Mientras el Gobierno de la República Argentina se prepara para enfrentar una compleja reestructuración de la deuda soberana internacional, está desatendiendo el viejo y molesto problema de los juicios internacionales.
La República Argentina es conocida por su interpretación irresponsable del derecho internacional. Desde la pesificación de los contratos, pasando por la expropiación de empresas, hasta finalmente llegar a la disputa con los acreedores internacionales (holdouts), estos “actos de soberanía” han demostrado ser muy costosos para los contribuyentes.
Según la última presentación del Gobierno ante el regulador de mercados de EEUU, la Securities and Exchange Commission (SEC), en los últimos diez años, el Estado ha abonado cerca de USD 17.000 millones en fallos adversos dictados por cortes internacionales. En el Ciadi, Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones, Argentina ha pagado sentencias por USD 855 millones. Por la expropiación de YPF, hemos se desembolsaron USD 6.150 millones y por los fallos relacionados con los juicios por la deuda en default y no reestructurada, el Gobierno se vio obligado a abonar USD 9.300 millones. A esto hay que sumarle USD 240 en sentencias dictadas por la Unicatral (United Nations Commission On International Trade Law)
Sin embargo, existe un detalle que tal vez esté pasando por desapercibido. Más del 90% de estas sentencias fueron abonadas emitiendo deuda denominada en dólares. Por YPF, se emitieron Bonar X por USD 800 millones, Discount 33 por USD 1.250 millones, Boden 2015 por USD 400 millones, Bonar 2024 por USD 3.550 millones y una Letra del Tesoro por USD 150 millones. Por los holdouts, se colocaron cuatro nuevos bonos por USD 16.000 millones, de los cuales se utilizaron USD 9.300 para pagar en efectivo. Lo mismo ocurrió con sentencias menores originadas en el Ciadi y en la Uncitral.
Hoy, Argentina aún mantiene abierto cerca de 80 casos en diferentes cortes internacionales cuyos daños económicos se acercan rápidamente a los USD 10.000 millones (ver la tabla de arriba).
En términos monetarios, el principal caso se encuentra radicado en una corte neoyorquina y está relacionado con la expropiación de YPF en 2012. Según la presentación del Gobierno en la SEC, no existe monto estipulado ni previsionado por Argentina, mientras que Burford Capital, propietario del litigio contra el Estado y contra YPF, en una presentación a inversores el pasado mes de octubre, calculó que los daños económicos se encuentran dentro del rango de USD 1.700 millones a USD 9.000 millones.
Los daños por posibles fallos adversos que Argentina enfrenta en el exterior, aproximadamente equivalen al 10% del total de la deuda soberana que el Gobierno se prepara para reestructurar y, como ocurrió en instancias pasadas, la Casa Rosada ordenará emitir deuda o reabrir deuda ya en circulación para abonar estos juicios. Sin embargo, en medio de una reestructuración y mostrando una clara incapacidad de pago, ¿podrá el Gobierno abonar estos juicios con deuda? La respuesta seguramente sea no y nos encontremos frente a un nuevo problema que no estaba presente en la agenda del Gobierno.
Es cierto que en muchos casos aun no hay sentencia firme, pero si se mira la historia reciente de estos litigios, Argentina rara vez obtiene un fallo favorable emitido por las cortes internacionales.
Por este motivo, la pregunta es si no sería apropiado dar estos juicios por perdidos, ahorrar altos costos de representación e incluirlos en un plan de reestructuración donde los demandantes reciban el mismo tratamiento que los acreedores de deuda soberana.
El autor es CEO de Fin.Guru
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