El fondo Aurelius Capital Management LP, conocido en la Argentina por haber sido uno de los holdouts que firmaron un acuerdo con el Gobierno en 2016 que permitió la salida del default, volvió a demandar nuevamente al país por USD 83,7 millones.
Según una demanda presentada este lunes en la Corte del Distrito Sur de Nueva York, en los Estados Unidos, Aurelius le reclama a la Argentina por supuestas garantías sin pagar vinculadas a bonos atados a la evolución del PBI emitidos a inversionistas en reestructuraciones de deuda en 2005 y 2010.
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"Parte de la reestructuración de bonos argentinos incluyó bonos atados al crecimiento del PBI. Son varios y son muy buscados. Cuando la Argentina crece por encima del 3,2% aproximadamente, en diciembre del año siguiente debe pagar intereses por esos bonos", explicó el analista financiero Sebastián Maril, de la consultora Research for Traders.
Según su estimación, esos intereses rondan los USD 8.000 millones por todos los bonos que están en circulación, pero la Argentina puso un límite de 40% sobre el total de ese valor.
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La demanda se origina por un cambio en la base de cálculo del PBI que se realizó en 2014, cuando la Argentina debía pagar unos USD 3.500 millones en intereses, durante el gobierno de Cristina Kirchner. "No hubo juicios. Pero la Argentina no volvió a crecer nunca más ni volvió a pagar el cupón. Los bonos siguen cotizando pero no pagan cupón. Por eso, tarde o temprano, se esperaba que hubiera juicios en puerta", agregó Maril.
La preocupación, ahora, es que todos aquellos tenedores que tienen bonos atados al PBI sigan el camino de Aurelius. "El fondo Aurelius es un peso pesado, lo que puede indicar que vengan otros atrás", opinó el especialista.
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El origen de la demanda no es el cambio de la base de cálculo en sí, ya que el Gobierno está legalmente habilitado para realizar esas modificaciones. El cuestionamiento de Aurelius pasa por la sospecha de que ese cambio se hizo para no pagar los cupones correspondientes.
Un antecedente vinculado a esta demanda se dio en 2016, cuando Alfonso Prat-Gay estaba al frente del Ministerio de Hacienda y Luis Caputo era secretario de Finanzas. Entonces se colocaron bonos por USD 2.750 millones que iban a ser destinados a una recompra de cupones atados a la evolución del PBI. Esa operación finalmente no se concretó.
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