La presidenta de Costa Rica, Laura Fernández Delgado, defendió las restricciones que condicionan el uso de aproximadamente ₡30,000 millones (USD 67 millones) del presupuesto del Poder Judicial para 2027 y descartó presentar una propuesta para eliminarlas durante su próximo encuentro con las autoridades de los supremos poderes, al considerar que la administración de los fondos públicos no puede depender de acuerdos de buena voluntad.
“La plata del pueblo de Costa Rica no es una cosa de buena fe, de buena voluntad, y viera que yo no soy la presidenta del cambalache ni del truquito ni de la cosita”, manifestó Fernández.
PUBLICIDAD
Sus declaraciones representan un cambio respecto a la posición expresada el 9 de noviembre, cuando, tras reunirse con la presidenta del Poder Judicial, Patricia Vargas González, había anunciado su disposición a revisar las normas presupuestarias mediante una mesa técnica.
¿Por qué están en disputa los ₡30.000 millones?
La controversia gira alrededor de cuatro normas de ejecución presupuestaria incorporadas al proyecto de Presupuesto Nacional de 2027, que establecen requisitos adicionales para utilizar determinados recursos del Poder Judicial.
Según el informe de la Contraloría General de la República (CGR), una de estas disposiciones condicionaría la ejecución de ₡29,844 millones, equivalentes al 5,6% del presupuesto judicial proyectado, que asciende a ₡530.973 millones.
PUBLICIDAD
Las restricciones afectarían 313 de los 543 renglones presupuestarios de la institución, cuyos recursos quedarían sujetos al cumplimiento de determinadas condiciones.
Fernández defendió la medida al señalar que la Contraloría había identificado problemas en los informes de liquidación presupuestaria correspondientes a 2024 y 2025.
“El Gobierno no le está prohibiendo acceder a los fondos. El Gobierno no le está cercenando los fondos al Poder Judicial”, aseguró.
La mandataria argumentó que las disposiciones buscan exigir información financiera auditada y garantizar un uso eficiente de los recursos.

Contraloría también cuestionó las restricciones
Aunque Fernández justificó los controles mediante observaciones del órgano contralor, la propia Contraloría General de la República advirtió que varias de las normas propuestas presentan problemas de constitucionalidad y podrían dificultar la administración presupuestaria.
PUBLICIDAD
En su análisis, la institución señaló que algunas disposiciones le asignarían competencias que no le corresponden y condicionarían de manera improcedente el uso de fondos públicos.
Por su parte, el Poder Judicial sostiene que las restricciones podrían comprometer la continuidad de servicios judiciales y limitar la cobertura de plazas necesarias para su funcionamiento.
La presidenta de la Corte, Patricia Vargas, había aclarado que la institución no solicita recursos adicionales, sino disponer oportunamente de los fondos ya asignados.
“Sí necesitamos colaboración para que se nos suelten las amarras”, expresó Vargas después de su reunión con Fernández.
Fernández prefiere esperar resolución de la Sala IV
Otro de los puntos que generó controversia fue la decisión presidencial de suspender la reunión técnica que anteriormente había ofrecido para analizar las normas.
Fernández explicó que, debido a las gestiones judiciales presentadas contra las disposiciones presupuestarias, considera conveniente esperar la resolución de la Sala Constitucional.
“Le dije que mejor no hiciéramos la reunión para no perder el tiempo y que esperemos a que la Sala resuelva”, afirmó.
La Sala Constitucional ordenó suspender el avance del proyecto de Presupuesto Nacional de 2027 mientras analiza los cuestionamientos planteados sobre su contenido.
La discusión incluye tanto las restricciones impuestas al Poder Judicial como otras consultas relacionadas con el financiamiento de las universidades públicas.

Reunión entre supremos poderes sigue programada
Pese a las diferencias presupuestarias, Fernández confirmó su participación en el encuentro programado para el viernes 20 de noviembre, junto con Patricia Vargas, la presidenta de la Asamblea Legislativa, Yara Jiménez, y la presidenta del Tribunal Supremo de Elecciones, Eugenia Zamora.
PUBLICIDAD
La reunión buscará fortalecer la coordinación institucional y abordar desafíos nacionales, particularmente los relacionados con la seguridad y la lucha contra el crimen organizado.
Sin embargo, la presidenta dejó claro que no contempla llevar una propuesta para eliminar las restricciones presupuestarias como gesto de acercamiento.
La controversia permanecerá abierta mientras la Sala Constitucional analiza la legalidad de las disposiciones y determina si pueden mantenerse dentro del presupuesto de 2027.
El resultado será relevante para definir las condiciones bajo las cuales el Poder Judicial podrá ejecutar los recursos asignados para el próximo año
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD
Últimas Noticias
Muere primer recluso del CACCO en Costa Rica tras brutal golpiza: tres privados de libertad son investigados por el ataque
El privado de libertad, de 36 años, falleció en el Hospital México después de sufrir fracturas en el cráneo y una hemorragia intracraneal. Uno de los sospechosos está vinculado al asesinato de un subjefe del OIJ

El sol no es suficiente: estudio revela que el 77% de adultos evaluados en Costa Rica tenía niveles bajos de vitamina D
Una investigación con 604 pacientes de la CCSS y otro estudio realizado en menores de edad revelan deficiencias de este nutriente esencial para la salud ósea. Especialistas advierten sobre los riesgos de fracturas, debilidad muscular y automedicación.

Compras a cuotas sin intereses aumentan un 23% en Costa Rica: consumidores financian desde supermercados hasta viajes
El monto promedio de las transacciones alcanzó los 597 dólares durante 2026, según datos de DAVIbank. Especialistas financieros advierten que esta modalidad requiere planificación para evitar comprometer el presupuesto familiar.

Porcicultores de Costa Rica denuncian falta de créditos y competencia desigual frente a la carne importada
Representantes del sector advirtieron ante diputados que las dificultades para obtener financiamiento, los elevados costos de producción y la falta de controles sobre el etiquetado ponen en riesgo a pequeños y medianos productores nacionales.

Reino Unido ofrece cooperación a Costa Rica para combatir el dengue, la malaria y el tráfico de medicamentos falsificados
El Gobierno británico manifestó su disposición de apoyar al país en el control de enfermedades transmitidas por mosquitos, ante los posibles efectos del fenómeno de El Niño. También se analiza cooperación para fortalecer la evaluación de medicamentos y tecnologías médicas.


