
Una cuidadora británica fue condenada por estafar a una anciana de 89 años, gastando unos 350.000 euros en comidas de lujo, cirugía estética, artículos exclusivos y otros caprichos personales. La mujer, identificada como Pamela Gwinnett, aprovechó la vulnerabilidad de la anciana, una contable jubilada llamada Joan Green, para apoderarse de sus ahorros y gastarlos en lujos mientras la mantenía aislada de sus familiares y allegados.
Durante la pandemia de Covid-19, la acusada implementó un plan cuidadosamente calculado para quedarse con el control total de la vida y los bienes de la señora Green. Cambió el número de teléfono de la víctima, restringió las visitas y hasta ordenó a otros asistentes que impidieran el acceso de la familia a la vivienda de la mujer en Chorley, Lancashire. Según informa el medio Sky News, con el tiempo, consiguió el poder notarial, lo que le permitió disponer libremente del patrimonio de la octogenaria y realizar todo tipo de gastos en su propio beneficio.
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En octubre de 2025, un tribunal británico condenó a Pamela Gwinnett a seis años de prisión por robo y abuso de confianza, aunque ella no se presentó al juicio y fue sentenciada en rebeldía. Desde entonces, reside en un apartamento junto al mar en Tenerife, donde espera el resultado de una posible extradición a Reino Unido. La familia de la víctima y los vecinos de la residencia española han mostrado su indignación, reclamando justicia por el engaño y el sufrimiento provocado a Joan Green, quien falleció en 2022.
Los gastos y la estrategia de la estafa
La investigación reveló que el dinero de Joan Green se empleó en inyecciones de bótox, comidas extravagantes, un coche valorado en 22.500 libras (unos 26.000 euros) y el pago de la hipoteca. Los gastos personales de Gwinnett fueron tan llamativos que, durante el juicio, el juez Michael Maher la acusó de tratar a la octogenaria como una auténtica “mina de oro”. La familia, especialmente el nieto de la víctima, describió a la acusada como una persona capaz de manipular el sistema y lamentó que las autoridades no lograran evitar su fuga.
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La cuidadora abandonó Reino Unido en abril de 2025, apenas unas horas después de que le concedieran la libertad bajo fianza y le exigieran entregar su pasaporte. Desde entonces, no ha regresado al país y sigue defendiendo su inocencia, alegando que la tarjeta bancaria de la víctima estaba en manos de la familia y que ella ha sido declarada culpable para que ellos se pudiesen librar.
Condena y consecuencias para la cuidadora
El tribunal británico dictaminó una condena de seis años de prisión para Pamela Gwinnett, además de la confiscación de bienes por valor de 350.000 libras (casi 350.000 euros). La justicia británica ha advertido que, si la acusada no devuelve la totalidad de la suma en un plazo de tres meses, su condena se ampliará en otros tres años y medio de cárcel. Mientras tanto, las autoridades del Reino Unido trabajan junto con las españolas para gestionar su extradición y garantizar que cumpla la sentencia. La familia de Joan Green denuncia la negligencia de las instituciones, que no impidieron la huida de la cuidadora ni protegieron a la anciana durante sus últimos años de vida.
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