El imaginario popular, pero también gran parte de los economistas y analistas de consultorías privadas, cree que el empleo público es sinónimo de burocracia estatal, y que se concentra en gran parte en la gestión de tareas no esenciales y "bolsa de trabajo" para disimular el real nivel de desempleo, en particular en muchas provincias.
Sin embargo, un informe del Ministerio de Trabajo, ahora Secretaría de Empleo, dio cuenta de que en la Argentina el empleo asalariado en el sector público comprende a poco más de 3,2 millones de personas, de las cuales 2,36 millones se ocupan en las administraciones provinciales y 845 mil en la nacional.
De esos datos, el Instituto de Estudios Laborales y Sociales de la UCES, observó que "el componente exclusivo de la dotación directamente asociada a la gestión de gobierno se reduce a menos de un cuarto del total en el promedio general, aunque con notable disparidad entre las jurisdicciones.
En su informe IDELAS da cuenta del análisis de que, en el promedio general, la incidencia del empleo en relación de dependencia en el sector público respecto del total de habitantes es de 7,4%, y poco más del doble si se considera la población económicamente activa.
Resalta el informe de la casa de altos estudios que "usualmente se asocia al empleo público con tareas vinculadas con la gestión de gobierno. Sin embargo, poco más de la mitad de los puestos de trabajo se reparten en sólo 2 servicios: la educación y la policía, y los dedicados efectivamente a la administración es menor a un cuarto del total, si se estima la proporción dedicada al sistema de salud".
Del trabajo surge además que poco menos de la mitad de la nómina en relación de dependencia en el sector público se distribuye en el sistema de salud, justicia y el resto de las oficinas de administración, incluidas las áreas específicas de gobierno y legislativa. Los datos del informe oficial relacionados con la población de cada jurisdicción permitieron detectar también un cuadro muy heterogéneo.
La asignatura pendiente
Pero la asignatura pendiente, tanto por parte de los Estados provinciales, como más aún de la Nación que mantiene un alto déficit fiscal final, es hacer una evaluación de la productividad en cada área de la administración, para poder evaluar su eficiencia, no sólo económica, sino también social.
Más aún porque se advierte que en los segmentos que concentran la mayor parte de los puestos de trabajo se incluyen personal administrativo, de mantenimiento, y para la provisión de servicios varios, muchos bajo el régimen de contrato, que no se vinculan con las funciones específicas de la educación, sanidad y seguridad pública, y que se sospecha superan los parámetros internacionales, en proporción a la población de cada Estado.
Sobre todo, cuando en cada discusión paritaria se observa una singular cantidad de convenios involucrados que responden a los diversos gremios vinculados directamente con la actividad específica, al punto de provocar circunstancias en las que funciones secundarias son remuneradas en mayor medidas que las básicas correspondientes a la tarea principal.
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