Nicolás Massot junto al presidente de la Cámara de Diputados, Emilio Monzó (Telam)
Nicolás Massot junto al presidente de la Cámara de Diputados, Emilio Monzó (Telam)

El presidente del Bloque PRO de la Cámara de Diputados, Nicolás Massot, fue el principal vocero que eligió el gobierno nacional para que desde la misma tarde del viernes, cuando fracasó el tratamiento de la nueva ley previsional, se explicara a la ciudadanía en general, y a los perceptores de la movilidad jubilatoria (jubilados, pensionados y beneficiarios de la Asignación Universal por Hijo), el alcance de los cambios del régimen vigente, en particular en lo que respecta al cobro de un bono compensatorio para la mayoría, incluidos los discapacitados y la pensión de adulto mayor, pero no para todos.

Como se sabe, el régimen actual ajusta los haberes cada seis meses por una fórmula que combina en partes iguales la variación de los salarios de los trabajadores registrados (RIPTE) y la recaudación total de impuestos, con un más de 3% sobre el aumento de los recursos del sistema previsional.

Ese método se propuso cambiarlo, y contó con la media sanción de la Cámara de Senadores en un tratamiento exprés, porque se consideraba que era procíclico: subía cuando la economía repunta, como ocurrió en 2015 y este año, donde se observaron aumentos por sobre la tasa de inflación del 4% y 3%, respectivamente, y caía en años recesivos (un 6% en 2016).

En 2015 y 2017 las jubilaciones y la AUH subieron 4% y 3% más que la inflación, respectivamente, en 2016 perdieron 6% en términos reales

De ahí surgió la iniciativa del cambio de fórmula por el 70% de la variación trimestral del promedio de precios al consumidor y del 30% del RIPTE, entre otras reformas que incluyen un piso del 82% para el haber mínimo con 30 años de aportes, o más; y la posibilidad de extender voluntariamente la vida laboral, entre otras iniciativas, la más importante.

Sin embargo, en el paso por el Senado del proyecto de ley fue subestimado el efecto del cambio del período para el primer ajuste, que por la ley vigente determinaba tomar en cuenta la variación de los componentes de la fórmula entre julio y diciembre de 2017; y sí luego, a partir de 2018, el movimiento trimestral al momento de aplicarse desde el segundo período, el correspondiente al primero de este año; y así sucesivamente.

En el paso por el Senado del proyecto de ley de reforma del régimen previsional fue subestimado el efecto del cambio del período para el primer ajuste, que por la ley vigente determinaba tomar en cuenta la variación de los componentes de la fórmula entre julio y diciembre de 2017; y sí, a partir de 2018, el movimiento trimestral, enero a marzo a aplicar en junio

No se trata de una diferencia menor, nada menos que 14% en la nueva fórmula a aplicar en marzo de 2018, en lugar de un modesto 5,7% que fue la variación del binomio de ajuste entre julio y septiembre de 2017. Semejante brecha no pasó por Diputados; y dio lugar al diseño urgente de un bono compensatorio, pero que se quedó a mitad de camino.

Fuentes del Gobierno explicaron a Infobae que con la nueva fórmula, más el bono compensatorio, los perceptores de la jubilación mínima actual de $7.247, con aportes de 30 años o más, pasarán a cobrar desde marzo $7.790, por aplicación de la movilidad del 82% sobre el salario mínimo vital y móvil que desde enero y hasta junio de 2018 se eleva a $9.500. Significará una pérdida transitoria de $471 respecto del régimen aún vigente, que se supera con un bono por única vez de $750 ese mes; pero que no se repetirá en los subsiguientes. Y con otro ajuste, ahora sí trimestral, del 5,4% en junio, con la estimación de diciembre, para completar el período desde octubre, crecerá a $8.200, porque el salario mínimo vital y móvil ya está acordado que se incrementa a 10.000 pesos.

De este modo, en los números oficiales, con el ajuste de marzo y junio y la variación proporcional del medio aguinaldo los jubilados cerrarán la primera mitad del año con un incremento de haberes de $332 por sobre el viejo régimen.

Pero no comunicaron las fuentes de presidencia de la Nación que si se hubiese aplicado en marzo la nueva fórmula, pero con el empalme semestral de la variación de julio a diciembre del corriente año, para luego en junio aplicar la suba estimada en 4,6% para el trimestre enero a marzo de 2018, de acuerdo con las estimaciones de mercado, el aumento final se hubiese extendido de $331 a $1.325, y de ese modo se hubiera recuperado gran parte de la pérdida real del año anterior.

Un ejercicio similar se puede hacer para el caso de quienes con aportes hoy cobran hasta unos $9.500 y que con el nuevo régimen pasarán a cobrar en marzo unos $10.000, que es el tope para ser acreedor del cobro del bono compensatorio de $750. En ese caso la brecha se torna negativa al cabo del primer semestre de 2018 en unos $2.100, respecto del régimen previo; y de más de $2.850 entre el nuevo régimen con empalme de ajuste inicial de 14% en lugar del 5,7%, y sin bono extra, y un adicional en junio de 4,6%, con el consecuente impacto en contra mes a mes.

También los perceptores de la Asignación Universal por Hijo se verán perjudicados por el empalme de la variación de los índices con un semestre de atraso y por períodos trimestrales comenzando por el correspondiente a julio a septiembre, como se puede ver en el siguiente ejercicio de simulación.

Hoy, a partir de las 14 está convocada la sesión en Cámara de Diputados, luego de arduas negociaciones en la tarde del viernes de ministros del Poder Ejecutivo Nacional y legisladores del oficialismo, con gobernadores de la oposición, excluidos los del ala kirchnerista, para tratar de aprobar la reforma previsional, con un bono compensatorio que se quiere instrumentar por decreto, para que la iniciativa, si se incorporara al cuerpo de la norma original, no vuelva al Senado para su ratificación, o rechazo.

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