
El Gobierno lanzó este martes un paquete de medidas económicas destinadas a frenar el impacto de la pandemia del coronavirus que tendrá un costo fiscal para el Estado de al menos dos puntos del PBI, lo que implicarán unos $600.000 millones.
Es un costo fiscal elevado y romperá con todos los moldes de la estrategia económica que tenía prevista el Gobierno para este año. Pero esa decisión se sustenta en una orden que el presidente Alberto Fernández encomendó a su gabinete: adelantar todas las medidas económicas posibles para que el impacto de la pandemia afecte lo menos posible a la producción y a los sectores bajos en el futuro inmediato.
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En esta línea fue que el Presidente armó con sus ministros de Economía, Martín Guzmán; de Desarrollo Productivo, Matías Kulfas y de Desarrollo Social, Daniel Arroyo, el andamiaje de todo el esquema de medidas que llaman de “contención” de la pandemia para evitar la circulación de gente y de virus en la calle.
“Todas estas medidas apuntan a sustentar a los que se ven golpeados por el parate económico y a los que directamente no tienen dónde sostenerse”, explicó a Infobae un encumbrado ministro del Gobierno.
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Si bien ni Kulfas ni Guzmán quisieron arriesgar hoy una cifra concreta de lo que implicará para las arcas del Estado todo el paquete de medidas anunciado para las empresas y el mediano trabajador, lo cierto es que en la Casa Rosada aseguran que la crisis inicial del coronavirus y sus medidas de contención insumirán un 2% del PBI, teniendo en cuenta que eso sería unos $600.000 millones. A ello habrá que añadir los 27.560 millones de pesos que implicará la inyección de fondos de contención social que anunció Arroyo.
Claramente, como lo dijo el propio presidente Fernández y lo volvieron a remarcar varios funcionarios de Economía, las medidas anticrisis se llevarán puestas las metas fiscales previstas para este año. “Es algo obvio que el mundo entero está redefiniendo sus metas fiscales y que pondera la atención de la crisis a las cuentas ordenadas”, dijo un secretario de Estado en esa línea.
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Las medidas económicas para proteger “la producción, el trabajo y el abastecimiento”, como anunciaron Kulfas y Guzmán, apuntan a atender a los medianos y pequeños empresarios con el pago de contribuciones patronales a los sectores afectados de forma crítica por la emergencia.
La ampliación del Programa de Recuperación Productiva (REPRO) para garantizar el empleo de aquellos que trabajan en empresas afectadas por la emergencia sanitaria y el aumento del 40% la partida presupuestaria para gastos de capital destinando $100.000 millones a obras de infraestructura, educación y turismo sumado a las nuevas líneas de créditos blandos por unos $350.000 millones para garantizar la producción y el abastecimiento de alimentos son algunos de los pilares de esta batería de medidas que le costarán una erogación enorme al Estado.
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“Sabemos que va a doler en las arcas del Estado pero hay que hacerlo”, se le escuchó decir a Kulfas ayer ante un grupo de ministros.
El Gobierno está haciendo un fuerte esfuerzo por contener a los empresarios pero también se los pide a ellos. El jefe de Gabinete, Santiago Cafiero, se reunió hoy con directivos de empresas de telefonía a las que le pidió congelar precios, garantizar la conectividad y evitar los cortes del servicio de Internet por no pago de los usuarios. Es una forma de sustentar todos los pedidos del Gobierno destinados al home office en momentos clave de ataque a la crisis de la pandemia. Los empresarios quedaron en analizar el tema y responder a la brevedad.
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Todo este paquete se acompañará con una fuerte presión del gobierno sobre los supermercados que busquen aumentar los precios. De hecho, la decisión de fijar un listado de precios máximos por 30 días busca contener la inflación y ello estará controlado por un fuerte operativo de agentes de la AFIP, el Ministerio de Producción y los intendentes bonaerenses.

Por otra parte, el Presidente encomendó tanto a Kulfas como a Arroyo en un pedido concreto para lo que se viene: “Cuiden a las familias más vulnerables”, les dijo el presidente.
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En este sentido, las medidas sociales que hoy se anunciaron apuntan a esto: es decir, aumentar los planes sociales, la AUH, las jubilaciones y el refuerzo de los comedores escolares.
Está claro que buena parte de estas medidas buscan contener a los sectores bajos pero también al trabajador cuentapropista que está afuera del sistema pero que lo obligan a quedarse en casa por el coronavirus.
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Todas estas medidas apuntan a apuntalar la crisis de la pandemia por al menos un mes o dos. No mucho más. “Este escenario es dinámico y hay que revisarlo día a día”, dijo Guzmán en conferencia de prensa.
En la práctica, ello implicará que si crecen los casos de contagio o muertes de coronavirus en la Argentina se irá hacia una cuarentena obligatoria de la población como ocurrió en Italia, Israel o España. Nadie del Gobierno quiere pensar en ello por ahora. Saben concretamente que un escenario de esas características obligará al Presidente a revisar el paquete de medidas hoy anunciado y automáticamente inyectar más fondos con lo que significará un mayor desangre de las alicaídas arcas estatales.
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