La Asamblea de Cineastas Cubanos denuncia que filmar la crisis de la isla se convirtió en un delito

El colectivo audiovisual cuestionó la condena de Anna Bensi y su madre, sancionadas con dos años de limitación de libertad por difundir imágenes de un agente estatal que acudió a su vivienda con una citación

Filmar la crisis de Cuba, ahora un delito: cineastas denuncian la condena a una creadora de contenidos y su madre por grabar a un agente (Imagen ilustrativa Infobae)
Filmar la crisis de Cuba, ahora un delito: cineastas denuncian la condena a una creadora de contenidos y su madre por grabar a un agente (Imagen ilustrativa Infobae)
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La Asamblea de Cineastas Cubanos (ACC) cuestionó la condena contra la creadora de contenidos Anna Sofía Benítez Silvente, conocida como Anna Bensi, y su madre, Caridad Silvente, y afirmó que “filmar el dolor, la incertidumbre, la agonía de un país se ha convertido en un delito” en Cuba.

El pronunciamiento, firmado por 11 representantes del sector audiovisual, se conoció después de que el Tribunal Municipal Popular de La Habana del Este declarara culpables a ambas mujeres por el delito de actos contra la intimidad personal y familiar. La sentencia les impuso dos años de limitación de libertad, una sanción que no implica prisión, aunque restringe sus desplazamientos y les prohíbe salir del país.

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Los cineastas vincularon la condena con un contexto de represión

La ACC sostuvo que el proceso contra Benítez y Silvente no constituye un episodio aislado. En su texto, los realizadores señalaron que ambas llegaron al juicio después de meses de amenazas y hostigamiento de las autoridades.

El colectivo afirmó que el Estado aplica un criterio desigual frente a la difusión de imágenes. Según planteó, los medios oficiales cubanos exhiben de forma habitual fotos y videos de opositores y críticos del Gobierno, mientras que el sistema judicial castigó a dos ciudadanas por divulgar el rostro de un agente que acudió a su domicilio para entregar una citación.

“La doble moral se ha convertido en un sello de identidad oficial”, señaló la declaración. Los cineastas también acusaron a las autoridades de aplicar la ley según sus intereses e ignorar el derecho de los ciudadanos a expresar de forma pública y pacífica sus opiniones sobre la realidad del país.

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La creadora de contenido y activista cubana, Anna Sofía Benítez Silvente, habla con periodistas a su llegada al Tribunal Municipal este jueves, en La Habana (Cuba). EFE/ Ernesto Mastracusa
La creadora de contenido y activista cubana, Anna Sofía Benítez Silvente, habla con periodistas a su llegada al Tribunal Municipal este jueves, en La Habana (Cuba). EFE/ Ernesto Mastracusa

La declaración fue suscripta por Fernando Pérez, Belkis Vega, Ernesto Daranas, Ivette Ávila Martín, Luis Alberto García, Rosa María Rodríguez, Kiki Álvarez, Gustavo Arcos, Manuel Alejandro Yong, Armando Capó Ramos y Raúl Prado.

El caso se originó por un video de un agente vestido de civil

La causa se remonta al 10 de marzo, cuando un suboficial del Ministerio del Interior (MININT) llegó a la vivienda de Anna Bensi, en Alamar, al este de La Habana, para entregar una citación dirigida a su madre.

Benítez difundió después un video del encuentro. La activista denunció que el documento no precisaba el motivo de la comparecencia y que exigía que Silvente acudiera al día siguiente. También afirmó que dos hombres vestidos de civil llegaron al domicilio en una motocicleta y que uno de ellos se negó a identificarse.

El agente presentó una denuncia y alegó que la grabación y posterior publicación vulneraron su intimidad. Madre e hija fueron acusadas bajo el artículo 393 del Código Penal cubano, que contempla agravantes cuando la difusión ocurre en redes sociales.

Anna Sofía Benítez afirmó que no espera un juicio justo para ella ni para su madre en el Tribunal Municipal de La Habana del Este./ (Cubanet)
Anna Sofía Benítez afirmó que no espera un juicio justo para ella ni para su madre en el Tribunal Municipal de La Habana del Este./ (Cubanet)

El 1 de octubre, tras una audiencia de unas tres horas, el tribunal las declaró culpables y les impuso la sanción. “Realmente esto es una injusticia”, afirmó Benítez a la salida de la sede judicial, según informaron agencias de prensa como AFP y EFE.

La defensa podrá apelar cuando reciba el fallo por escrito

El abogado de las acusadas, Roberto Ortega, explicó que el tribunal debe entregar la sentencia escrita en un plazo aproximado de 15 días. A partir de esa notificación, Benítez y Silvente contarán con 10 días hábiles para decidir si presentan un recurso de apelación.

La limitación de libertad no supone encarcelamiento, pero puede incluir controles judiciales y restricciones para cambiar de domicilio o trasladarse fuera de su zona de residencia. La sanción también impide la salida del territorio nacional.

El Ministerio del Interior defendió el proceso en una publicación difundida por medios estatales. Sostuvo que “grabar no es delito” y que la causa se centró en la difusión de imágenes sin consentimiento. También afirmó que los casos judiciales no deben resolverse en redes sociales.

La ACC rechazó esa interpretación y sostuvo que el “dedo acusador” no debería dirigirse contra Benítez, su madre ni contra quienes usan una cámara o un teléfono para denunciar problemas sociales. “Las heridas de una nación no se curan con silencio o represión”, concluyó el texto.

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