Pese a que en diciembre último, bajo el primer mes de Gobierno del Frente de Todos, el total de la deuda pública de la Administración Central se elevó en casi USD 12.000 millones, el 2019 año se caracterizó por el desendeudamiento neto del sector público en su conjunto en poco más del equivalente a USD 9.000 millones.
Así lo revelaron los números preliminares de la Secretaría de Finanzas, conducida por Diego Bastourre, a los cuales Infobae tuvo acceso a fines de la última semana, con un total bruto de USD 323.177 millones, y USD 320.742 millones, si se deducen los USD 2.435 millones de “deuda elegible pendiente de reestructuración, al final del período”.
Se trató de la primera disminución en un año desde 2010, cuando se redujo en unos USD 460 millones, y la más relevante desde el primer canje de deuda en 2005, con quita entre 50% y 60% sobre los bonos en default desde la crisis de 2001, que provocó un recorte ese año de USD 38.000 millones.
Según esa fuente, en 2019 el financiamiento de la Administración Central ascendió al equivalente a USD 95.516 millones, producto de que parte de los compromisos asumidos por el Estado fueron contraídos en monedas diferentes al dólar, y con jurisdicciones nacional y extranjera; fundamentalmente originado en las necesidades de pagar vencimientos por un total de USD 90.355 millones.
De ahí surgió un aumento primario de la deuda en poco más de USD 5.100 millones, el cual se desagregó en el incremento en el equivalente a USD 5.849 millones de los Adelantos Transitorios del Banco Central, luego de la decisión del nuevo Gobierno de acudir en diciembre a esa fuente de recursos, en carácter de prestamista de última instancia, amparado en la nueva Ley de Emergencia Económica: vencían USD 10.250 millones, pero tomó USD 16.099 millones.
Por el contrario, de las colocaciones de Letras del Tesoro, en el último año vencieron total o parcialmente emisiones en pesos y dólares por el equivalente a USD 42.972 millones, pero por la rigidez que comenzaron a mostrar los acreedores del sector privado, sólo se renovaron por USD 41.414 millones, y se debió honrar con el pago en efectivo el remanente por unos USD 1.560 millones.
Mientras que, del resto de títulos públicos en circulación, se informaron emisiones por USD 15.295 millones, frente a amortizaciones y cancelaciones por USD 32.210 millones, se produjo una caída neta en el equivalente a USD 16.915 millones.
Para hacer frente a esos vencimientos, el Gobierno de Cambiemos obtuvo en el último tramo de gestión financiamiento de organismos internacionales por USD 18.890 millones, principalmente del Fondo Monetario Internacional por USD 16.250 millones, y en menor medida del BID USD 1.183 millones; Banco Mundial USD 756 millones y la Corporación Andina de Fomento (CAF) USD 571 millones, entre otros; varias veces superior al vencimiento del período, casi USD 1.800 millones, con esas entidades, a los que se agregó el pago de otros USD 1.625 millones al conjunto de países que integran el Club de París.
El rol de la devaluación
El conjunto de organismos internacionales no fue la principal fuente de financiamiento del Estado en 2019, sino el salto del tipo de cambio a lo largo del año, con una diferencia entre extremos de un 60% y más de 70% en el promedio, pasó de un rango de $38 al cierre de diciembre de 2018 a $60 un año después, porque determinó una transitoria “licuación” de la deuda nominada en pesos en su equivalente en dólares de casi USD 20.000 millones; y en otros USD 1.200 millones la emitida en moneda nacional con cláusula de ajuste por inflación (CER).
En cambio, se incrementó la deuda en USD 5.722 millones por efecto de la capitalización del conjunto de Bonos del Canje, préstamos garantizados, pagaré Banco Nación, Bocones, principalmente, y otros USD 2.000 millones por amparos, avales y otras operaciones de la Administración Central.
Para el corriente año aún no está definida cuál será la estrategia de financiamiento neto del Gobierno, puesto que el ministro Martín Guzmán aún no ha registrado avances concretos, o al menos explícitos con los acreedores privados, incluido el Fondo Monetario Internacional; ni tampoco sobre cuál será la política cambiaria, porque se decidió postergar la reelaboración del Presupuesto Nacional 2020 para su debate en el Congreso una vez resuelto el plan financiero.
Las expectativas del mercado son de que el tipo de cambio real, ajustado por inflación y por la variación de la cotización de las monedas de los principales socios comerciales de la Argentina, se encuentra en un nivel relativamente alto. De ahí que, pese a que la inflación acumulada desde fines de agosto fue hasta diciembre de 18,3%, la cotización del dólar para las transacciones financieras y de las empresas se mantiene fija en torno a 60 pesos.
Si sobre esa base el tipo de cambio real tiende a ceder, aumenta menos que la inflación esperada para el corriente año, las diferencias por ajuste de valuación de la deuda en pesos convertida a dólares volverá a constituirse en un foco de presión del aumento del endeudamiento de la Administración Central.
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