Alberto Abad ganó una dura pelea contra Cristóbal López y va en busca de cobrar $8.000 millones

Después de una dura pelea por defender los recursos fiscales, la AFIP anotó otro mérito en su campaña contra los empresarios que quieren hacer negocios a costa del Estado, y ahora está decidido a exigir a Cristóbal López el pago de una deuda por retención del Impuesto a la Transferencia de Combustibles, de unos $8.000 millones, más sus intereses y punitorios.

"Desde un primer momento sabíamos en el organismo que al momento de la presentación del Concurso de Acreedores, el empresario Cristóbal López era solvente, y por tanto no reunía los requisitos básicos para que le otorgáramos un plan de pagos para regularizar una millonaria deuda con el fisco", confió a Infobae una fuente de la AFIP.

Ahora, con la decisión de la Corte Suprema de Justicia de "declarar la nulidad de la apertura del concurso preventivo de Oil Combustibles", la empresa petrolera de Cristóbal López está obligada a regularizar la deuda que desde un principio reclamó el experimentado administrador federal de ingresos públicos, intransigente con quienes "quieren aprovechar su poder e influencias para no pagar los impuestos en tiempo y forma".

Según informó el Centro de Información Judicial (CIJ), el máximo tribunal decidió declarar procedente el recurso extraordinario que había interpuesto la AFIP y revocó la sentencia que había avalado la apertura del concurso.

El concurso de acreedores es el procedimiento judicial, regulado por el derecho concursal, que tiene lugar cuando una persona física o jurídica deviene en una situación de insolvencia en la cual no puede hacer frente a la totalidad de los pagos que adeuda. Abarca tanto a las situaciones de quiebra como las de suspensión de pagos.

Gestión eficiente y firme

De este modo Alberto Abad no solo refuerza su gestión con un singular crecimiento de los recursos fiscales más allá de lo esperado, por los aportes del  blanqueo de activos y la reactivación que comienza a mostrar la economía, sino con las diversas medidas que fue implementando desde su regreso a la AFIP orientadas a cerrar los canales de evasión y fomentar el uso de la tarjeta de débito bancario, como principal instrumento de pago de todas las obligaciones impositivas, aduaneras y previsionales; y al mismo tiempo regularizar el pago de devoluciones y reintegro de impuestos a exportadores y pymes.

Se estima en la AFIP que la decisión de la Corte Suprema de Justicia será ejemplificadora para "otros empresarios inescrupulosos que prefieren financiar sus actividades con la retención y no pago de aportes previsionales, como cobro anticipado de impuestos, y especular con el ingreso a un plan de moratoria".

Al respecto, destacan los funcionarios del equipo de Alberto Abad que "todos los planes de facilidades de pagos están dirigidos a los contribuyentes con restricciones transitorias para cumplir con sus obligaciones fiscales, y que aseguran tener capacidad de regularizar sus pagos".

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