A partir de la Resolución 480/2025 formalizada por el Ministerio de Seguridad Nacional, se impuso el derecho de admisión para tres integrantes de la barrabrava de Chacarita, que a fines de marzo pasado agredieron e insultaron a dirigentes de Club Deportivo Morón, en un partido disputado en General San Martín.
La “Restricción de Concurrencia Administrativa” recayó esta vez sobre Walter Ariel Benítez, Antonio Orlando Pérez y Daniel Osvaldo Benedetti por un enfrentamiento que se desató dentro y fuera del estadio, provocando daños materiales a móviles policiales y agresiones a efectivos de la Infantería de la Policía de la Provincia de Buenos Aires. El episodio tuvo lugar en un partido que se disputó el 23 de marzo pasado en el estadio de Chacarita, en Villa Maipú.
Las agresiones contra los dirigentes visitantes, entre ellos el vicepresidente Carlos Pini, se intensificaron tras el empate (1-1) en la Primera B Nacional. Ese día un grupo de barras disidentes intentó sumarse a la platea desde la cabecera de la calle French, para participar de la agresión.
Ante la gravedad de los hechos, y siguiendo con la normativa vigente que pone énfasis en la prevención de la violencia deportiva, la cartera que dirige Patricia Bullrich, dispuso registrar a los involucrados en el Programa Tribuna Segura y aplicarles una restricción de concurrencia a eventos deportivos en todo el territorio nacional por un plazo de cuatro años.
En este sentido, la sanción busca “preservar el orden y la seguridad en los espectáculos futbolísticos, focalizándose en la prevención de hechos de violencia durante el desarrollo de un encuentro deportivo”. Para eso, explica el texto, “es necesario neutralizar e impedir la presencia en el evento de personas que pudieran alterar, en cualquier forma, la reunión deportiva”.
Uno de los afectados, conocido como “Pajarito” Benedetti, integraba la barra a fines de los 90 donde fue salvajemente agredido por los simpatizantes de “La Doce”, en un amistoso en la bombonera en 1999 y por cuyo caso, los hermanos Di Zeo y otros cuatro barras de Boca, recibieron una pena de prisión efectiva entre tres años y seis meses y cinco años.
Los simpatizantes de Chacarita habían estado involucrados en los incidentes del 11 de marzo ocurridos frente al Congreso, en la habitual marcha de jubilados.
En simultáneo, la cartera de Seguridad también dispuso la prohibición para ingresar a espectáculos deportivos a siete personas que participaron en un grave episodio de violencia registrado tras un partido de la Liga Bellvillense de Fútbol, en la provincia de Córdoba.
La decisión surgió a raíz de una solicitud formal enviada por el presidente del Consejo de Seguridad Deportiva Provincial de Córdoba, quien junto a la Policía provincial pidió que se incorpore al Programa Tribuna Segura a Claudio Antonio Cejas, Maximiliano Damián Cejas, Diego Miguel Tomasi, Yamil Alejandro Luján, Lucas Nicolás Rubio, Marcelo Ramón Peña y Nahuel Alejandro Tacca, todos identificados en un incidente violento ocurrido el pasado 2 de abril.
El hecho tuvo lugar en la ciudad de Leones luego de un partido entre los clubes Sarmiento —cuyo nombre formal es Atlético Aeronáutico Biblioteca y Mutual Sarmiento— y el Club Leones Deportivo, Agrario, Social y Biblioteca.
Según la denuncia presentada por el presidente del Consejo ante la Comisaría del distrito, los agresores lo interceptaron a él y al vicepresidente tras el encuentro de ambos equipos. Durante el ataque ocurrido en la vía pública, los individuos los amenazaron y les exigieron que se alejaran de la institución bajo intimidaciones que incluían amenazas de daño físico y la advertencia de incendiar las instalaciones del club.
La Fiscalía de Instrucción de la ciudad de Marcos Juárez tomó intervención en la causa, reforzando el carácter institucional del caso y subrayando la necesidad de medidas inmediatas para proteger el orden público y la seguridad de los protagonistas del fútbol local. Ante esta situación, el Ministerio de Seguridad consideró indispensable restringir el acceso de los involucrados a cualquier evento deportivo en el territorio nacional por un período de treinta y seis meses, y lo hizo a través de la Resolución 481/2025.
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