
La contratación por parte del Gobierno de la firma Lazard, asesor financiero de Ucrania en la renegociación del 2015, permite esbozar cuáles serán los términos de la propuesta que se le presentará a los acreedores de la Argentina.
Aunque todavía existe mucho misterio desde el Palacio de Hacienda acerca de cuál será la oferta final, se prevé que se conozca antes de fin de mes, aunque el proceso no pueda concluir en los próximos meses si la aceptación entre los bonistas es baja.
Lazard diseñó la propuesta durante el gobierno de Petró Poroshenko y ahora repetirá ese rol en la gestión de Alberto Fernández.
Una fuente del sistema financiero recordó que “lo más interesante del caso de Ucrania es que el gobierno comenzó con la oferta de una quita del 40 por ciento y cerraron en el 20 por ciento”. Además, “el cupón promedio de los bonos era de 7,25 y lo subieron para compensar la quita a 7,62”.

La quita permitió reducir el porcentaje deuda PBI del 80 al 71 por ciento para posibilitar, como pretende el gobierno argentino, una recuperación económica del país y darle “sustentabilidad” al nivel de deuda.
En 2019, ese ratio cayó al 68,8%, por encima del nivel de la deuda argentina, ya que si bien el Fondo Monetario Internacional (FMI) convalidó el porcentaje que difunde el Gobierno, del 90%, en realidad la deuda relevante es con los acreedores privados y se ubica en torno del 50 por ciento.
A la vez, si bien en Ucrania utilizaron los cupones ligados al PBI como la Argentina del 2005, para evitar los efectos de una manipulación de las estadísticas como la que llevó adelante el kirchnerismo, allí se aplicaron cláusulas de protección (“covenants”) que protegían a los acreedores.
El pago de los cupones, que también tenían cláusulas de cross default y de recompra por parte del Gobierno, se disparaba si el crecimiento del país se ubicaba por encima del 3 por ciento.
Por otro lado, el país europeo extendió por cuatro años el vencimiento de los títulos que debían pagarse entre 2015 y 2023, en sintonía con los lineamientos que dejó trascender el ministro Martin Guzmán.

Aquella negociación fue compleja en términos de intensidad pero relativamente fácil frente a otras reestructuraciones, porque cuatro fondos concentraban casi todos los bonos: Templeton, Black Rock, Pimpco y Fidelity, actores que se repíten, junto con Gramercy, en las conversaciones con la Argentina.
El otro elemento que permite comparar ambas situaciones es la cláusula del acreedor más favorecido, que se utilizó en la Argentina en el pasado y también en Ucrania. La misma le impedía al país hacerle una oferta mejor a un grupo particular, lo cual generaba un incentivo a aceptar el canje. A la vez, en el caso argentino, fue un impedimento para arreglar con la gran cantidad de holdouts que quedaron luego de los canjes 2005 y 2010.
Ucrania consiguió superar con creces el umbral de aceptación del 75% necesario para evitar un default debido a las cláusulas de acción colectiva (CACs) y el único actor que no aceptó un canje fue Rusia, que tenía bonos por unos 3000 millones de dólares.
El último artículo IV que llevó adelante el FMI en Ucrania fue en 2017, el mismo año que la Argentina. El informe señaló que “luego de una crisis severa entre 2014 y 2015, la economía de Ucrania vuelve a crecer; el tipo de cambio flexible, la dureza en la política fiscal y monetaria han reducido los desequilibrios internos y externos”.
El déficit de cuenta corriente cayó fuertemente del 9% al 3,6 entre 2013 y 2016, mientras que el déficit fiscal global bajó al 2,6%.
Para este año, el organismo multilateral proyectó un crecimiento del 3% y una inflación del 5,9%, lejos de la recesión y la alta suba de los precios que registra la Argentina.
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