Tarifas: cuál es el peso de los impuestos en las facturas de luz y gas

Ante la decisión del Gobierno de negociar con las provincias una reducción de impuestos en las tarifas de luz y gas, la pregunta que surge inmediatamente es: ¿a cuánto asciende la carga impositiva cada vez que un cliente recibe las facturas para el pago de servicios públicos?

El economista Nadin Argañaraz preparó un detallado informe para el Instituto Argentino de Análisis Fiscal (IARAF) en el que detalla esta situación. Aunque la situación difiere en cada distrito, el piso de esa "mochila tributaria" se ubica en el 27%, pero hay algunos casos extremos como el de Córdoba donde llega al 37 por ciento.

Los principales tributos que incluyen las facturas de servicios públicos son el IVA al 21%, Ingresos Brutos un 5%; tasa municipal general del 1% y una específica, que puede ir del 1% hasta el 10% de acuerdo a lo que resuelva cada intendente.

Desde el Gobierno nacional consideran que es posible disminuir esa presión tributaria si las provincias realizan el esfuerzo. Pero al mismo tiempo desestiman que sea factible la disminución del IVA, por lo que se apunta a Ingresos Brutos y otras tasas municipales.

En forma paralela, también habrá un pedido por parte del ministro del Interior, Rogelio Frigerio, para que se comparta con las provincias el costo de la tarifa social, que hoy recae 100% en las arcas nacionales.

"De cada $100 que se pagan por energía eléctrica o por gas natural por redes $27 son impuestos indirectos. No se consideran impuestos directos como el impuesto a las ganancias ni impuestos al trabajo. Solamente la mochila indirecta que recae sobre estos servicios", explica el trabajo del IARAF.

Iniciativa privada

El informe privado destaca que si la carga tributaria no cambia, el aumento porcentual de la factura es igual al aumento porcentual de la tarifa: "Pero  si la carga tributaria indirecta baja, el aumento porcentual de la factura es menor al aumento porcentual de la tarifa. Mientras menor es el aumento de la tarifa, más potente es la reducción de la carga tributaria".

La propuesta concreta que sugiere el IARAF para disminución la presión fiscal sobre las tarifas consta de tres puntos centrales:

1. Eliminar el IVA temporariamente: Sería para  2018 y 2019, con el objetivo de moderar el impacto del aumento tarifario por encima de la inflación. A partir del tercer año iniciar el restablecimiento gradual de la alícuota. Una posibilidad sería que en 2020 el IVA sea del 5%, en 2021 del 10%, en 2022 del 15% y retorne al 21% recién en 2023.

De esta manera, la alícuota del impuesto al consumo empezaría su restablecimiento a partir de los años en que el Gobierno espera que la inflación haya llegado a un dígito anual y la suba de tarifas solamente necesite seguir a la variación del índice general de precios porque ya se habrá recuperado el atraso heredado.

2. Adelantar la rebaja de Ingresos Brutos: Esto implicaría reformar el Pacto Fiscal recientemente firmado entre la Nación y las Provincias estableciendo la exención a nivel provincial y municipal del impuesto que recae sobre la distribución de energía eléctrica, gas y agua (a nivel municipal formalmente se le llama tasa de seguridad e higiene) a partir de este año. En la actualidad se establece un cronograma en el que la exención se alcanza recién para el año 2020.

3. Eliminar tasas municipales específicas: De nuevo, el objetivo sería reducir el efecto de los aumentos tarifarios sobre el bolsillo. Esta propuesta implicaría aumentar el subsidio a la energía, pero a través de un mecanismo diferente, es decir resignando recaudación.

El inconveniente que se plantea es de dónde podrán sacar los recursos tanto Nación como provincias o municipios para compensar esta eventual pérdida de recursos. Eso es lo que se empezó discutir entre las partes.

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