Cinco empresas por día se ven afectadas por problemas de concursos de acreedores o quiebras

Devaluación, caída del consumo y altas tasas de interés. En una economía en recesión, las dificultades de las empresas —especialmente las pymes—para mantener sus negocios en marcha se acrecientan. Y el número de firmas que se ven obligadas a solicitar la apertura de concursos, la instancia judicial que les permite readecuar su actividad y acordar con sus acreedores, va en aumento.

Según un relevamiento realizado por el Centro de Economía Política Argentina (CEPA), en el primer trimestre del año hubo 125 concursos preventivos de acreedores en las jurisdicciones de la ciudad de Buenos Aires y las provincias de Buenos Aires y Córdoba, donde se concentra el 61% de las empresas registradas en el país. El número representa un aumento de 71% con respecto al mismo período de 2018, cuando se registraron 73 concursos preventivos.

"El aumento de los concursos preventivos de acreedores representa un indicador de la marcha de la economía, ya que cuando se decreta el concurso, la empresa no tiene la posibilidad de hacer frente a todas las obligaciones, con el consiguientes aumento de riesgo en el corte de la cadena de pagos", señaló el informe de CEPA.

Si se toman en cuenta también las quiebras decretadas, el número total —entre concursos y quiebras— asciende a 292 casos en los primeros tres meses de 2019, un 16% más respecto a los 251 casos registrados para el mismo período de 2018. Este resultado implica un promedio de cinco empresas con problemáticas de concurso por día hábil durante el primer trimestre de 2019. "Son empresas que entraron en crisis al no poder cumplir con sus obligaciones y sostener el normal funcionamiento y fueron concursadas", precisó el relevamiento.

Desde Marval, O'Farrell & Mairal, el estudio jurídico más grande de la Argentina, confirmaron el incremento en las consultas de empresas en situación de crisis financiera u operativa. "Durante los últimos 12 meses hemos detectado un incremento no solo en las consultas sobre pedidos de quiebra por parte del deudor o de acreedores, pedidos de concurso preventivo o presentaciones de acuerdos preventivos extrajudiciales y de solicitud de procedimientos preventivos de crisis, sino también un incremento en las consultas sobre reestructuración privada de deuda (acuerdos de refinanciación extraconcursales), cierres voluntarios de compañías o negocios y reorganización y venta de compañías en situación de crisis financiera", detalló Fernando Hernández, socio del estudio y especialista en reestructuración de deuda e insolvencia.

Los sectores más afectados por los concursos son servicios (62 casos en 2019 y 168 desde 2016), comercio (23 casos en 2019 y 55 desde 2016) e industria, con 20 y 47 casos para los mismos períodos. Los datos corresponden a la información publicada diariamente por el Boletín Oficial nacional y los boletines de las provincias de Córdoba y Buenos Aires recopiladas por CEPA.

Por otro lado, otro termómetro de la situación de las empresas locales, son los pedidos de procedimiento preventivo de crisis (PPC), que se realizan en la Secretaría de Trabajo. Desde enero y hasta la semana pasada, se registraron 47 pedidos de PPC ante la Secretaría de Trabajo. De ese total, 39 se encuentran en trámite, 7 fueron archivados o finalizaron sin acuerdo, y uno concluyó con acuerdo, que está en trámite de homologación.

Los casos más resonantes entre 2018 y 2019 fueron los de la empresa de neumáticos FATE —aún en proceso—, Coca-Cola, Carrefour y la aerolínea Avianca. En el caso de Carrefour se llegó a un acuerdo que permitió bajar los costos para la cadena, abrir retiros voluntarios y flexibilizar algunos ítems del convenio colectivo. Mientras que Avianca quedó eximida de pagar cargas sociales al Estado y comenzó un proceso de desvinculación de sus pilotos mediante retiros voluntarios.

"El PPC es un procedimiento independiente, previo o simultaneo con un acuerdo preventivo extrajudicial o la solicitud de apertura de su concurso preventivo, por medio del cual la empresa que está afectada no solo por una crisis financiera, sino también por una crisis operativa, puede acceder a un procedimiento para sanear su déficit operativo y disminuir costos mediante la reducción o suspensión de personal", explicó Hernández.

Debe tramitarse ante el Ministerio de Producción y Trabajo en forma previa a la comunicación de despidos o suspensiones que afecten a más del 15%, 10% o 5% de los trabajadores según la dotación de la empresa (menos de 400 empleados, entre 400 y 1.000 empleados y más de 1.000 empleados, respectivamente).

"Cuando el PPC se inicia a instancias del empleador que tiene más de 50 trabajadores, la presentación deberá explicar las medidas que la empresa se propone adoptar para superar la crisis o atenuar sus efectos: efectos sobre el empleo y propuestas para su mantenimiento; movilidad de funciones, horario o salario; e inversiones y cambios organizacionales", agregó el especialista de Marval, O'Farrell & Mairal.

Sin embargo, desde la Cámara Argentina de la Mediana Empresa (CAME) destacan que los concursos preventivos de crisis son frecuentes en las empresas grandes y medianas, pero que las chicas recurren a los concursos públicos o privados o directamente al cierre. "Nos preocupa, obviamente, sobre todo en el caso de industrias pyme para las que es más difícil reconvertirse o reorientarse como quizás puede hacer un comercio. Los sectores de textil y calzado son los más afectados", indicó Pedro Cascales, vocero de la cámara.

Aunque aún no hay datos oficiales sobre concursos y cierres en el sector pyme en 2019, un indicador de la situación son los números de la última encuesta de la Fundación Observatorio PyME que muestran que en términos interanuales —primer trimestre de 2019 en comparación con el primer trimestre de 2018—, las ventas reales de las pymes industriales (empresas manufactureras que emplean entre 10 y 200 ocupados) se redujeron 10,7% y la ocupación un 6,1%. Es decir, cerca de 40.000 empleos menos en este segmento.

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