Pese al proceso de reperfilamiento de los vencimientos de la deuda pública en moneda nacional que el gobierno de Mauricio Macri decretó después de la pérdida de las elecciones PASO y a que el ministro Martín Guzmán, bajo el mandato presidencial de Alberto Fernández comenzara gestiones para reestructurar los plazos con los acreedores internacionales el monto de la deuda pública crece mes a mes, con ritmo diferente, pero persistentemente.
Ya en los primeros 21 días del actual Gobierno la estadística parcial de Finanzas, a cargo de Diego Bastourre, había dado cuenta de un salto de casi USD 22.000 millones en el monto total de la deuda Bruta de la Administración Central.
En ese caso, tanto el efecto de la devaluación del peso, como la indexación que mantienen parte de los bonos reestructurados en los canjes del default de fines de 2001, primero en 2005, y luego en 2010, más nuevas emisiones con esa cláusula de ajuste para atraer a los inversores a que compren títulos públicos volvieron a tener un rol relevante. Pero también se sumó el efecto del auxilio que el Tesoro le pidió al Banco Central para enfrentar los vencimientos hasta abril, por USD 4.571 millones, y otras emisiones menores.
En el caso particular de enero “el financiamiento, neto de amortizaciones” implicó un aumento del total de compromisos del sector público en USD 1.002 millones, a los que se sumaron USD 166 millones por variaciones netas del tipo de cambio, ajuste por cláusula CER y USD 4 millones por emisión de bonos de consolidación.
Con esas variaciones, y asumiendo que el PBI equivalente en dólares corrientes se retrajo de USD 441.094 millones al cierre del tercer trimestre de 2019, estimado por el Ministerio de Economía, a algo menos de USD 419.000 millones en enero, por efecto del aumento del tipo de cambio promedio de referencia de $50,43 a $60, la relación deuda pública total sobre PBI se elevó a poco más de 77 por ciento.
Para muchos economistas, en particular los vinculados con el oficialismo y el Fondo Monetario Internacional, semejante relación del monto acumulado de deuda pública con la capacidad de generar riqueza en un año por el conjunto de los residentes, personas y empresas, es “insustentable”.
Sin embargo, un análisis comparativo con otros países permite concluir que el problema de la Argentina no es tanto la magnitud de la deuda pública, como el singular costo, por el altísimo índice de riesgo país que genera una larga historia de incumplimientos, y consecuentemente exigencias de tasas de interés para el repago varias veces superior al promedio del planeta.
Sólo cuando se logre equilibrar las finanzas públicas, eliminar las expectativas de creciente aumento de los impuestos para financiar un gasto público federal sostenidamente expansivo, no sólo el pago de la deuda pública será sustentable, sino que además abrirá el camino para asumir nuevos compromisos y extender plazos para su devolución.
Estructura de los compromisos a plazos del sector público
El ministro Martín Guzmán, por instrucción del presidente Alberto Fernández espera cerrar el capítulo de la reestructuración de la deuda bajo legislación extranjera en el curso de abril. Se trata del 44% del total, unos USD 143.000 millones.
Aunque por moneda, la proporción se eleva al 78%, la cual se concentra en 74% en dólares; 18% Derechos Especiales de Giros, la moneda ad hoc que utilizan los miembros del FMI por los compromisos asumidos con el organismo por parte de los países socios, en el caso de la Argentina pasó del equivalente a USD 44.129 millones a fines de diciembre de 2019 a USD 43.940 millones al cierre de enero; y 8% en Euros.
La estructura de tasas es más equilibrada: 49% del total se pactó a un interés fijo; 39% variable y 12% con costo cero.
Mientras que muestra una alta concentración los vencimientos a partir del año de plazo, con 94% del total; un 5% madura en el curso de 2020 y aún persiste un 1% en situación irregular, por estar pendiente de regularización por parte de los bonistas que no ingresaron a los canjes de los bonos defaulteados en la crisis de 2001.
En tanto que por tipo de instrumento, el más utilizado ha sido la colocación de títulos públicos y Letras del Tesoro, representaron el 70% del total; seguidos por 21% organismos internacionales, principalmente el Fondo Monetario Internacional; 6% entre Banco Central (4%) y otros 2%; mientras que 3% está en manos de bonistas no reestructurados.
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