
La decisión del FMI de dejar “en suspenso” futuros desembolsos a favor de la Argentina tendrá “efectos secundarios”. Así lo reconocían ayer en el equipo económico luego del primer día de reuniones en Washington. Concretamente, habrá un impacto sobre los futuros préstamos que deben desembolsar tanto el BID (Banco Interamericano de Desarrollo) como el Banco Mundial. Todavía será más complicado que en el futuro cercano aprueben nuevas líneas, al menos hasta que no se normalice la relación con el Fondo.
Seguramente esta preocupación será planteada por el ministro de Hacienda, Hernán Lacunza, en los encuentros programados por los festejos del 60° aniversario de la institución. Sin embargo, será poco lo que pueda conseguir, más allá de plantear la inquietud. Ya el presidente del BID, Luis Alberto Moreno, había escuchado estos planteos cuando visitó Buenos Aires hace diez días. Incluso también el candidato a Presidente de Frente de Todos, Alberto Fernández, le transmitió la inquietud en relación a los futuros desembolsos del organismo.
Para el próximo gobierno el apoyo de los organismos multilaterales es fundamental, sobre todo en momentos de falta de acceso a los mercados voluntarios de crédito. De acuerdo al programa financiero 2019, este año debían llegar USD 4.500 millones y el año próximo otros USD 3.000 millones del BID y el Banco Mundial. Pero este año solo desembolsaron una fracción.

Para ambos organismos, pero sobre todo para el BID, tuvo un impacto muy fuerte la baja de la calificación de deuda que sufrió la Argentina. Esto lo obliga a aumentar las previsiones sobre la cartera ya prestada, con lo cual pierde capacidad prestable. Pero más allá de este aspecto técnico, también hay cuestiones políticas de peso.
Detrás de la decisión del FMI de postergar definiciones sobre la Argentina se encuentra el gobierno norteamericano. Y tanto en el BID como en el Banco Mundial, el voto de los Estados Unidos es decisivo. Sin el apoyo de la principal potencia, es prácticamente imposible que la entidad apruebe préstamos frescos a favor de la Argentina.
Lo mismo le sucedió a la Argentina durante los años del default que fueron del 2002 al 2005. El Gobierno seguía cancelando deuda con los organismos, pero sin recibir nuevo financiamiento. El año próximo podría pasar algo parecido, ya que vencen USD 3.000 millones con organismos multilaterales, sin contar el FMI. Tanto el BID como el Banco Mundial, además, tienen condición de “acreedores privilegiados”, es decir que en caso de complicarse para el país la devolución de la deuda, ellos son los primeros en cobrar.
Quien gane el 10 de diciembre tiene otro tema para preocuparse. No solo se trata de eventualmente renegociar el acuerdo con el FMI, sino también negociar nuevos préstamos con los restantes organismos. Al menos para evitar una reducción neta de la financiación que llega por esa vía. Si efectivamente se dificulta la llegada de fondos frescos de los organismos, el impacto sobre las reservas del Banco Central será mayor y obligaría a medidas más drásticas para evitar un impacto muy fuerte sobre el tipo de cambio.
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