
La defensora de los Habitantes de Costa Rica, Angie Cruickshank, anunció que no renunciará a su cargo, pese a una moción aprobada por 29 diputados que solicita su salida inmediata tras la polémica generada por una inspección realizada al Centro de Alta Contención contra el Crimen Organizado (CACCO).
Durante una declaración pública, la jerarca rechazó los cuestionamientos de los legisladores y defendió la legalidad de la visita efectuada el 13 de noviembre de 2026, asegurando que sus actuaciones responden a las competencias institucionales de protección y fiscalización de los derechos humanos.
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Según explicó, la Asamblea Legislativa le notificó una moción en la que se solicita su renuncia y se advierte que, de no presentarla, podría abrirse un procedimiento de investigación para determinar si corresponde su destitución.
“Es mi intención y mi deber completar el periodo de cuatro años para el que fui designada”, afirmó Cruickshank.
La funcionaria también aseguró que abandonar el cargo significaría aceptar una falta que, según su posición, nunca cometió.
“No presentaré mi renuncia al cargo de defensora de los habitantes”, manifestó.
¿Por qué los diputados piden su renuncia?
La controversia se originó después de que Cruickshank visitara el CACCO, una prisión destinada a personas privadas de libertad vinculadas con estructuras criminales.
De acuerdo con la moción descrita por la jerarca, los diputados cuestionaron las prioridades institucionales de la Defensoría, particularmente su intervención para verificar las condiciones de reclusión.
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También le atribuyeron haber mantenido un comportamiento altanero e irrespetuoso hacia funcionarios administrativos y policiales durante la inspección.
Cruickshank rechazó ambas acusaciones y sostuvo que la vigilancia sobre las condiciones penitenciarias constituye una responsabilidad legal.
“La defensa de los derechos humanos no admite categorías de personas cuyos derechos puedan desconocerse o relativizarse”, afirmó.
Agregó que atender los derechos de las víctimas de la criminalidad y supervisar las condiciones de las personas privadas de libertad no son tareas incompatibles.

Denuncia obstáculos por parte de funcionarios penitenciarios
La defensora también presentó su versión sobre los incidentes ocurridos durante la inspección.
Según explicó, algunos funcionarios bajo la responsabilidad del Ministerio de Justicia y Paz habrían mantenido comportamientos irrespetuosos y obstaculizado la labor institucional.
La jerarca afirmó que los obstáculos fueron incluso físicos e impidieron el ejercicio pleno de las competencias de fiscalización.
“En ningún momento me conduje de una manera altanera, irrespetuosa o contraria a las normas de convivencia”, aseguró.
Cruickshank reconoció que respondió con firmeza ante los incidentes, pero sostuvo que su actuación buscó detener las faltas de respeto que atribuyó al personal penitenciario.
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Además, señaló que los hechos fueron comunicados formalmente al ministro de Justicia.
Inspección formaba parte de una investigación iniciada en 2025
Cruickshank explicó que la visita al CACCO no fue una decisión improvisada, sino parte de una investigación institucional iniciada en mayo de 2025, relacionada con el proyecto de construcción de una cárcel de máxima seguridad.
Según indicó, la Defensoría buscaba evaluar aspectos de infraestructura, seguridad, funcionamiento y condiciones de reclusión.
También recordó que el artículo 12 de la Ley de la Defensoría de los Habitantes faculta a sus representantes para inspeccionar oficinas públicas sin aviso previo.
La jerarca aseguró que la institución ha realizado más de 210 visitas de inspección a centros educativos, hospitales, albergues, instituciones públicas y otros establecimientos.

Defensora insiste en completar su mandato
Al finalizar su intervención, Cruickshank defendió la independencia de la Defensoría y pidió evitar enfrentamientos entre instituciones.
La jerarca sostuvo que continuará ejerciendo sus funciones, aunque estas generen cuestionamientos de otros poderes del Estado.
“Renunciar a mi cargo, como propone la moción, equivaldría a reconocer un incumplimiento en mis deberes legales en el cual nunca incurrí”, aseguró.
La controversia queda ahora en manos de la Asamblea Legislativa, que deberá determinar si procede con la investigación anunciada y bajo cuáles condiciones.
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