El Gobierno presentó al Fondo Monetario Internacional (FMI) su Memorándum de Políticas Económicas y Financieras, donde establece los objetivos que se compromete a alcanzar en el marco del acuerdo con el organismo. Entre los principales puntos, se destacan la aceleración en la reducción de los subsidios y el retraso de la eliminación de los impuestos distorsivos.
A través de una carta dirigida a Christine Lagarde, directora gerente del organismo, el ministro de Hacienda Nicolás Dujovne y el presidente del BCRA, Federico Sturzenegger, solicitaron formalmente el acuerdo stand-by por un período de 36 meses, por un monto USD 50.000 millones, y definieron algunos puntos clave del ajuste fiscal:
– Se continuará avanzando en la reducción de los subsidios a la energía y el transporte. El precio de esos servicios pagado por los consumidores, pasará desde el 80% hasta 90% en 2020, en promedio, para el gas, y desde 60% hasta 90% en 2020, en promedio, para la electricidad. También se prevé una revisión del sistema de tarifas sociales para hacerlo "mejor focalizado".
– Reducción del empleo público: no se renovarán cargos en puestos no prioritarios, se congelarán las nuevas contrataciones en el gobierno nacional durante dos años y se eliminarán las posiciones redundantes. El objetivo es que el gasto en personal caiga de 3,2% del PBI a 2,7% hacia el final del programa.
– Se pospondrán proyectos de obra pública que no sean "esenciales para dinamizar la competitividad". Y se reducirán las transferencias asociadas con el déficit operativo de las empresas públicas que no están relacionadas con las tarifas de servicios públicos.
– Se extenderá el período de implementación de las modificaciones para reducir los "impuestos distorsivos", en línea con la reforma tributaria aprobada hacia finales de 2017. Esto se dará en caso de que fuera necesario para alcanzar las nuevas metas fiscales.
– Reducción de las "transferencias discrecionales" a las provincias asociadas a gastos. La meta es que la posición fiscal consolidada de las provincias mostrará equilibrio fiscal en 2018 y superávit hacia el final del acuerdo de Stand-By.
– Se garantiza la implementación de los programas para el período 2019-20. Se incluye a la Asignación Universal por Hijo (AUH) y la Asignación por Embarazo (AUE). En caso de que las condiciones sociales empeoren, se va a permitir un gasto adicional de hasta $13.500 millones en 2018 y el equivalente a 0,2% del PBI por año.
Además, el Gobierno se comprometió a enviar antes de marzo de 2019 un proyecto de ley para dotar al Banco Central (BCRA) de una nueva Carta Orgánica, con el fin de reforzar su "compromiso con una inflación baja y estable". Lo que señaló como una meta estructural del programa.
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