
928 violaciones de derechos humanos afectaron a 391 personas en Cuba durante octubre, según un informe de Defensa CD, organización que documenta violaciones de derechos humanos en la isla, divulgado por Martí Noticias.
La organización registró además 266 casos de amenazas y acoso contra activistas, opositores, periodistas y artistas, y advirtió que la represión busca sembrar temor más allá de los círculos opositores.
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“La represión en Cuba se está convirtiendo en una realidad cotidiana para muchas personas, incluso para aquellas que no tienen una participación política activa”, afirmó a Martí Noticias el director ejecutivo de Defensa CD, Juan Carlos Vargas.
Vargas explicó que las autoridades no solo buscan castigar a quienes se manifiestan en contra del Gobierno, sino también amedrentar al entorno familiar de las víctimas.
“El régimen no busca solamente castigar a quienes expresan su desacuerdo, sino también enviar un mensaje de miedo a sus familias y a quienes podrían seguir su ejemplo”, señaló ante el medio.

La Habana concentra la mayor cantidad de denuncias
La capital cubana encabezó el registro con 393 violaciones documentadas en octubre. Le siguieron Camagüey, con 112, y Santiago de Cuba, con 59.
Entre las 391 víctimas identificadas, 284 fueron hombres y 107 mujeres. Detrás de esas cifras, según Vargas, hay historias de incertidumbre sostenida.
“Detrás de cada denuncia hay familias que viven con incertidumbre, personas que temen perder su libertad y ciudadanos que no encuentran instituciones independientes a las cuales acudir”, expresó ante Martí Noticias.
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La fe bajo vigilancia estatal
El Observatorio de Libertad Religiosa de Defensa CD contabilizó 149 incidentes vinculados al ejercicio de la fe durante el mes. Las restricciones alcanzaron a comunidades de distinto signo religioso en todo el territorio nacional.
“Estas violaciones ocurrieron a lo largo y ancho del archipiélago cubano y no respetaron credo ni denominación religiosa”, denunció ante el medio el pastor Mario Félix Lleonart, director del observatorio.

Lleonart amplió que los incidentes afectaron tanto a congregaciones con registro legal como a comunidades sin reconocimiento oficial. El pastor incluyó en el conteo a organizaciones fraternales y logias, en particular a los masones, que según su denuncia reciben un trato similar al de las agrupaciones religiosas por parte de las autoridades.
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El director del observatorio también denunció la injerencia de estructuras del Partido Comunista y del Gobierno en el control de la actividad de fe. Defensa CD sostuvo que documentar estos hechos permite acompañar a los afectados y trasladar información a organismos internacionales.
El caso de un activista con medidas cautelares de la CIDH
Defensa CD señaló como urgente la situación de Julián Mazola Beltrán, promotor de Cuba Decide. El activista permanece detenido desde el 9 de octubre pese a contar con una medida cautelar de protección otorgada por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).
Según la organización, Mazola está recluido en el centro de Cuatro Caminos, en La Habana, sin que las autoridades le hayan notificado los cargos ni presentado pruebas que justifiquen el encierro.
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El activista ya había cumplido una condena de cinco años de prisión por su participación en las protestas del 11 de julio de 2021.

La nueva detención se produjo luego de que Mazola acudiera a una citación de la Seguridad del Estado en San Antonio de los Baños, provincia de Artemisa.
Los agentes lo trasladaron después a su vivienda para un registro domiciliario, durante el cual le confiscaron el teléfono móvil, y lo llevaron luego al centro de instrucción penal de Guanajay.
La investigación en su contra está relacionada con la colocación de carteles contra el régimen en esa localidad, bajo un señalamiento preliminar de propaganda contra el orden constitucional. Defensa CD denunció que, quince días después del arresto, su abogado aún no había logrado reunirse con él y que agentes de la Seguridad del Estado lo amenazaron con una pena de entre cuatro y 12 años de prisión.
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“El caso de Julián Mazola es especialmente preocupante, porque estamos hablando de una persona que ya cuenta con medidas de protección de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y que, aun así, vuelve a enfrentar la persecución del régimen”, afirmó Vargas al medio.
La organización alertó sobre un deterioro de la salud mental del activista, que atribuyó al encierro prolongado y a la incertidumbre legal, y exigió su liberación inmediata e incondicional, atención médica especializada y garantías de comunicación con su defensa y su familia.
“Buscamos que estas denuncias tengan consecuencias, que las víctimas no queden en el olvido y que la comunidad internacional continúe exigiendo responsabilidades a quienes ejercen la represión en Cuba”, concluyó Vargas ante Martí Noticias.
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Otros registros confirman el aumento de la represión
El informe de Defensa CD se suma a otros relevamientos recientes que documentan una escalada represiva en la isla. Prisoners Defenders, organización con sede en Madrid, contabilizó 1.353 presos políticos al cierre de octubre, con 39 nuevas incorporaciones en ese mes, entre ellas menores de edad procesados por sedición y una familia completa sometida a proceso penal, según consignó swissinfo.ch, el portal internacional de la radiotelevisión pública suiza.
Esa misma ONG documentó 464 presos políticos con enfermedades graves sin tratamiento adecuado, de los cuales 236 sufren desnutrición forzosa. Desde las protestas del 11 de julio de 2021, Cuba acumula 2.256 presos políticos en sus cárceles.
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En paralelo, la organización Cubalex registró que la líder de las Damas de Blanco, Berta Soler, fue detenida dos veces en apenas tres días durante noviembre, con un episodio de 46 horas en situación de desaparición forzada. Según ese monitoreo, Soler acumula 275 eventos represivos documentados entre 2022 y 2026, la cifra más alta entre los casos relevados por esa organización.
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