el evidente cortocircuito que hay entre el Gobierno y sus acreedores privados, indicaron calificadas fuentes oficiales.

La intención fue mostrar un mensaje homogéneo frente a los acreedores.

La reunión se desarrolló el martes en el quinto piso del desierto Palacio de Hacienda, donde tiene su despacho el ministro.

Entre las 13 y las 15, Guzmán y Massa dialogaron acerca de cómo arrancaron las discusiones luego de la presentación de la oferta y qué perspectivas hay de llegar a un acuerdo en los próximos días. Los voceros de los funcionarios no confirmaron el encuentro, en el que también se dialogó sobre los proyectos económicos que debatirá el Congreso en la reapertura virtual de sus sesiones la semana próxima.

Cabe recordar que, meses atrás, cuando los ejecutivos de los principales fondos de inversión de Wall Street visitaron el país, se reunieron con Guzmán y con Massa, en forma separada. El presidente de la Cámara de Diputados los escuchó, pero les reiteró desde entonces que quien negocia es el ministro y que no deben buscar una cuña en él para debilitar al jefe del Palacio de Hacienda.

Luego, el presidente de la Cámara de Diputados subió unos pisos para reunirse con el titular de la cartera de Transporte, Mario Meoni, y partió poco antes de las 16.

Guzmán también recibió al jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, quien le había manifestado su apoyo a los lineamientos de la renegociación con los bonistas, según fuentes de Economía. “El jefe de Gobierno afirmó que le parecieron lógicos los principios de la negociación que lleva adelante el ministro”, expresaron. Desde el gobierno porteño confirmaron que “se habló de la negociación de la deuda y coordinaron las colocaciones financieras de la Ciudad”.

Cabe recordar que este año la Ciudad solo tiene que pagar USD 13 millones a organismos multilaterales y $2.000 millones en la renovación de instrumentos en moneda local. Desde 2015, logró extender el promedio de los vencimientos de 3 a 7 años y bajó el porcentaje de deuda en dólares del 90 al 60 por ciento.

Malestar de los bonistas

Los acreedores dejaron saber que, en algunos casos, ni siquiera se conectarán a las videoconferencias que programó el ministro y su equipo de Finanzas dirigido por Diego Bastourre.

En otros, lo harán con ejecutivos que no están en la línea de fuego.

En los primeros contactos, según los inversores, los funcionarios se limitaron a repetir sin apartarse una coma de la oferta presentada la semana pasada, pese a que el prospecto dejaba un margen para algunas modificaciones.

El ministro ha dejado trascender que no piensa apartarse de la estrategia que se fijó al sostener que la Argentina no tiene margen para hacer una oferta mejor. En el peronismo y en el sector privado tratan de alertarlo tanto a él como al presidente Alberto Fernández de las consecuencias de mediano plazo de volver a caer en default. Por un lado, creen que se complicará la renegociación de la deuda con el principal acreedor del país, el Fondo Monetario Internacional (FMI), por 44 mil millones de dólares. Los países del G7 no aceptarán que haya un acuerdo para postergar esos pagos por tres años, como expresó Guzmán, si el país cae en un default desordenado.

Por el otro, tal como se observó en las últimas semanas, la posibilidad de una nueva cesación de pagos soberana altera la estabilidad financiera local en términos del valor de los tipos de cambio no oficiales y del stock de depósitos.

Sin embargo, el Palacio de Hacienda se siente confiado con la letra chica de la oferta, que lo habilita a hacer canjes parciales aunque no alcance las mayorías correspondientes en cada bono. Luego, la oferta quedaría abierta para quienes se quieran sumar en el futuro.

Sin embargo, según indicaron varios abogados, si no se completaran las mayorías necesarias para cambiar los términos del contrato, el país incumpliría y caería en default.

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