Interceptados, desnudados y fotografiados: denuncian nuevo método de represión contra opositores en Cuba

Dos denuncias en pocos días apuntan a un mismo patrón en Cuba: opositores fueron obligados a desnudarse y luego fotografiados o grabados durante operativos atribuidos a agentes de la Seguridad del Estado. Las víctimas también denunciaron amenazas, golpes, traslados forzosos a zonas aisladas y el robo de teléfonos celulares.

El caso más reciente involucra a Mario Víctor Liquí Rodríguez y a su esposa, Margarita Barceló Prohías, ambos vinculados al Movimiento Opositores por una Nueva República (MONR) y al Movimiento Democracia. Según una denuncia pública difundida por el activista José Díaz Silva, la pareja fue interceptada la noche del martes 8 de septiembre por hombres que circulaban en un automóvil negro.

Los dos fueron obligados a subir al vehículo, donde los registraron y les quitaron el celular de Liquí Rodríguez. Luego los trasladaron contra su voluntad a una zona apartada de Casablanca, en el este de La Habana, de acuerdo con el relato recogido por Diario de las Américas.

En ese lugar, los hombres habrían obligado a Liquí Rodríguez y Barceló Prohías a quitarse toda la ropa. La denuncia sostiene que ambos fueron fotografiados o grabados desnudos y que recibieron advertencias para que dejaran sus actividades opositoras.

“Los fotografiaron y/o grabaron desnudos y los amenazaron para que abandonaran sus actividades opositoras”, indicó Díaz Silva en una publicación compartida en redes sociales.

Tras el procedimiento, la pareja fue abandonada de noche en el lugar, mientras los responsables se retiraron con el teléfono del activista. El MONR reclamó conocer la identidad de quienes participaron del operativo, el destino de las imágenes y el uso que podría darse a la información privada almacenada en el dispositivo.

Liquí Rodríguez, de 32 años, ya había denunciado detenciones y amenazas por su militancia. En octubre de 2025, el Instituto Cubano de Libertad de Expresión y Prensa (ICLEP) informó que fue detenido de forma violenta en su vivienda de Marianao, después de colocar carteles contra el régimen. También cumplió tres años de prisión tras una condena vinculada con delitos relacionados con la Seguridad del Estado.

Otro expreso político relató un operativo con desnudez forzada y disparos sin balas

La organización Justicia 11J señaló que el hecho contra Liquí Rodríguez y Barceló Prohías no sería aislado. Días antes, el opositor José Díaz Silva había denunciado que el expreso político Mario Alberto Hernández Leyva sufrió un procedimiento similar, en el que habría sido obligado a desnudarse y fotografiado.

A esos señalamientos se sumó el testimonio de Alcides Díaz Rodríguez, un preso político de las protestas del 11 de julio de 2021 que afirmó haber cumplido una sanción de cinco años y ocho meses. En un video compartido por Martí Noticias, sostuvo que agentes lo citaron en una unidad policial de La Habana y le exigieron firmar un documento en el que se comprometía a no realizar denuncias.

Díaz Rodríguez aseguró que, tras negarse, fue esposado y llevado a un monte junto con la activista Roselía González Agüero. Según su versión, ambos fueron golpeados, obligados a quitarse la ropa y colocados sobre un madero mientras los agentes les apuntaban con armas y efectuaban disparos sin municiones.

“Me obligaron a quitarme la ropa”, relató. “Nos apuntaban con la pistola, tiraban los tiros sin balas. Eso es una tortura”, agregó el opositor, quien afirmó que después fue trasladado entre varias dependencias policiales antes de ser liberado en una zona de La Habana cuya ubicación no pudo identificar.

Organizaciones opositoras reclaman una investigación sobre las imágenes obtenidas

Justicia 11J calificó las denuncias como hechos de “extrema gravedad” y advirtió que la desnudez forzada, la captación de imágenes íntimas sin consentimiento y la humillación pueden constituir mecanismos de coerción contra personas identificadas con actividades políticas opositoras.

El MONR sostuvo que la utilización de la desnudez como instrumento de intimidación representa una vulneración de la dignidad de las víctimas. La organización exigió una investigación para determinar quiénes ejecutaron los operativos, quién ordenó los procedimientos y dónde se encuentran las fotografías o grabaciones.

La organización de asesoría legal Cubalex había informado que documentó 280 eventos represivos y 543 incidentes de hostigamiento contra al menos 187 víctimas durante agosto, en un contexto de denuncias sobre detenciones arbitrarias, vigilancia, amenazas y traslados de opositores a lugares alejados de sus viviendas.